MADRID, SPAIN - APRIL 18: Muface building is seen during the protest by civil servants against the cuts they have suffered in their healthcare services, in front of the General Directorate of Muface, on 18 April, 2022 in Madrid, Spain. With this concentration, called by the Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) and JUPOL, the aim is to protest against the cuts produced after the signing of the 2022-2024 healthcare agreement last December between MUFACE and the health insurers. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images)Foto: Ricardo Rubio (Europa Press)

ECONOMÍA

Claves sobre la crisis de los seguros de salud de los funcionarios: ¿A quién afecta? ¿Qué puede pasar?

La sanidad de 2,14 millones de funcionarios está en riesgo. El Gobierno tiene hasta el martes para renovar los convenios para garantizar este servicio, pero las condiciones económicas que han presentado no convencen a las aseguradoras.

¿A quién afecta esta crisis? La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) gestiona el seguro de salud de 1,49 millones de empleados públicos y de sus familiares.

Se trata de funcionarios que trabajan en los ministerios de la Administración General del Estado, diplomáticos, inspectores de Hacienda y algunos trabajadores de las comunidades autónomas.
Pero también hay otras dos mutualidades más pequeñas: Isfas, que da cobertura médica a 559.000 miembros del Ejército y de la Guardia Civil; y Mugeju, que atiende a los jueces y fiscales (otras 92.000 personas).

¿Cómo funciona la sanidad de estos empleados? Pueden elegir si ser atendidos por la sanidad pública o por la privada, aunque cerca del 80% escoge la segunda opción.

Las mutualidades se encargan de los trámites más burocráticos, pero son las aseguradoras las que gestionan los servicios de salud de los funcionarios.
A cambio, reciben una cuantía por cada persona protegida. En el último convenio, el pago medio fue de 984 euros al año por beneficiario.

¿Cuál es el problema? Las compañías no están contentas con la propuesta del Gobierno para renovar el convenio. Se ha propuesto una subida del 14% en dos años, lo que dejaría el pago anual en 1.117 euros.

Pero las aseguradoras aseguran que no es suficiente, ya que cada año pierden más de 200 millones por prestar este servicio.

¿Qué puede pasar? Las aseguradas han dejado claro que no aceptarán la propuesta del Gobierno. Si el concurso quedara desierto, los funcionarios que hasta ahora se beneficiaban de un seguro privado pasarán a engrosar las filas del sistema de salud público (que sufre ya largas listas de espera).

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