Los choques del Gobierno de Díaz Ayuso, una excepción en los pactos de PP y Cs

A finales de marzo, Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, recibe una carta desde Madrid. “La situación es ya muy preocupante, con muchas personas contagiadas, fallecidas o aisladas, personal también infectado o en cuarentena”, se lee. “La situación en los hospitales está dificultando la derivación en algunos casos de las personas más vulnerables y con pluripatologías, por lo que en muchos casos ...

A finales de marzo, Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, recibe una carta desde Madrid. “La situación es ya muy preocupante, con muchas personas contagiadas, fallecidas o aisladas, personal también infectado o en cuarentena”, se lee. “La situación en los hospitales está dificultando la derivación en algunos casos de las personas más vulnerables y con pluripatologías, por lo que en muchos casos deben permanecer en la Residencia, recibiendo una atención médica para la que la mayoría no están preparadas”, sigue. “Por esa razón solicitamos que se active el apoyo sanitario y logístico del Ejército”, se añade. Con esas líneas se inicia un conflicto irreparable en el Gobierno de Madrid, que forman PP y Cs sin encontrar la sintonía que han demostrado en los otros tres Ejecutivos que comparten (Andalucía, Castilla y León y Murcia).

Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, de Cs, firma la misiva. Isabel Díaz Ayuso, la líder del PP, le desautoriza: “Esta petición no sirve porque el Ejército no tiene capacidad para enviar médicos sanitarios”, dice. A los pocos días, desplaza a Reyero, creando un mando único para las residencias que tiene como referente al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, del PP. Desde entonces, los dos gestores chocan por la hecatombe que se vive en los centros, donde mueren 6.000 personas, y le ponen cara y voz al desencuentro permanente de los dos partidos: pactar o no con el PSOE un acuerdo para la reconstrucción; tener o no a Vox como único socio; pasar o no a la fase 1 de la desescalada, investigar o no el caso Avalmadrid…

La comparación de la actividad de los cuatro gobiernos de PP y Cs muestra las consecuencias prácticas de las discrepancias de Madrid.

Madrid. Cero leyes aprobadas. El Gobierno solo ha enviado una ley a la Asamblea, y no la ha sacado adelante. ¿La razón? Cs no aceptó el acuerdo alcanzado por el PP con su único socio posible, Vox. No es una excepción. La coalición gubernamental nació bajo la contradicción de que Cs no acepte el apoyo de Vox cuando el apoyo de Vox es imprescindible para que Cs esté en el Gobierno. Como consecuencia, la acción legislativa está paralizada, los presupuestos están prorrogados, no hay proyecto de cuentas para 2020, y Vox incluso exige la destitución de un consejero de Cs (Reyero).

“Hay que tener en cuenta que la crisis del coronavirus ha paralizado la actividad de la Asamblea”, aducen desde el Ejecutivo que preside Díaz Ayuso. “Se ha iniciado la tramitación de otros proyectos de ley”, siguen. “Además este es un gobierno liberal, que no aspira a legislar por legislar, sobrecargando innecesariamente al ciudadano con un exceso de normativa”.

Lo que empezó con fricciones típicas de una coalición creció cuando Díaz Ayuso decidió nombrar como jefe de gabinete a Miguel Ángel Rodríguez (Ignacio Aguado, vicepresidente regional, de Cs, dejó clara su oposición) y se ha multiplicado con la pandemia. PP y Cs han llegado a mantener contactos por separado con la oposición para intentar encontrar un camino común en la reconstrucción de la región. Como si no fueran del mismo gobierno. Así, los socios tienen que descartar periódicamente que vayan a convocar elecciones (PP) o unirse a una moción de censura con la oposición (Cs).

Andalucía. Luna de miel. La crisis provocada por la Covid-19 no ha hecho mella en el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos en Andalucía. No hay grietas ni discrepancias visibles, ni declaraciones contradictorias entre los seis consejeros populares y los cinco de Cs. El pegamento que hizo posible el pacto tras las elecciones andaluzas de diciembre de 2018 (echar al PSOE de la Junta tras gobernar 36 años y ocho meses) aún mantiene su adherencia, como también el sostén parlamentario de la ultraderecha de Vox.

El Ejecutivo autónomo gobierna a golpe de decreto ley, presenta pocas leyes en el Parlamento, pero ha sacado adelante las más importantes: las de los Presupuestos de 2019 y 2020. Al Gobierno que preside Juan Manuel Moreno le da más dolores de cabezas las exigencias de Vox, que la convivencia de Ciudadanos.

