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EDUCACIÓN

Ayuso rebaja su polémica ley de universidades para apaciguar la crisis de educación: estos son los principales cambios

Manifestantes portan pancartas con lemas 'La pública es de todos y para todos' y 'La educación, un derecho, no negocio' durante una concentración frente a la Asamblea de Madrid, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Estudiantes, docentes y trabajadores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid han convocado una concentración hoy, frente a la Asamblea para reclamar más financiación hasta alcanzar el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región. Esta nueva protesta tiene lugar tras la huelga de la semana pasada que tuvo un seguimiento del 70% y pretenden bajo el lema 'Sigue la asfixia, sigue el conflicto' mostrar una vez más su rechazo hacia la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). 04 DICIEMBRE 2025;EDUCACIÓN PÚBLICA;LEY DE UNIVERSIDADES Fernando Sánchez / Europa Press 04/12/2025FOTO: Fernando SáncheZ (Europa Press)

El último borrador de la ley de educación superior (Lesuc) que prepara el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al que ha tenido acceso EL PAÍS, incluye concesiones para apaciguar las críticas por parte de rectores que señalaron hace un año que el proyecto invadía su autonomía.

  • El nuevo borrador llega días después de que las huelgas estudiantiles vaciaran facultades en protesta por la escasa financiación que sufre la educación madrileña.

¿Qué contempla el nuevo borrador? Ya no multa a los estudiantes por decoro institucional, ni obliga a las universidades públicas madrileñas a lograr el 30% de los fondos por sus medios (como aspiraba el Gobierno madrileño en el borrador de 2024).

  • Elimina la obligatoriedad de que los investigadores tengan que desvincularse dos años de la universidad madrileña para presentarse a la plaza de contratado doctor.
  • Y añade la exigencia de que los centros adscritos en Madrid (de facto una nueva universidad) no podrán ofertar más de 10 grados y másteres.
  • Pero, aunque el régimen sancionador pierde fuerza, se mantienen multas de 300.000 euros si se “atenta contra la libertad de expresión”.

Y siguen existiendo líneas rojas. Los rectores no comparten reconocer hasta 60 créditos (equivalente a un curso de carrera) de títulos de FP Superior, un negocio perfecto para las universidades privadas con FP (porque en cinco años los matriculados salen con dos diplomas, en vez de en seis).

©Foto: Fernando Sánchez (Europa Press)

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