Detenido por narcotráfico un jefe policial en Bolivia

El último episodio de una serie de arrestos a jefes policiales bolivianos involucrados en narcotráfico ha sido la detención de Juan Carlos Tapia, coronel a cargo de un departamento policial en El Alto, ciudad que forma parte de la metrópoli de La Paz. Tapia ha sido detenido en la ciudad de Santa Cruz, con más de 42 kilos de cocaína escondidos en una casa de su propiedad. El Ministerio de Gobierno lo descubrió a causa de sus frecuentes viajes desde la ciudad en la que trabajaba al lugar donde cometía sus delitos.

Hace un mes, otro coronel, el alcaide de la cárcel de Palmasola (Santa Cruz), fue destituido por permitir una fiesta en la prisión, supuestamente para celebrar el cumpleaños del excomandante de la Policía Óscar Nina, quien se encuentra encarcelado desde el pasado marzo. Se le acusa de enriquecimiento ilícito y vínculos con el cartel mexicano de El Chapo Guzmán.

Nina, quien fuera designado comandante policial entre 2010 y 2011 por el Gobierno de Evo Morales —entre otras cosas por su origen indígena—, apareció poco después con un patrimonio de alrededor de tres millones de dólares en casas y automóviles a su nombre y el de sus parientes más cercanos, a pesar de que percibía un salario de unos 1.500 dólares mensuales. Conocido por su amor al lujo y las fiestas, se cree que pagó un espectáculo de luces y música, con cantantes invitados, que las autoridades carcelarias calificaron como “artístico-cultural” y organizó el día del onomástico del “primer comandante de apellido indígena de la Policía”.

“Nina” significa “fuego” en quechua. Las amistades que cultivó este excomandante fueron ardorosas y peligrosas. Se sabe que conoció a Jesús Alfredo Guzmán, hijo de El Chapo, cuando este estuvo en Bolivia hace cuatro años, en un curso de pilotaje y sufrió un accidente que llamó la atención de las autoridades. Hoy, Jesús Alfredo está preso en México. Nina también era muy amigo de otro coronel boliviano, René Zanabria, quien cumpliera la función de “zar antidrogas”, es decir, jefe de la unidad de combate al narcotráfico, antes de ser detenido en 2013 en Panamá, por “conspiración para introducir cocaína” a Estados Unidos. Zanabria fue extraditado a este país y recibió una condena de 15 años.

Otras policías nacionales también comienzan a sufrir este fenómeno por el cual las personas encargadas de combatir un crimen terminan cometiéndolo. En los últimos meses, tanto un jefe policial de Puno —localidad peruana fronteriza con Bolivia— como un jefe antidrogas de Arica —el puerto chileno por el que llega la mayoría de las importaciones bolivianas— fueron arrestados por vinculaciones con mafias de transporte de drogas desde o a través de Bolivia. Los motivos son fáciles de entender: las recompensas que están en juego son muy atractivas y el riesgo inicial es bajo.

Aunque el Gobierno de Evo Morales ha logrado estabilizar la producción de hoja de coca y, por tanto, la de cocaína, con una estrategia de concertación con los campesinos cocaleros y de “mano dura” con los narcotraficantes, los riesgos que corre Bolivia se han multiplicado a consecuencia de su actual posición como “corredor de salida” de la coca y la marihuana peruana, que viaja a través del país hacia Brasil y Chile, principalmente.

El punto más débil de la lucha contra las drogas es la policía, considerada por la población como la institución estatal menos confiable y más corrupta. Pese a reiterados anuncios en este sentido, Morales no ha podido hacerla más eficiente.