Los 14 años de la batalla entre Argentina y los ‘fondos buitre’

El acuerdo entre Argentina y los ‘fondos buitre’ que se anunció este lunes pone fin a una batalla judicial que comenzó hace 14 años con la mayor suspensión de pagos de la historia de un país. El pacto sienta un precedente para las reestructuraciones de deuda de otros países.

La historia del conflicto del pasivo argentino comienza en los años 90. El endeudamiento de la tercera economía latinoamericana creció sobre todo en los Gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001) y por eso cayó en impago en diciembre de 2001, en una de las peores crisis políticas, económicas y sociales de la historia de este país. La suspensión de pagos fue declarada por un presidente interino que apenas duró una semana, Adolfo Rodríguez Saa. Eduardo Duhalde lo sucedió en el poder en 2002.

La deuda argentina con acreedores privados ascendía a 82.000 millones de dólares. Varios de ellos comenzaron a demandar a Buenos Aires en 2002 ante los tribunales de los países en los que Argentina había emitido esos títulos públicos, desde su propio territorio hasta EE UU, Alemania, Italia, Francia o Bélgica. Desde 2001 en adelante los ‘fondos buitre’, como NML, Dart y Aurelius, empezaron a comprar los depreciados bonos argentinos con el único objetivo de demandar después en los tribunales por el 100% de su valor original. Es decir, estos fondos por definición siempre rechazan las reestructuraciones de deuda y tarde o temprano acaban cobrando lo reclamado, como ya sucedió con Perú, Congo, Panamá, Grecia, Polonia, Ecuador, Costa de Marfil, Paraguay o Brasil. Pero también demandaron entonces a Argentina aquellos acreedores que habían invertido en bonos de este país en los años o meses anteriores al impago, sin la intención original de litigar.

Duhalde era un presidente interino y dejó el asunto de la negociación de la deuda en manos de quien fue elegido por las urnas en 2003, Néstor Kirchner. El nuevo jefe de Estado propuso de inmediato una quita del 75% del capital original de la deuda. Alegaba que era la única manera que tenía su país de volver a crecer y a cumplir con sus obligaciones. Dos años más tarde, se abrió el canje de deuda. Para entonces, la oferta argentina suponía una poda real del 66%, según calculaban entonces los inversores. La inmensa mayoría aceptó canjear el 76,1% de las acreencias porque prefería cobrar algo que seguir litigando. Los tenedores del restante 23,9% continuaron con sus demandas.

En 2010, la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, reabrió el canje de deuda. Como los nuevos títulos públicos de este país se habían apreciado después de varios años de alto crecimiento económico, la quita real implicaba ya no el 66% sino el 50%, según los analistas. Así fue que la aceptación de la oferta se elevó del 76,1% de 2005 al 92,4%. El restante 7,6% mantuvo su rechazo y es el grupo de acreedores que hasta ahora sostienen el juicio contra Argentina por unos 20.000 millones de dólares entre el capital, los intereses vencidos y las multas por impago.

Ese 7,6% de la deuda que no se canjeó en 2005 y 2010 está nominada en dólares en un 60%, la mayoría con juridiscción en EE UU. Los ‘fondos buitre’ tienen alrededor del 25% de ese pasivo en litigio y son los que encabezan las demandas. El 36% de los bonos impagos se nomina en euros. La mayoría de ellos está atomizado en manos de 60.000 inversores italianos que no consiguieron fallos favorables en su país y recurrieron por eso en 2013 al Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral del Banco Mundial. El 2% de la deuda en litigio está en pesos y en tribunales argentinos.

En febrero de 2012, los ‘fondos buitre’ consiguieron un fallo clave del juez de Nueva York Thomas Griesa en favor de sus intereses. El funcionario norteamericano determinó que Argentina no podría seguir pagando la deuda reestructurada mientras siguiera sin abonar al 7,6% que mantenía en sus manos el pasivo impago. Esa sentencia fue apelada ante un tribunal superior de Nueva York, que ratificó el fallo de Griesa en octubre de 2012 pese a que el Gobierno de Barack Obama se había presentado en la causa para advertir de que esa decisión judicial podría entorpecer futuras reestructuraciones de deuda de otros países. Argentina recurrió entonces al Tribunal Supremo de EE UU.

