La vía constitucional chilena

El avance de la agenda reformista del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet intentó ser recogido en su tercera cuenta pública a la nación bajo la idea de "obra gruesa" a la que sólo le faltarían las terminaciones. Realizada cada 21 de mayo la mandataria, que acumula un año de aprobación bajo 30%, por contraste con el 60% con el que fuera electa, la ilustró con algunas de las iniciativas ya aprobadas: reforma tributaria, expansión de la cobertura preescolar e inicio de la gratuidad e inclusión en educación, carrera docente, fin del binominal y nuevas reglas del juego para la política, por citar algunas.

También se refirió a la partida del proceso constituyente la que, sin duda, es la reforma más política de todas. Marcará lo que resta de su administración la que deberá enfrentar, además, las elecciones municipales en octubre próximo. Hay conciencia de las tensiones que ello genera. Chile no sólo es el único país de América Latina que mantiene una constitución establecida en dictadura la que, a pesar de haber sido reformada más de doscientas veces, conserva rasgos de una democracia protegida, a lo Hayek. Históricamente, nunca ha tenido la oportunidad de elaborar una que emane directamente de la voluntad popular.

En el actual contexto, un sector significativo viene arremetiendo con la idea de una asamblea constituyente que, en ciertos ámbitos, por asociarse con las experiencias bolivarianas, eriza los pelos hasta a más de un calvo. Bachelet ha optado por una fórmula híbrida, adjetivada como "participativa, democrática e institucional". Aunque expertos en la materia señalan que se encontraría al margen del ordenamiento jurídico, el nivel de descrédito del Congreso le impide la exclusividad en su elaboración.

Es por ello que se ha incorporado una fase participativa, que es la que el país se encuentra transitando. Combina una etapa de educación cívica, con consultas individuales vía web, encuentros locales auto convocados así como cabildos regionales y provinciales. Los miembros de pueblos indígenas participarán en cabildos propios y nacionales.

Con la expectativa de brindar garantías, así como de una asepsia tardía que lo ha indispuesto hasta con sus propios partidos que se sienten marginados, La Moneda convocó a un conjunto de personeros en un llamado Consejo Ciudadano de Observadores. Tempranamente criticado por una representatividad dudosa y donde lo más grosero en la presencia de dos mujeres entre sus dieciséis miembros, ha ido encontrando su lugar bajo el sol, eso sí, en un tira y afloja permanente con el gobierno.

En algunos sectores cunde un razonable escepticismo porque, si bien de acuerdo a los datos del Informe de Desarrollo Humano 2015 del PNUD, un 67% de los chilenos quiere cambios profundos en la constitución y a un 72% dicho cambio le parece bastante o muy importante, el escaso impacto de la etapa de educación cívica precedente y el hecho de que sus resultados no sean vinculantes levanta el fantasma de una magra participación.

Desde la oposición, liderada por el ex presidente Piñera, no se logra concertar una posición unánime frente al proceso, síntoma más de su postración. Se lo acusa de falta de garantías mínimas por lo que entrar al proceso supondría legitimarlo. Ello contrasta con la posición constructiva adoptada por otro ex presidente, Ricardo Lagos. Un año atrás impulsó un proyecto denominado #tuconstitución, consistente en una experiencia de democracia deliberativa a través de una plataforma digital. El documento, denominado Informe Ciudadano, con nueve mil ideas individuales registradas en ocho áreas de análisis, fue entregado como un insumo más para el proceso, sumándose a las escasas experiencias que hay en el mundo de debate constitucional a través del uso de las tecnologías de la información.

Se espera que, como producto de la fase en curso, surja un documento de bases ciudadanas que apoyará la elaboración del proyecto de reforma constitucional que se enviará, a fines del 2016, al Congreso. Este debe aprobarla por dos tercios para así establecer los mecanismos con los que será posible dictar una nueva carta fundamental. Será el próximo hemiciclo, entonces, el que tendrá la llave, ahora supuestamente más legitimado por haber sido electo bajo un sistema proporcional.

¿Se podrá arribar a una carta magna que, como señala Patricio Zapata, presidente del Consejo Ciudadano de Observadores, sea vista como una casa común que albergue a todos los que piensan distinto? Dado que el gobierno le ha dado el tratamiento de una reforma al uso cuando de lo que se trata es de ponerse de acuerdo acerca de unas reglas del juego que hoy se encuentran impugnadas, una inevitable lógica partisana y de trinchera, así como de sospecha de movilización de los propios adherentes, ha terminado por impregnarlo. Sin embargo, el genio ya salió de la botella y Chile terminará dotándose a sí mismo, más temprano que tarde, de su propia constitución.

María de los Angeles Fernández-Ramil es académica de la Universidad de Talca y presidenta de @Hay_Mujeres