España en los programas electorales | Educación: foco unánime en la escuela infantil, discrepancias en todo lo demás

La educación ha dejado de estar en el centro del debate político tras ser usada durante décadas como arma arrojadiza y a pesar de que España es el segundo país europeo, tras Rumania, con más tasa de abandono temprano (casi el 14% de los jóvenes deja de estudiar después de la etapa de educación obligatoria). Hasta la fecha, la enseñanza no ha aparecido en los debates electorales en televisión. Ningún partido propone alcanzar un pacto educativo, como el que en Finlandia sustenta su sistema de enseñanza desde los años setenta. Y el acuerdo entre las dos grandes formaciones es inexistente: ...

La educación ha dejado de estar en el centro del debate político tras ser usada durante décadas como arma arrojadiza y a pesar de que España es el segundo país europeo, tras Rumania, con más tasa de abandono temprano (casi el 14% de los jóvenes deja de estudiar después de la etapa de educación obligatoria). Hasta la fecha, la enseñanza no ha aparecido en los debates electorales en televisión. Ningún partido propone alcanzar un pacto educativo, como el que en Finlandia sustenta su sistema de enseñanza desde los años setenta. Y el acuerdo entre las dos grandes formaciones es inexistente: solo el entonces ministro socialista Ángel Gabilondo estuvo en 2010 a punto de cerrar un pacto con el PP, que evitó en el último momento la dirección de los populares.

El PP ya no habla de derogar la ley Celáa, aprobada en 2020, sino de “reformarla”. Vox, en cambio, anuncia una nueva norma con “contenidos comunes” y cuya máxima sea la de “hacer de la educación un motor de desarrollo personal y de cohesión nacional”. Las palabras de Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, a EL PAÍS, demuestran cómo la tensión en el sector se ha desinflado: “Derogar la ley de Educación perjudicaría al profesorado, a los alumnos y al sistema”.

Este es un resumen de las propuestas en materia educativa de los cuatro principales partidos:

Educación Infantil

En el cara a cara televisivo con el presidente Sánchez, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, se congratuló: “El único lugar de España en el que la educación infantil es gratis en este momento es Galicia, y me siento muy honrado”. No era verdad: La Rioja también ha universalizado la educación infantil (0-3 años); es decir, en esas dos comunidades hay plazas en escuelas infantiles públicas (o en concertadas con subvención pública) para cubrir toda la demanda. Feijóo partía, eso sí, con la ventaja de que en Galicia apenas nacen niños: es la tercera autonomía con la tasa de fecundidad más baja, según el INE.

Muchas otras comunidades están en el proceso de alcanzar la gratuidad, por ejemplo, abriendo aulas en colegios públicos para los más pequeños. Lo reflejan los datos oficiales: la escolarización en escuelas infantiles privadas ha bajado del 32,9% en 2016 al 28,7% en 2021. Ese último curso, el 53,8% de los matriculados estaba en un centro público y un 17,5% en uno concertado. La escolarización temprana es, según organizaciones internacionales como la OCDE, muy recomendable por los efectos en el rendimiento escolar futuro, especialmente en los niños de familias desfavorecidas. Los socialistas quieren que sea gradual empezando por 65.000 plazas, mientras los populares hablan de cofinanciar con los gobiernos autonómicos. Sumar promete una primera partida de 1.000 millones de euros, y Vox la gratuidad en todas las etapas educativas mediante un cheque sufragado por el Estado.

Bienestar emocional

El 17% de los jóvenes entre 11 y 18 años ha tenido ideas de quitarse la vida, y el 7,5% lo ha planificado, según el estudio PsiCE, elaborado por la Psicofundación y el Consejo General de la Psicología de España. Un 6% ha sufrido “síntomas graves de depresión”, y hasta un 26%, “síntomas de depresión de intensidad moderada”. Unas cifras alarmantes, expresadas en crisis de ansiedad en la escuela, acoso o episodios de ansiedad, contra las que los partidos pretenden batallar. Las universidades también ofrecen atención psicológica. El PSOE quiere impulsar la figura del coordinador de bienestar y seguridad en todos los centros; el PP, programas de detección precoz de conductas adictivas ―incluyendo a las relacionadas con las tecnologías―; y Sumar, aumentar los profesionales de orientación y psicología. En 2019, la Unesco denunció que los orientadores españoles atendían a cuatro veces el número de escolares recomendado.

Educación sexual y veto parental

En su programa electoral, Vox propone “garantizar el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico”; es decir, instaurar el veto parental ―también conocido como pin parental― que trató de introducir la pasada legislatura desde la Consejería de Educación de Murcia (finalmente tumbado por la justicia): las familias murcianas, en el curso 2019/2020, tenían que autorizar la asistencia de sus hijos a cualquier taller o charla sobre igualdad, emociones o reciclaje impartido por profesionales ajenos al centro. Pero ahora Vox va más allá y no distingue entre los profesores y el personal externo: habla de “cualquier contenido en el aula”, porque a su juicio hay que recuperar “la legítima autoridad de los padres”.

