Una fiscalía en México pierde el cadáver de un joven y demanda a su madre

Comparado con otros estados mexicanos, Morelos no es demasiado grande. Tampoco cuenta muchos habitantes, apenas dos millones y no es el más violento, ni el más inseguro. Aunque tampoco es el más tranquilo. En enero, unos sicarios acribillaron a la alcaldesa de Temixco, un pueblo cercano a la capital, Cuernavaca. Días más tarde, una niña de 10 años moría en una balacera. En ese mes, la entidad registró 45 homicidios, el doble que en enero de 2015.

Tampoco es tranquilo porque a veces pasan cosas raras. En febrero, por ejemplo, la fiscalía rescató a 61 menores de un albergue que funcionaba en un bosque. Según las autoridades, el albergue no reunía las condiciones. Entre rescates y fugas, doce niños se perdieron. El gobierno del estado, comandado por el izquierdista Graco Ramírez, argumenta que quizá no existen: el albergue inflaba supuestamente sus cifras por las subvenciones.

Otra de las cosas raras que han pasado atañe a un cadáver que se había perdido; o, más bien, atañe a sus familiares. Oliver Wenceslao Hernández murió asesinado en mayo de 2013 en el pueblo de Cuautla. Cuatro sujetos lo secuestraron y la policía encontró su cuerpo una semana más tarde en una cuneta. Hasta ahí, normal. La fiscalía se hizo cargo del cadáver y le pidió a la mamá de Oliver, María Concepción Hernández, que por favor no se llevara todavía el cuerpo, pues había algunas pruebas que querían realizar, peritajes que quizá les conduciría a los asesinos. La señora accedió.

Un año y medio más tarde, después de preguntar en multitud de ocasiones si ya se podían llevar el cuerpo de Oliver, funcionarios de la fiscalía le dijeron a su mamá que lo habían enterrado en una fosa común. Por algún motivo, le explicaron, lo habían etiquetado como desconocido y lo habían echado en una fosa con otros cadáveres. En México, cuando pasan varios meses y nadie reclama un cadáver, los peritos toman muestras de su ADN y dan permiso para su entierro en fosas comunes. En el caso de Oliver, decía su mamá el pasado mes de noviembre, no había motivo para que lo dieran por desconocido.

En estos meses, el caso se hizo más grande porque trascendió que en la fosa de Oliver habían enterrado al menos otros 117 cuerpos. La fiscalía decía que eran desconocidos, delincuentes, indigentes. Asociaciones de familiares de desaparecidos de todo el país se acercaron al caso. Dudaban de la fiscalía: si habían enterrado el cuerpo de un muchacho perfectamente reconocido, ¿no podrían haberse equivocado en los demás?

Hace unas semanas, ante la presión de las asociaciones de familiares de desaparecidos, el Gobierno de Morelos aceptó exhumar los cadáveres de la fosa. Y esta misma semana, trascendía que la fiscalía del estado había demandado a la mamá de Oliver por ultraje a la autoridad, sabotaje y quebrantamiento de sellos. Es decir, que la mamá de Oliver, por acudir al predio de las fosas donde la fiscalía había enterrado a su hijo, por pasar el sello de la fiscalía, habría cometido un delito. La mamá de Oliver, una mujer menuda, de semblante triste y nervioso, que lo único que quería era una explicación, recibió una demanda de aquellos que habían confundido a su hijo con el cadáver de cualquiera.

David Marroquín, representante legal de María Concepción, explica: “No hubo alteración del lugar. La evidencia –los cadáveres- se encuentra bajo tierra, y no puede haber alteración. Es una treta del gobernador para tratar de amedrentar a la gente. Pero eso les ha provocado más. Ahora al ver que no les convenía la desestimaron”.

Hoy mismo, el fiscal del estado, Javier Pérez Dubón ha anunciado que la demanda no procederá. “Estoy muy apenado con las familias de las víctimas, con la madre de Oliver, esto no es una persecución”.

Tras el extraño espectáculo burocrático en Morelos, Marroquín explica que la demanda que interpusieron contra la fiscalía del estado por ejercicio indebido, incumplimiento de funciones y violación de las leyes sobre inhumación y exhumación de cadáveres sigue adelante. De momento hay un detenido, el coordinador de servicios periciales de la zona oriente del estado. Marroquín explica que su jefa, la directora de servicios periciales del estado, Ana Lilia Guerrero, está libre. Y critica a la fiscalía porque en todo este tiempo no ha ordenado su aprehensión, pese a las acusaciones en su contra.

La semana que viene, el gobierno del estado iniciará la exhumación de las fosas de Cuautla. La semana que viene, familiares de desaparecidos de todo el país sabrán si el caso de Oliver fue o no una excepción.