Guajira con ‘Jamushiri’*

Esta semana se cumplieron dos meses de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de los niños, niñas y adolescentes de La Guajira, en el norte de Colombia, departamento fronterizo con Venezuela. Se trata de territorio desértico, con el 30 por ciento de la población indígena de todo el país, de la etnia wayuu. Entre 2008 y 2013 murieron 4.151 niños, 278 por falta de comida, 2.671 por enfermedades no tratadas. Se contabilizan 48 niños en 2014 y 38 en 2015. Este año van 6, según cifras oficiales.

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, acusó de homicidio inaceptable la muerte de menores por hambre en ese departamento. ¿A quién acusaba? No es difícil advertir que al gobierno. El jefe del Ministerio Público utilizó, traficó, con las muertes de esos niños y con el dolor de sus familias para hacer política contra sus opositores, nuevamente. ¿Dónde quedó la misericordia, de esa de la que habla ante el Dios que cree que solo lo escucha a él?

Son múltiples los factores que explican la situación de muchas familias que viven en lo que se conoce como rancherías

No puede ser que además de tener que presenciar lo que el procurador no ha visto y muchos de nosotros sí, y que nos parte el alma sin poder volver a ser los mismos, se atreva a hacer declaraciones de esa manera cuando, en cambio, está llamado a revisar en sus archivos qué hizo para evitar una sola de esas muertes. A quiénes dejó de abrirle investigaciones muchos años antes cuándo esto también ocurría.

Pero el tráfico con esta desgracia no ha sido solo de él. También de los mismos políticos guajiros que ahora salen a rasgarse las vestiduras y a decir que el departamento está quebrado, que no hay dinero. Esos que se la pasan visitando rancherías y recogiendo niños desnutridos para mostrárselos a los medios de comunicación como trofeos de su sensibilidad y compromiso con el pueblo. Esos otros que por años hicieron de la violencia su única forma de existencia y hasta prestaron a sus hijas para complacer el apetito de los paramilitares que acogieron.

Son múltiples los factores que explican la situación de muchas familias que viven en lo que se conoce como rancherías, casas hechas de barro y de trupillo, y que beben del agua con la que lavan la ropa, y se alimentan gracias a la asistencia estatal y la chicha al desayuno, cuentan un representante legal, que es su líder, y por encima en su estructura se apoyan en los Palabreros.

Además de los aspectos ambientales como que no existen fuentes hídricas y no llueve hace más de 3 años en algunos lugares, está el cierre de la frontera con Venezuela por orden del Nicolás Maduro, y donde trabajaban en diversas labores de ordeño, exportación de sal, comercio legal e ilegal centenares de guajiros. Adicional, nadie en Colombia ha logrado abrir los puertos hacia el Caribe, la zona insular, de donde por años se nutrieron de bonanzas estos habitantes. Por donde además entraron los migrantes europeos y especialmente árabes siglos atrás convirtiendo esta región de Colombia en una de las primeras multiculturales, con un comercio de telas, café y un sinnúmero de productos que hoy está en poder de otros.

La Guajira ha sido un departamento históricamente saqueado por sus propios mandatarios. El que más regalías recibía por concepto de la explotación de gas y carbón. Cerca de 1.500 millones de dólares en 25 años. Las estructuras políticas que han gobernado hoy le reclaman al gobierno central atención para sus niños. Esos gobiernos centrales que también han sido por décadas cómplices de la forma como en esas tierras polvorientas y adornadas por el color de los artesanos wayuu, el mar inmenso que bordea las costas, se han turnado el poder para su beneficio.

Han sido las familias Ballesteros Bernier, Pérez Bernier, Cuello Blanchar, Deluque, y entre otros, el hoy preso ex gobernador Juan Francisco " Kiko "Gómez, hasta llegar a la elección el año pasado de la conocida como la princesa negra, Oneida Pinto. Casi todos con un fantasma detrás pero no una leyenda, el hombre Marlboro, el ex senador Samuel Santander Lopezsierra, extraditado en 2003 y condenado a 25 años en 2007 por lavado de activos y narcotráfico.

Tal será la situación de desfalco al erario, que solo en 2014 fue detenido el exalcalde de Maicao, Eurípides Pulido; la ex alcaldesa de Manaure Francisca Freyle terminó por entregarse a la Fiscalía; y la ex alcaldesa de Uribia, Cielo Redondo está prófuga y su hijo hoy es el alcalde de ese pueblo.

Otro problema tiene que ver con las propias comunidades indígenas, cuyas autoridades en muchos casos han hecho unión con los políticos corruptos y aprovechan su autonomía para armar mafias de contratistas y operadores, impidiendo a muchas entidades del Estado realizar su trabajo e incluso creando entidades prestadoras de salud que se llevan la mayor parte de la contratación, mientras los hospitales públicos se quiebran.

Por estos días incluso los carrotanques que reparten agua tenían dificultades para hacerlo. Si nos es con las personas que los indígenas señalan, no dejan prestar el servicio. La situación no es nueva desde el 2014, cuando se declaró la calamidad pública en la Guajira por la sequía, se han repartido 373 millones de litros de agua.

Precisamente hace 25 años, la Carta del 91, reconoció a Colombia como país multicultural con comunidades indígenas y negras, con sus tradiciones y formas de gobierno y economía propias. Se garantizó la creación de sus territorios colectivos, resguardos que hoy son más de 30 millones de hectáreas especialmente en el surccidente del país, con derecho a voz en la toma de decisiones, obligatoriedad de activar el mecanismo de consultas previas si alguna medida del legislativo los afecta e incluso la facultad para gobernar en sus tierras.

En la Guajira, a diferencia del Cauca y Nariño, mucho de esto ha sido pervertido. Los indígenas en el Cauca tienen formas de deliberación y destitución, organización que son ejemplares en las comunidades Awá y Pastos o los Nasa y Guambianos.

Este año, más de 22.000 hogares se beneficiarán de proyectos de seguridad alimentaria. Y aunque el 100% de los niños matriculados en instituciones educativas en La Guajira, que son casi 200 mil, recibieron un complemento alimentario en 2015, es necesario supervisar que los alimentos que llegan los consuma los niños y sobre todo garantizar el presupuesto para su sostenimiento. El ICBF no puede seguir siendo un instituto de caza bandidos, aunque se reconoce el esfuerzo para combatir la corrupción pero debe retomar su verdadera función y vocación.

Por último, el atraso impide que las ayudas lleguen a los lugares donde se necesitan. La Alta Guajira es aislada, sus vías son trochas. Y cuando logran llegar aparece la perversión del subsidio, que es el mismo en todas las naciones: si a una mujer le dan un kit para alimentación de sus hijos de entre 0 y 4 años, pues seguirá teniéndolos para recibirlos. Es por eso que las ayudas sin alternativas de desarrollo no son una solución integral. El documento Conpes que ha anunciado el gobierno Santos debe recoger estas realidades.

Diana Calderón es directora de informativos y de @hora20 de Caracol Radio Colombia. Twitter @dianacalderonf

*Jamushiri: término wayuu que significa hambre