Una ONG acusa a la Policía mexicana de asesinar a 50 civiles

En enero y mayo de este año fueron asesinados 50 civiles a manos de agentes de la Policía Federal mexicana en el Estado de Michoacán, según la organización internacional Human Rights Watch (HRW). Las autoridades mexicanas alegaron en su momento que los muertos eran peligrosos narcotraficantes que fallecieron en un "fuego cruzado" con las fuerzas del orden. Ahora una de las organizaciones no gubernamentales más reconocidas en el mundo lo desmiente: "No estaban armados cuando recibieron las balas. Sus muertes fueron falseadas por el Gobierno".

La madrugada del 6 de enero de este año un grupo de autodefensas —ciudadanos armados que se levantaron contra el narco en 2012— estaba acampado frente al Palacio Municipal de Apatzingán para pedir mayor rigidez en la lucha contra los carteles locales. Hacia las cuatro de la mañana un contingente de soldados y policías federales irrumpió para dispersar el plantón y detuvo a 44 personas. Enseguida se corrió la voz entre los compañeros y en pocas horas se congregaron 100 personas para ir a buscar a los detenidos. Un testigo anónimo, al que le llaman Alejandro, le cuenta a HRW que cuando se encontraron con la Policía, que estaba cortando uno de los ejes principales del municipio, bajaron de sus vehículos y se acercaron a los agentes caminando. "Entonces fue cuando los policías abrieron fuego sin ninguna advertencia previa", señala el informe, que recoge varios testimonios.

El llamado Alejandro afirma haber recibido esa mañana seis disparos —en el hombro izquierdo, dos veces en un pie, en la pantorrilla derecha y dos impactos en la pierna izquierda— antes de lograr resguardarse debajo de una camioneta. No sirvió de nada. Un agente lo arrastró para sacarlo de su escondite, le pisó la herida y le apuntó con una pistola en la cabeza. No le remataron porque varias personas estaban grabando la escena desde las viviendas cercanas, según cuenta. Mientras permanecía en el suelo desangrándose, vio cómo los policías colocaban armas al lado de sus compañeros muertos y heridos.

La ONG apunta también a que las autoridades impidieron que los heridos en Apatzingán recibieran atención médica, por lo que murió al menos una persona más. Alejandro permaneció en el suelo perdiendo sangre durante 90 minutos después de la balacera sin que los policías lo ayudaran.

Cinco meses después, a 300 kilómetros hacia el norte, el Rancho del Sol amaneció sembrado de cadáveres. El 22 de mayo murieron 42 civiles y un policía en el municipio de Tanhuato. La versión del Gobierno es que los civiles eran narcotraficantes —miembros del cartel Jalisco Nueva Generación— y que los agentes de la Policía Federal respondieron a una agresión. 

Un investigador en derechos humanos que entrevistó a tres detenidos cuenta que éstos confesaron haber disparado inicialmente a los policías, pero que muchos otros dejaron caer sus armas y recibieron tiros por la espalda mientras intentaban huir. Según los testimonios —todos coincidentes en la declaración— la Policía les obligó a disparar en el suelo para que dieran positivo las pruebas para detectar si habían disparado armas de fuego. Y continúa señalando que varios policías se llevaron a 7 detenidos dentro de la vivienda principal del rancho y mataron a cuatro de ellas. A una la quemaron en una bodega.

Un conocido presentador de televisión mexicano destapó el escándalo en agosto. Según señaló el periodista, que revelaba haber tenido acceso a los informes de la Procuraduría General de la República —la cual no se hizo cargo del caso hasta ese mismo mes— 23 de los cuerpos presentaban heridas "incompatibles con un enfrentamiento armado" y al menos una decena tenía múltiples heridas de bala en la espalda, producidas por disparos a corta distancia. El informe al que tuvo acceso incluía que de las 42 armas confiscadas, 30 no habían sido disparadas, lo cual debilita el argumento de que la Policía había actuado solamente en defensa propia.

El entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, negó que los policías hubieran cometido ejecuciones extrajudiciales, y aseveró que todos los disparos se efectuaron a una distancia considerable del lugar donde se hallaron los cuerpos. Rubido expresó que el saldo de 42 civiles muertos, comparado con apenas un policía que perdió la vida, se debía a la “capacitación superior” de la Policía.

"Ante evidencias de que se cometieron atrocidades, la respuesta del Gobierno ha consistido en negar o restarle importancia a la magnitud al problema", observó Daniel Wilkinson, director gerente de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Es la misma actitud que vimos el año pasado ante Ayotzinapa y Tlatlaya", comentó en referencia a dos conocidos casos recientes en México. Y remata: "El Gobierno todavía no está dispuesto a abordar seriamente la crisis de derechos humanos en el país".