Las cámaras de seguridad fallaron durante los sucesos de Iguala

El sistema público de videovigilancia no funcionó en Iguala la noche del 26 de septiembre del año pasado, durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tan solo una de las 25 cámaras de seguridad registradas en el marco de la investigación, que sigue abierta, aportó imágenes de lo sucedido aquella madrugada, según se desprende del sumario del caso. No hay documento gráfico del ataque a balazos contra los autobuses en los que llegaron los estudiantes y su posterior detención por parte de la policía local aliada con el narco. La mayoría de las cámaras no estaban activadas aquella noche y en las que sí funcionaban, las imágenes fueron eliminadas.

La Procuraduría General de la República –Fiscalía– ordenó el pasado mes de noviembre a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) el registro de la red de vídeo vigilancia conocido con C-4 en Iguala, un sistema cerrado de seguridad al que tiene acceso la Policía municipal, estatal, federal y el Ejército. Según un cotejo del sumario, llevado a cabo por el periódico El Universal, de las 25 cámaras registradas, 19 estaban desactivadas aquella madrugada, y de las cuatro que funcionaban, tan solo una proporcionó material audiovisual.

“El personal que nos atendió no especificó la fecha o motivos por los cuales no funcionaban las cámaras, o el tiempo o motivos en que dejaron de funcionar”, declararon los peritos de la AIC. Este punto coincide con las conclusiones del Grupo de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Organización de Estados Americanos (OEA) que, con el visto bueno del Gobierno mexicano, está llevando a cabo una supervisión del caso.

De las 25 cámaras registradas, 19 estaban desactivadas aquella madrugada

“Las cámaras de seguridad que forman parte del sistema de vigilancia y coordinación podrían proporcionar información sobre una parte de los hechos, pero se señaló que estaban inutilizadas y en otros casos las grabaciones existieron y no se proporcionaron a la PGR ni al GIEI”, esgrimen en su primer informe, presentado en octubre. “Sólo imágenes de una cámara pudieron identificar patrullas que llevaban detenidos en la salida a Taxco. Otras imágenes fueron al parecer destruidas”, añaden.

La versión oficial de lo sucedió aquella noche, que acabó con seis muertos y 43 desaparecidos, apunta a que tras el ataque y detención por parte de la policía local, los estudiantes fueron entregados a un grupo de sicarios. De acuerdo con las confesiones de un centenar de detenidos, los narcos, pertenecientes al cartel Guerreros Unidos y aliados con el alcalde de Iguala, confundieron a los estudiantes con miembros del grupo rival Los Rojos. Los sicarios habrían ejecutado a  los muchachos para después incinerar los cadáveres en el basurero del municipio vecino de Cocula, ambos en Guerrero, un Estado lastrado por la pobreza y el crimen organizado.

La versión de las autoridades mexicanas ha sido cuestionada por el grupo de expertos de la OEA, que sostienen en base a un peritaje independiente de un especialista en incendios que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula. Las inconsistencias en la investigación oficial han obligado a las autoridades mexicanas a mantener abierto el expediente y a permitir al equipo nombrado por la OEA que siga avanzando en las pesquisas sobre los que pasó aquella noche.

Este mismo mes, en la presentación del adelanto de su próximo informe, los peritos independientes volvieron a profundizar en las dudas sobre la incineración de los cadáveres en el basurero de Cocula. Defendieron que la madrugada del 27 de septiembre de 2014 no se registró ningún incendio en ese municipio, según las fotografías registradas por los satélites meteorológicos. Los peritos insistieron una vez más durante la rueda de prensa en la necesidad de entrevistar a los militares del 27 batallón de infantería, ubicado en Iguala, que fueron testigos de los hechos.