La justicia argentina busca dinero negro en el entorno kirchnerista

En forma simultánea y con un gran despliegue policial, el juez Sebastián Casanello lideró ayer allanamientos en unas 50 propiedades del empresario kirchnerista Lázaro Báez, detenido desde hace tres semanas en Buenos Aires en una causa por presunto lavado de dinero. Los operativos se realizaron en las 25 estancias, con un total de 400.000 hectáreas de tierra, y las sedes de las empresas que Báez tiene en la provincia patagónica de Santa Cruz, desde donde ha forjado una ascendente carrera como constructor. El objetivo de los allanamientos ha sido “el recupero de activos” de la ruta del dinero K, como se llama a la causa que investiga el destino de millones de dólares que el empresario reunió como responsable de la obra pública santacruceña. Casanello quiso recuperar dinero, joyas, autos de lujo y cualquier bien suntuario del empresario, en parte para confirmar o desmentir los dichos de un testigo protegido que aportó detalles de los “escondites” donde se ocultan.

Báez está acusado de amasar una gran fortuna a la sombra del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), a quien conoció cuando éste era alcalde de Río Gallegos (3.000 km al sur de Buenos Aires). El hoy empresario era por entonces un humilde cajero de banco, que pronto se hizo multimillonario como constructor. La llegada de Kirchner a la gobernación de Santa Cruz primero y a la presidencia años más tarde abrió a Báez la puerta grande del poder. Con la llegada a la presidencia de Mauricio Macri, en diciembre de 2015, las causas judiciales que Báez enfrentó durante la anterior gestión se han acelerado. Hace tres semanas Casanello lo detuvo en Buenos Aires. Y ahora, el mismo juez va por su fortuna.

La existencia de millones de dólares en bóvedas ocultas en las remotas propiedades patagónicas de Báez alimentó la mitología popular durante el kirchnerismo. Casanello quiere saber ahora si esos rumores tienen algún asidero. Se basó para ello en la declaración judicial del testigo Leonardo Fariña, ex empleado de Báez. Fariña ya había denunciado hace 3 años, en un programa de televisión, unas supuestas bóvedas rebosantes de dólares en una casa de Báez. La Justicia no avanzó en esa ruta, pero sí los medios, que mostraron al empresario exhibiendo una lujosa bodega donde debía haber dinero escondido. Luego la diputada Elisa Carrió, aliada del macrismo, pidió que el juez avanzara sobre las propiedades del empresario, al entender que se habían comprado para blanquear dinero ilegal.

Casanello se ha limitado, por ahora, a investigar si Báez ha lavado dinero producto su cercanía con el kirchnerismo. La causa, sin embargo, también podría alcanzar a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, imputada en la causa tras declaraciones del testigo Fariña que la vincularon con los negocios del empresario. Fernández ha denunciado una campaña de hostigamiento judicial contra ella y su entorno, aunque lo peor parece que aún no ha llegado. Ayer, la Justicia confirmó el procesamiento de último jefe de ministros del kircherismo, Aníbal Fernández, y el exministro de Salud, Daniel Gollán, por el presunto pago de sobreprecios en el Programa Qunita, un plan de ayuda social que proveía de productos básicos a 140.000 bebés nacidos en familias de bajos recursos.

Aníbal Fernández fue una figura emblemática del kirchrerismo, la cara visible ante los medios de comunicación durante la última etapa del gobierno de Cristina. La confianza que le prodigaba la expresidenta le mereció la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones, cuando perdió ante María Eugenia Vidal, la elegida de Macri.