La negociación de la investidura enreda a Puigdemont con su ‘gobierno’ paralelo

Las negociaciones por la investidura del presidente del Gobierno atrapan a Carles Puigdemont entre dos frentes. El expresident, prófugo de la justicia española desde 2017, afina la lista de peticiones que Junts per Catalunya pone sobre la mesa del PSOE y Sumar para avalar la reelección de Pedro Sánchez. Mientras, su gobierno paralelo del Consell de la República ha convocado una votación para decidir ...

Las negociaciones por la investidura del presidente del Gobierno atrapan a Carles Puigdemont entre dos frentes. El expresident, prófugo de la justicia española desde 2017, afina la lista de peticiones que Junts per Catalunya pone sobre la mesa del PSOE y Sumar para avalar la reelección de Pedro Sánchez. Mientras, su gobierno paralelo del Consell de la República ha convocado una votación para decidir si hay que bloquear la gobernabilidad de España. “El president lleva dos sombreros, pero diferencia perfectamente cuál tiene que ponerse en cada caso”, señala una persona del círculo de confianza de Puigdemont. De saque, no entra en los planes de la cúpula del Consell interferir en los acuerdos que se alcancen en el Congreso. Toni Comín, exconsejero de la Generalitat que se marchó a Bélgica con el expresident y que ejerce de número dos en el Consell de la República, indica que la “coincidencia” de decisiones no ha sido buscada por la dirección de la entidad, sino por sus afiliados, y detalla que el resultado de la votación tendrá que interpretarse desde “una lectura política razonable”.

La consulta a las bases de la entidad independentista que preside Puigdemont desde Waterloo se hará de manera telemática entre el 17 y el 23 de octubre y plantea una pregunta clara: “¿El Consell de la República tiene que promover el bloqueo a la investidura del presidente del Estado español por parte de los partidos independentistas catalanes?”. El Consell tiene 103.000 afiliados y es un actor secundario dentro del separatismo catalán, con menos fuerza y tirón popular que Òmnium y la ANC. Sin embargo, el veredicto que arroje la consulta cobra relevancia porque el presidente de la entidad juega un papel crucial en las negociaciones para desbloquear la investidura. Él dirige personalmente los movimientos de Junts para condicionar el voto de los 7 escaños del Congreso que el partido logró el 23-J.

Puigdemont ejerce de presidente del Consell y, pese a que no ocupa ninguna posición en el organigrama de Junts, es el líder indiscutible de la formación. Suya fue la decisión de que el partido avalara el nombramiento de Francina Armengol como presidenta de la Mesa. El exconsejero de la Generalitat Toni Comín desempeña, igual que Puigdemont, un papel dual. Combina el cargo de vicepresidente del Consell con el de eurodiputado de Junts. Además, el partido lo ha elegido para que sea el interlocutor con Sumar en las conversaciones para la investidura. “Pensar en qué efecto puede tener en la negociación la votación en el Consell es adelantarse, primero hay que votar y ver qué resultado sale”, indica Comín. “Está bien tener estas normas de regulación internas, pero luego se tiene que hacer una lectura política razonable”, defiende.

El código interno del Consell de la República fija como obligaciones del presidente “establecer y desplegar las directrices generales de la acción de gobierno y garantizar su continuidad”. El artículo 336 obliga a los miembros del gobierno de la entidad a “evitar incurrir en ninguna situación de conflicto de intereses”.

El debate se produce en un momento de cierta convulsión dentro del Consell. Toni Comín ha sido señalado por un sector de afiliados, que lo acusan de moverse por “intereses personales” e incluso de sacar tajada de la organización de eventos vinculados al movimiento independentista: “Hay que preguntarse si los proveedores beneficiaros de estos gastos de representación, montaje de acontecimientos y equipo técnico multimedia no han sido una vía de negocio de un círculo reducido de personas próximas al vicepresidente”, señalan los críticos.

Iniciativa privada

Puigdemont creó en 2018 el Consell de la República, una iniciativa privada que se presenta como “Autoridad Nacional Catalana” con el objetivo de reivindicar el resultado del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 “hasta poder hacerlo efectivo”. Desde entonces, el Consell ha tratado de arrogarse un papel de gobierno en la sombra, sin sometimientos a la legislación española, e incluso ha llegado a impulsar un carné de identidad catalana —a un precio de seis euros para la modalidad digital y de 12 euros si se quiere el carné también físicamente—. Si alguna vez lo tuvo, la entidad ha perdido el carácter de aglutinador del independentismo, y ha quedado vinculada básicamente a Junts per Catalunya. Toni Castellà y Aurora Madaula, ambos diputados de Junts en el Parlament, figuran en el cuadro de mando del Consell. También está ahí el cantautor Lluís Llach. Una fuente cercana a la dirección de Esquerra Republicana señala que, desde los republicanos, el rechazo hacia el Consell es “visceral”.

La abogada Teresa Vallverdú forma parte del órgano de mando del Consell. Señala que, más allá de si es oportuno o no convocar una consulta en este momento, el gobierno de la entidad está atado de manos, por lo que fija el código interno. Cualquier afiliado puede impulsar un debate y, si suma un 1% de avales, lo que vienen a ser un millar de apoyos, hay que someter la cuestión a votación de las bases. “Lo que luego se decida vincula al gobierno del Consell, no vincula a nadie más”, razona Vallverdú. Parecido argumento sostiene Toni Comín.

El número dos de Puigdemont argumenta que el Consell “es una organización que tiene la radicalidad democrática como uno de los principios de funcionamiento”. Comín aprovecha para salir al corte de las acusaciones de autoritarismo que un sector de afiliados ha lanzado contra la dirección, tras haberse anunciado la disolución de la Asamblea de Representantes, lo que estaba llamado a ser un Parlament de Catalunya en la sombra. La dirección del Consell sostiene que la asamblea ha perdido funcionalidad y que procede pensar en una estructura nueva. “Esta manera prepotente y española de hacer es propia de las cúpulas de partidos políticos con poca o nula democracia interna y es contraria a los valores de la república en la que pretendemos vivir”, replican los disconformes en un escrito.

La disolución o no de la Asamblea se somete a votación de los afiliados entre el 11 y el 16 de octubre, justo antes de preguntarles si el Consell debe activarse para bloquear la investidura.

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