Como los cuenteros…

Por estos días en Colombia, cuando el año se cierra y tras superar el aspecto más complejo de tres años de negociaciones entre las FARC y el Gobierno para poner fin al conflicto, desde la oposición se escucharon frases como “esto es un chantaje criminal”, nada menos que pronunciada por el Procurador General de la Nación o “esto es un acuerdo para disfrazar la impunidad”. Mentiras ambas y muy graves.

Quienes las repiten, dicen ser los representantes de un 80% de la población que quiere ver a los guerrilleros tras las rejas, cosa que tampoco es cierta. Y ahí radica el problema. En que pareciera que prefieren quemarse en la hoguera de sus vanidades a aportar desde la argumentación e incluso oponerse, disentir, pero con la verdad.

Todos en Colombia queremos que quienes cometen delitos paguen por ellos, incluyendo los paramilitares a quienes en el gobierno de Alvaro Uribe se les dio ocho años de cárcel cuando sus crímenes, que aún no podemos sacarlos de la memoria, merecían cadena perpetua. Pero todos en Colombia también sabemos que por esa vía no se ha alcanzado ningún acuerdo de paz en el mundo. Incluso lo logrado puede llegar a constituirse en el primer ejemplo de un proceso en el que los victimarios asumen la responsabilidad penal por sus actos sin que el Estado deba perdonarles todo en nombre de una rebelión que no lo es, como sí ocurrió en otras latitudes.

Dicho esto y aunque no quisiera para la guerrilla perdones ni penas menores bajo los títulos que se les deba poner, transicional, restaurativa, reparadora, creo que no hay opción distinta como bien lo anticipó hace casi un año el expresidente Cesar Gaviria: o entramos todos o no hay posibilidad de reconciliación.

El llamado punto 5 de la agenda de La Habana sellado esta semana dice que se debe garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición. Las víctimas son su columna vertebral y para repararlas se crea una Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Esta semana ya se encontraron y entregaron los restos de 29.

El acuerdo establece que no habrá amnistía para delitos como genocidio, crímenes de guerra, tortura, ejecuciones extrajudiciales o desaparición forzada. Una ley determinará los delitos amnistiables e indultables y los criterios de conexidad. Por ejemplo, si el narcotráfico como fuente de financiación lo es.

En cuanto a la cárcel el acuerdo plantea que los guerrilleros no pagarán una sanción privativa de la libertad. No terminarán en una celda. Será ese Tribunal el que imponga las penas o sanciones “restrictivas de la libertad de residencia y movimiento” dependiendo de la verdad confesada y con el único propósito de garantizar la reparación de las víctimas. Las sanciones irán de entre cinco y un máximo de ocho años.

Para quienes hemos expresado el temor de que este proceso termine abriendo nuevas heridas, todo caso que se resuelva en la Jurisdicción Especial para la Paz hará tránsito a cosa juzgada y no podrá ser reabierto por ningún otro tribunal. Quiz

Quizás el punto más importante es que, para los militares y policías vinculados a procesos por excesos y delitos cometidos en el conflicto, el Estado desarrollará un régimen especial, simultáneo, equilibrado y equitativo.

No, no y no se les hará comparables a los guerrilleros. Podrán pedir incluso revisión de sus sentencias. Y terceros involucrados en el conflicto, léase la ex senadora Piedad Córdoba y los parapolíticos, podrán acudir al Tribunal de Paz. Se trata de una paz ampliada, y esa reconciliación es quizás a la que no están dispuestos opositores políticos adentro y afuera del gobierno.

Reparación es la palabra clave de todo este acuerdo que se caracteriza por la integralidad y por eso comete nuevamente un error la guerrilla cuando dice que no tiene dinero para reparar materialmente a las víctimas. Lo mucho o poco que tengan debe ser entregado. Han sido muchos años de negocios con el narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Difícil creer que todo el dinero se lo han gastado en alimentar al ejército de niños, hombres y mujeres que han reclutado. Pero para eso está el Tribunal, que determinará las sanciones a quienes no digan la verdad, que incluso pueden ir hasta 20 años y detrás de barrotes.

Más que las mentiras con las que buscan desprestigiar el proceso, lo que valdría la pena, y eso sí le haría un gran favor a esos colombianos que dicen representar, es ayudar a identificar a más de 40 magistrados, hombres y mujeres, idóneos, que no hagan parte de circulo de favores de la rama judicial para conformar el Tribunal y la Comisión. Lo que se necesita es, incluso, que los más severos críticos estén ahí garantizando que sí habrá justicia.

Otro tema por analizar es si la imposición de sanciones por parte del Tribunal de Paz no viola el principio de legalidad que preocupa a estudiosos como Héctor Riveros, para buscar entonces las salidas que se requieran. No deja de indignar que puedan participar en política mientras pagan las sanciones que les imponga el Tribunal.

Tiene el gobierno el reto, más importante, que es buscar la forma de darle legitimidad social a los acuerdos. Se desgasta demasiado en respuestas a opositores y en la búsqueda de aliados que desde la prensa saben cuál es su papel. Olvida a esos colombianos a los que dice representar el Centro Democrático -creo que no son todos-. Son muchos más los que no se matriculan en ninguna corriente y se preguntan por qué tienen que aceptar los acuerdos si nunca han usado las armas. Esos millones de colombianos a quienes les duele por igual la mezquindad y la corrupción de muchos políticos y las víctimas, esos que no son guerreros, son los importantes a la hora de refrendar los acuerdos.

Diana Calderón es directora de Informativos y de Hora 20 de Caracol Radio Colombia. Twitter @dianacalderonf