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Varias personas en una concentración exigen verdad justicia y reparación para las víctimas del covid-19 en las residencias, con pancartas de las 7291 muertes, frente a los Juzgados de Plaza Castilla, a 26 de mayo de 2025, en Madrid (España). El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid ha citado a declarar como investigados a un exasesor sanitario y a dos exaltos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid por los protocolos utilizados durante la pandemia de Covid-19 en las residencias. Se reabre así a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid una causa que había sido archivada provisionalmente casi tres años antes. 26 MAYO 2025;ALTO CARGO;VÍCTIMAS; A. Pérez Meca / Europa Press 26/05/2025Foto: A. Pérez Meca (Europa Press)
'CASO RESIDENCIAS'

Los correos internos que avisaron del desastre en las residencias durante la pandemia… y no cambiaron nada

Durante los primeros días de la pandemia, altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid eran conscientes de que las residencias de mayores no estaban preparadas para atender a personas contagiadas por covid-19.

Y hay correos internos que lo corroboran:

  • Desde el inicio de la crisis sanitaria de marzo de 2020, un alto cargo de la Consejería de Sanidad alertó de que las residencias no eran el lugar adecuado para tratar a personas con covid.
  • Ocho días después de que se anunciara su “medicalización”, el entonces director de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, advirtió por correo de que el plan no estaba funcionando y pidió trasladar a más residentes a los hospitales.

Una frase: “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables”, escribió Mur.

  • Pero pese a la alerta interna, las derivaciones hospitalarias desde residencias cayeron a su nivel más bajo justo después de ese correo.

¿En qué consistía el plan? En tratar a muchos mayores en las propias residencias para evitar el colapso hospitalario. Sin embargo, en la práctica, faltaban médicos, recursos y coordinación.

Un dato estremecedor: los registros oficiales muestran que en marzo y abril de 2020 murieron más de 7.200 residentes sin haber sido trasladados a un hospital.

La investigación, seis años después. La justicia sigue investigando los fallecimientos como un posible delito de discriminación en el acceso a un servicio público.

  • Cuatro ex altos cargos ya han sido imputados y las asociaciones de familiares consideran que la investigación debería ampliarse a más responsables políticos.

©Foto: A. Pérez Meca (Europa Press)

Si quieres saber más, puedes leer aquí.

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