Argentina paga los 9.300 millones de dólares que debía a los fondos buitre
El gobierno de Macri pone fin a 14 años de disputas judiciales con sus acreedores
![Federico Rivas Molina](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F2fd20fad-1ed8-47a7-a684-59526d1682f4.png?auth=bad56099dc8f7a8f1e6de70f87d38f67107663f0a4322eee650c83322d0a3afd&width=100&height=100&smart=true)
![El ministro de Economía de Argentina, Alfonso Prat-Gay, durante un discurso en Washington, el 14 de abril pasado](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/JDKJG4UVTN5A3S76PZKCQKRQMA.jpg?auth=7b66f1d493de02ad202c8a37dee116a564f49d29c70cf66e0c4eb531868cff43&width=414)
Argentina ya no está en suspensión parcial de pagos. Este viernes, el Gobierno de Mauricio Macri envió 9.300 millones de dólares a las cuentas bancarias de los fondos buitres,como se llamó al 7% de los acreedores que rechazaron la reestructuración negociada en 2004 y 2010, que llevaron su reclamo a los tribunales de Nueva York. "El pago a los holdouts es parte de la normalidad. Esto es el final de un camino muy largo y de un recorrido que no debería haber existido", dijo el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, al anunciar la cancelación de la deuda.
Con este pago el país sudamericano deja de ser un paria en los mercados de capitales. Muestra de ello ha sido la recepción de los bonos emitidos para saldar las deudas: el Gobierno recaudó 16.500 millones de dólares a una tasa promedio de 7,2, una cifra más baja de lo esperado pero todavía alta para el promedio del entorno regional. Unos 2.500 millones del excedente se usarán para cumplir con los bonistas “reestructurados” que no cobran desde 2014 por decisión del juez Thomas Griesa, quién priorizó el pago a los fondos buitres. El resto engrosará las reservas del Banco Central (BCRA) y “se utilizará para financiar el déficit” de las cuentas públicas, según el subsecretario de Financiamiento, Santiago Bausili.
El presidente Macri puso como prioridad de su gestión el fin del conflicto con los holdouts después de que su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), se negara a acatar una orden de pago emitida hace dos años por Griesa. El kirchnerismo asumió la negativa como una cuestión de “soberanía nacional” y Griesa declaró a Argentina en desacato. Sin acceso al crédito internacional la solución fue la financiación interna, una estrategia que se agotó cuando se redujo el ingreso de dólares por exportaciones, producto de la caída de los precios de las materias primas.
Tras el acuerdo, Argentina ha visto cómo sus bonos, considerados basura hasta hace poco, recuperaban su capacidad de seducción con los inversores. El Ministerio de Economía pudo colocar sin problemas cuatro bonos a 3,5, 10 y 30 años con tasas que oscilaron entre 6,25% para el plazo más corto y 7,62 para el más largo. El bono a 3 años fue una petición expresa de los inversores que decidieron arriesgar su dinero (el título recaudó 2.750 millones de dólares) sólo durante el plazo que Macri esté en el poder. “La reclasificación de la Argentina como mercado emergente habilitará el ingreso al país de fondos de inversión que se estima podrían alcanzar, en el corto plazo, los 2.000 millones de dólares. La oferta de fondos que tuvo el Gobierno es una muestra de confianza sobre el futuro del país”, explicó Mariano Sánchez, de la consultora KPMG Argentina.
El Gobierno ha anunciado que cerrará el año con un déficit fiscal del 4,8% del Producto Bruto Interno (PIB) y que el dinero obtenido le permitirá cumplir con ese objetivo sin nuevas colocaciones. El exceso de dólares ha puesto al equipo económico, liderado por el ministro Prat –Gay, ante la disyuntiva de tener que sostener el precio de la moneda con compras desde el BCRA. La divisa se encuentra hoy en torno a los 15 pesos, un valor competitivo para las exportaciones. Como primera medida contra una eventual sobreoferta de dólares, Economía decidió liberar el acceso al mercado de cambios de las empresas que deban cancelar pagos de importaciones, limitado por la política de control de cambios impuesta por el kirchnerismo. La paradoja es que la lucha de la Casa Rosada es también contra la inflación (con un índice interanual que ya supera el 30%), y apenas puede darse el lujo de permitir una nuevas subidas de la cotización.
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