El grupo de expertos da por rota su confianza en el Gobierno en el caso Ayotzinapa

Los puentes se han roto. El caso Ayotzinapa, una vez más, ha mostrado su inmenso poder destructivo. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que durante los últimos meses colaboró en las investigaciones, ha dado por quebrada su confianza en la Procuraduría General de la República y ha anunciado que no seguirá con “un proceso que no se ajusta a los acuerdos tomados, a los estándares internacionales y que sólo contribuirá a la confusión y el descrédito”.

El origen del desencuentro radica en la difusión de la investigación sobre el incendio en el basurero de Cocula, donde, según la versión oficial, mataron y prendieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un representante de la comisión de peritos encargada de determinar si hubo tal hoguera sostuvo el viernes pasado que habían concluido que en el lugar sí que se registró “un evento de fuego controlado de grandes dimensiones”, donde al menos 17 adultos fueron quemados” y que existía la posibilidad de que los 43 estudiantes ardieran ahí.

Este resultado, del que no se ha hecho público el estudio que lo sustenta, supone un espaldarazo a las tesis de la Procuraduría. Un relato que sostiene que la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, los estudiantes, fueron entregados por la Policía Municipal de Iguala a los sicarios de Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron en el vertedero.

Desde el principio, hemos señalado que el reporte debe tener razonamientos y evaluaciones científicas, análisis de la dinámica de fuego, y no valoraciones genéricas

El GIEI, que en su último informe negó la posibilidad de tal hoguera y se alineó con las familias de las víctimas, mostró su rechazo a la forma “unilateral” en que se hicieron públicos los avances de la comisión (formada por seis especialistas internacionales elegidos por la PGR y el GIEI). Para ellos, se han presentado como definitivos aspectos preliminares que requieren ulteriores estudios y que además “no recogen las respuestas que se pidieron a los peritos”.

“Desde el principio, hemos señalado que el reporte debe tener razonamientos y evaluaciones científicas, análisis de la dinámica de fuego, y no valoraciones genéricas. Y que sin conocer dicho contenido no puede darse comunicación pública alguna que aumente la confusión”, indicaron en conferencia de prensa los cinco integrantes del GIEI. “La difusión pública de un documento provisional que no responde a las cuestiones centrales es una irresponsabilidad en un tema que toca tanto los derechos de las víctimas como los criterios de investigación científica. La utilización política de esta cuestión muestra una enorme irresponsabilidad y muy poca sensibilidad por el derecho a la verdad de los familiares, de México y del mundo entero, para el que el caso Ayotzinapa se ha convertido en una referencia”, añadieron.

Con evidente enfado, el grupo, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), clamó contra la manipulación política del caso y anunció que centrará el mes que le queda de trabajo en México en elaborar un informe final que sea una “contribución efectiva para los familiares y para México, no una herramienta de polarización”.

La Procuraduría respondió anoche con un comunicado en el que recordaba la textualidad de las conclusiones de los expertos en fuego y recordaba que el caso Ayotzinapa sigue abierto.