El PP no quiere saber nada de sexualidad en las aulas, mientras que la vigente ley Celaá obliga a su inclusión en los temarios, y los partidos de izquierdas insisten en su importancia como “barrera ante el acceso a contenidos pornográficos que fomentan la violencia de género”, en palabras de los socialistas. Los datos lo reflejan: 7 de cada 10 adolescentes consumen porno, que comienzan a ver cuando tienen 12 años, según el estudio de 2020 (Des)información sexual: pornografía y adolescencia, de Save The Children. Y para el 30%, la pornografía es la única fuente de información.

Segregación y cheque escolar

“Defenderemos los centros de educación diferenciada, garantizando su accesibilidad”, adelanta Vox, contradiciendo la ley Celaá, que fuerza a las comunidades a no renovar las subvenciones (conciertos) a los colegios que segregan por sexos; una medida respaldada recientemente por el Tribunal Constitucional. El PP no entra en este polémico asunto. Vox pretende, por otra parte, impulsar un cheque escolar, de forma que las familias puedan matricular con ese dinero a sus hijos en cualquier centro privado. Esta afirmación es absolutamente rechazada por Escuelas Católicas, que entiende que ello contribuiría a la segregación del alumnado y castigaría a las familias más vulnerables. El PP tampoco se ha mostrado partidario, aunque en Madrid existan cheques para abonar el bachillerato para familias que ingresan más de 100.000 euros al año.

Selectividad única y lenguas cooficiales

Ciudadanos tuvo durante años por bandera la creación de una Selectividad común a las 17 comunidades; y el PP se subió al carro, pero es consciente de que es prácticamente inviable hacerlo con el actual sistema de competencias educativas trasferidas. De hecho, no ha tocado el modelo cuando ha gobernado. Hace 11 años, el Constitucional zanjó un conflicto entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña señalando que el Ejecutivo tiene competencias para regular la prueba de acceso a la Universidad, pero limitada “al contenido básico de la misma”. Vox no solo reclama una EVAU única, sino la recentralización de las competencias y los temarios, que tendrían que incluir una “especial atención a las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales, así como a los símbolos de la Nación, especialmente la bandera, el himno y la corona”.

El uso del español en las aulas de las comunidades con lengua cooficial (Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares y Navarra) es una exigencia del PP, que quiere “garantizar” que ambas lenguas tengan la consideración de “vehicular” en la enseñanza (no aclara si reintroducirá esa garantía en la ley de educación). Vox es más expeditivo: propone implantar “un sistema estatal de inspección educativa efectivo (...) con un duro régimen sancionador”, para “perseguir a las autoridades educativas que impidan el derecho de los alumnos a formarse en español o que promuevan medidas de adoctrinamiento”. Ni el PSOE ni sumar entran en ese debate sobre si el castellano debe tener la condición de vehicular en toda España.

Formación Profesional

Sumar propone una nueva ley de FP, a pesar de que la actual, la primera de la historia, aprobada en marzo de 2022, está empezando a implantarse en los centros educativos. Sobre todo, extraña porque Yolanda Díaz, su líder, es la ministra de Trabajo y la norma ―a la que solo se opuso el PP; Vox se abstuvo― fue consensuada con los agentes sociales. Los socialistas se comprometen a crear 250.000 plazas de FP, pero el sindicato CC OO le recuerda en un informe que aún no se han creado todas las ya prometidas.

Becas y matrículas

Desde que la izquierda llegó al poder, la dotación de las becas ha subido de 1.500 a 2.500 millones de euros el curso que viene y más de un millón de beneficiarios en bachillerato, FP y universidad. Pero aún quedan muchos hogares para los que pagar entre 700 y 1.000 euros de matrícula universitaria ―por un acuerdo autonómico impulsado desde el Ministerio de Universidades se ha vuelto a las tasas de 2012― sigue siendo un problema. Una opción es subir los umbrales de renta, pero los socialistas proponen que aquel estudiante sin beca que vaya aprobando no pague la matrícula del siguiente año, como ya sus gobiernos autonómicos implantaron en Andalucía y Extremadura. Para extenderlo a toda España se necesitaría un acuerdo autonómico (las regiones fijan sus tasas universitarias). También para que, como pide Sumar, repetir una materia no suponga pagar “un castigo”. La marca de Yolanda Díaz propone que nadie pague el primer curso, con la idea de extender a medio plazo la gratuidad a todos los años “para que la educación universitaria sea un derecho, no un servicio”.

Más allá de las matrículas, el melón que los programas electorales siguen sin abrir es la infrafinanciación de los campus, que no podrán poner en marcha la nueva ley universitaria sin el firme compromiso de los gobiernos autonómicos. Y no todos apuestan por la ciencia y la enseñanza.

Recibe cada tarde el boletín Diario electoral, con el análisis de Ricardo de Querol, subdirector, y Luis Barbero, redactor jefe de edición.