El Supremo de Venezuela declara en desacato al Parlamento

Este lunes en la tarde se inició la primera escaramuza del tan temido, como anunciado, choque de poderes en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por el chavismo, ha declarado en desacato a la nueva Asamblea Nacional, de abrumadora mayoría opositora. La calificación vino como respuesta a un recurso introducido el pasado miércoles por la bancada oficialista, en el que se pedía al tribunal pronunciarse sobre la, entonces, presunta inconstitucionalidad de la juramentación, ese mismo día, de tres diputados opositores por el estado de Amazonas cuyas proclamaciones el máximo tribunal había ordenado suspender.

En la misma sentencia, la Sala Electoral del TSJ determina que, en tanto no se proceda a desincorporar a los tres diputados en cuestión, todos los actos de la Asamblea Nacional serán nulos.

Desde finales del año pasado los diputados de Amazonas Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamnana se convirtieron en los sujetos de la discordia que ha detonado un conflicto institucional que amenaza con paralizar al Estado. Como una artimaña para al menos recortar la mayoría absoluta de 112 escaños obtenida por los candidatos de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), desde el 28 de diciembre los candidatos derrotados del chavismo introdujo hasta siete recursos de impugnación contra los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Las impugnaciones afectaban a varias circunscripciones electorales de los estados de Aragua, Yaracuy y Amazonas, donde se eligen diez diputados.

El fallo señala al presidente del legislativo, Henry Ramos Allup, y suspende de su cargo

El 30 de diciembre el TSJ aceptó los recursos pero solo para uno, el correspondiente al estado de Amazonas, consideró necesario emitir una medida cautelar para suspender la proclamación de los diputados electos en esa región –tres de oposición y uno del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)- y su juramentación subsiguiente.

Ante lo que calificó como una maniobra que intentaba desconocer la voluntad popular, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, constituida por parlamentarios de la MUD, optó por juramentar el miércoles –un día después de la instalación del pleno de la asamblea- a los tres diputados opositores mencionados por la medida cautelar. Ese mismo día, una delegación de la bancada minoritaria del Gobierno acudió al TSJ a solicitar se declarara a la Asamblea en desacato, veredicto al que llego este lunes según documento publicado en el website del tribunal.

El fallo señala al presidente del legislativo, Henry Ramos Allup, y a los dos vicepresidentes, Enrique Márquez y José Simón Escalona, así como a los tres diputados del Amazonas, para quienes ratifica la sentencia del 30 de diciembre que los suspende de su cargo.

El viernes, Enrique Márquez vicepresidente del parlamento y dirigente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), había ofrecido una serie de argumentos legales y prácticos para desobedecer el mandato del TSJ, durante una rueda de prensa el viernes en el Palacio Federal Legislativo. Para el parlamentario, la orden del tribunal interpela al Poder Electoral, no al Legislativo, y debería ser ejecutada por aquel que, de todas maneras, ya había procedido a proclamar a los diputados. Además, insistió, existe abundante jurisprudencia en la que se establece y que una medida de este tipo no puede generar un vacío institucional. “Si en 2014 el tribunal le hubiera concedido la razón a las impugnaciones que entonces Henrique Capriles Radonski hizo sobre las elecciones presidenciales”, puso como ejemplo, “con este criterio habría significado que Nicolás Maduro no hubiera podido asumir la presidencia, lo que sería absurdo”.

El número del chavismo y ex presidente de la Asamblea Nacional, el ahora diputado Diosdado Cabello, se apresuró a celebrar el fallo y citó también la figura del “vacío” que está por producirse, de prolongarse el desacato de la Asamblea: “Nadie va a reconocerla”. Insinuó que la Sala Constitucional del TSJ podría ejercer las funciones legislativas en ese caso.