El giro de Inés Arrimadas hacia posiciones más alejadas de la derecha crea incomodidad en Cs Andalucía, pero está completamente descartado un cambio brusco de pareja de baile en la Junta, entre otros motivos porque los 21 diputados de Cs y los 33 del PSOE no suman. El vicepresidente de la Junta y portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, aseguró el viernes que “nada de lo que vaya a pasar a nivel nacional va a influir en el Gobierno andaluz” y calificó el encuentro entre las delegaciones de Cs y del Gobierno como “estrictamente técnico”. Los problemas están más en las relaciones entre Marín y su grupo parlamentario. Hay quejas de falta de coordinación y de información y críticas soterradas por la sobreexposición mediática de Marín.

Castilla y León. Unidos frente a la pandemia. Las grietas más gruesas en el Gobierno de coalición que cerraron hace casi un año Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta por el PP, y Francisco Igea, vicepresidente por Ciudadanos, han surgido por la reciente dimisión del consejero de Empleo, Germán Barrios, por diferencias “insalvables” con Igea. La habitual buena sintonía entre ambos partidos se ha reforzado durante la pandemia, pues Mañueco, de un perfil mucho más moderado que el PP nacional, ha encajado bien la recomendación de Sanidad, en manos de Ciudadanos, de avanzar con prudencia en la desescalada. También se han defendido juntos de las críticas por ordenar que los ancianos no se atendiesen en los hospitales sino en las residencias. Este ha sido el principal argumento de la oposición, que lidera el PSOE, que del mismo modo que ha censurado estas políticas con un Podemos también activo en los reproches, ha trabajado con “lealtad” reconocida por Igea y Mañueco durante estos meses.

De hecho, Igea también exigió que Mañueco no estuviese inmerso en causas judiciales de corrupción cuando negociaron su acuerdo de Gobierno. Sin embargo, ahora que se ha reabierto la investigación de si hubo financiación irregular en las primarias del PP que ganó Mañueco, Cs ha mantenido la prudencia.

Al contrario que el de Madrid, este Gobierno sí ha preparado proyecto de Presupuestos (que tendrá que modificar para adaptarlo a las consecuencias del coronavirus), y no depende de Vox. Además, PP y PSOE firmaron unos pactos para la reconstrucción de Castilla y León tras la crisis sanitaria en el que emplazaron a todos los partidos a colaborar.

En Madrid, eso parece imposible: aunque ya hay fotos de todos los portavoces en la Asamblea hablando de un hipotético pacto económico y social para después de la pandemia, Díaz Ayuso ha dejado muy claro que no comparte la opinión de Aguado de negociar con el PSOE (“Yo no pacto con el desastre", dijo).

Murcia. Presupuestos aprobados. Al comienzo de la pandemia, tras decretarse el estado de alarma, se planteó un clima de colaboración entre el Gobierno y la oposición. El PSOE votó con PP, Cs y Vox el decreto de medidas urgentes en materia tributaria, mientras que Podemos se abstuvo.

Los otros dos decretos que el Gobierno de coalición ha llevado a la Asamblea para mitigar los efectos de la pandemia han dejado ver ciertas discrepancias entre populares y naranjas. Cs apoyó su convalidación, pero, en ambos casos, forzó que se tramiten como proyectos de ley, lo que abre la puerta a modificaciones a través de las enmiendas de los grupos parlamentarios. Esa actitud ya tenía un precedente: el decreto ley de protección integral del Mar Menor, que llegó al parlamento el pasado enero.

Tras unas tensas negociaciones alrededor del pin parental exigido por Vox en educación, las cuentas públicas se aprobaron el pasado 21 de abril, en plena crisis del coronavirus, y tal cual se habían pactado en los meses anteriores a la pandemia, con el anuncio de que serían modificadas nada más entrar en vigor para adaptarse a las nuevas circunstancias.

Además de la ley de presupuestos y los citados decretos, en esta legislatura el Gobierno murciano solo ha llevado al parlamento otro proyecto de ley, el de Servicios Sociales, que aún está en fase de tramitación parlamentaria y que depende de la consejería de Política Social, que gestiona Cs.

El Ayuntamiento de Murcia también está gobernado por una coalición de PP y Ciudadanos. El primer teniente alcalde y concejal de Fomento, Mario Gómez (Cs) presentó el pasado 4 de junio un pacto para la regeneración socioeconómica de la ciudad tras la crisis del coronavirus que había pactado con PSOE y Podemos, lo que desencadenó una intensa crisis. Este jueves 11 de junio se reunieron las direcciones regionales de los dos partidos y, aunque aseguraron que la coalición se mantiene y no peligra, lo cierto es que el alcalde, José Ballesta (PP), no ha convocado por segundo viernes consecutivo la Junta de Gobierno municipal, y Gómez no se ha retractado de su acuerdo con los partidos de izquierdas.