Mientras tanto, el fondo NML consiguió que un juez de Ghana embargara también en octubre de 2012 el buque escuela de la Armada de Argentina, la fragata Libertad, que se encontraba en ese país en su habitual vuelta al mundo con los nuevos graduados de la carrera militar. Dos meses después, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar ordenó a Ghana la liberación de la fragata y así se hizo. Los demandantes contra Argentina, y no solo los ‘buitres’, han intentado más de 900 embargos de activos del país en el extranjero en estos 14 años, pero la inmunidad soberana impidió congelar embajadas, bienes militares o salarios de diplomáticos. NML logró bloquear fondos de un banco público-privado y de una agencia de promoción científica, pero nunca llegaron a ejecutarse.

En junio 2014, el Tribunal Supremo de EE UU decidió que no intervendría en el caso argentino, con lo que quedó ratificado el fallo de Griesa que bloqueaba el pago de deuda reestructurada. Argentina había perdido para entonces el compromiso del Gobierno de Obama en sus planteos judiciales, después del deterioro de la relación bilateral por diversos conflictos políticos y económicos. El Ejecutivo de Cristina Kirchner se negó a cumplir la sentencia, con lo que entró en suspensión de pagos de su pasivo refinanciado en 2005 y 2010. Su argumento fue que si abonaba lo que pedía los ‘buitres’, el 92,4% que sí había aceptado la quita podía reclamar un trato igual, tal como establecía una cláusula de la deuda refinanciada que vencía el 31 de diciembre de 2014. Kirchner planteó el dilema como “patria o buitres”, mientras el entonces opositor Mauricio Macri recomendaba pagar todo tal cual había fallado el juez Griesa.

En 2015, una vez vencida esa cláusula y en año de elecciones presidenciales, el Gobierno de Kirchner mantuvo su negativa a pagar a los litigantes. En noviembre pasado, el kirchnerismo perdió los comicios frente a Macri. El nuevo presidente argentino asumió el poder en diciembre, sus funcionarios comenzaron los contactos para reanudar la negociación con los acreedores, pero, a diferencia de lo que decía un año antes, ahora planteó la necesidad de una quita.

El pasado día 5 el ministro de Hacienda argentino, Alfonso Prat-Gay, ofreció a los litigantes una poda del 25% de lo reclamado en los tribunales. Su antecesor, el kirchnerista Axel Kicillof, calculó que Néstor Kirchner había ofrecido pagar 35 céntimos de dólar por cada dólar adeudado originalmente, mientras que el juez de Nueva York había ordenado abonar 4 dólares por cada uno. Por tanto, la oferta de Prat-Gay sería de 3 dólares por cada uno. Los inversores de Italia y algunos de EE UU, como el ‘buitre’ Dart, aceptaron la propuesta de inmediato.

El juez Griesa alabó hace dos semanas el cambio de actitud de Argentina tras el nuevo Gobierno y falló a su favor. Determinó que el país sudamericano podrá volver a pagar su deuda reestructurada si abona a los litigantes que acepten su oferta hasta el próximo lunes. Un tribunal superior de Nueva York le dio este miércoles dos semanas más de plazo al bloqueo, pero al final de cuentas los ‘fondos buitre’ se quedaron sin esa medida con la que presionaban a Argentina a negociar. Por eso no es casual que ese mismo día un abogado de NML y Aurelius anunciaran un acuerdo con el Gobierno de Macri, que este lunes se ha confirmado. El ministro de Hacienda de Argentina calcula que su país deberá emitir deuda por 15.000 millones de dólares si todos los demandantes aprueban el canje.