Un año de la Ley de Memoria Democrática: desenterrar la historia para cerrar heridas

La Ley de Memoria Democrática, que cumple ahora su primer año en vigor, amplió hasta 13 las categorías de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura: desde asesinados y desaparecidos, a presos, torturados, represaliados por su orientación sexual, deportados, internados en campos de trabajo o concentración, dentro o fuera de España, exiliados, niños sustraídos y sus progenitores; depurados en sus empleos, expulsados...

La Ley de Memoria Democrática, que cumple ahora su primer año en vigor, amplió hasta 13 las categorías de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura: desde asesinados y desaparecidos, a presos, torturados, represaliados por su orientación sexual, deportados, internados en campos de trabajo o concentración, dentro o fuera de España, exiliados, niños sustraídos y sus progenitores; depurados en sus empleos, expulsados del Ejército por defender la democracia; quienes sufrieron la incautación de bienes o persecución ideológica… En plena batalla política sobre cómo abordar las consecuencias del pasado reciente, con el PP y Vox haciendo un frente común contra la legislación de memoria allá donde gobiernan, cinco beneficiados por la ley ―para la que se ha destinado una partida presupuestaria de 13,9 millones de euros― relatan a EL PAÍS qué ha supuesto para ellos su aprobación.

Fausto Canales. Las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros

Tenía dos años cuando una madrugada de 1936 sacaron a su padre, Valerico Canales, jornalero y miembro de UGT, de su casa para matarlo; 69 cuando, en 2003, descubrió que había sido trasladado sin el consentimiento familiar de una fosa común hasta el Valle de Cuelgamuros, antes llamado de los Caídos, y 89 cuando, tras dos décadas de batalla, en agosto logró recuperar sus restos y darle, junto a los de las víctimas que lo acompañaban en la caja inhumada por los forenses, un entierro digno en su pueblo, Pajares de Adaja (Ávila). “Para mí”, explica Fausto, “fue muy emocionante. Era la satisfacción por el deber cumplido. Pude cerrar una herida y el duelo que, lamentablemente, muchos descendientes todavía no han podido cerrar. Junto a los restos, el Gobierno me entregó un informe elaborado por historiadores y antropólogos forenses que explica la verdad: que mi padre fue víctima de una muerte violenta. Y creo, además, que ese acto solemne e institucional, que contó con la presencia del ministro Félix Bolaños y el secretario de Estado de memoria, Fernando Martínez, trasciende a las familias por eso, porque la sociedad puede conocer la verdad”.

Al igual que hacía antes de recuperar los restos de su padre, Fausto sigue yendo ahora a todos los actos de memoria que puede. “Lo hago por solidaridad, porque quiero participar en la reparación de las injusticias, y porque, como mi padre, todas esas víctimas murieron por defender los derechos y valores democráticos. Eran inocentes”.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha creado este año un portal web específico con toda la documentación sobre la historia del Valle de Cuelgamuros, el monumento que Franco ideó para inmortalizar su victoria y que alberga los restos de más de 33.800 víctimas. Las exhumaciones continúan en las criptas del mausoleo para atender las reclamaciones de un centenar de familias que, como Fausto, quieren elegir dónde y cómo enterrar a sus muertos.

Fernando Reinlein. La deuda con la Unión Militar Democrática (UMD)

El 31 de octubre del año pasado, en el primer día oficial de homenaje y recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le entregó un certificado que reconoce su persecución ideológica y declara “la ilegalidad” de los tribunales franquistas y la “nulidad de las sentencias y resoluciones que dictaron”. Hoy está enmarcado en el salón de su casa, junto a una fotografía del acto. “Sí, para mí es importante. Lo interpreté como un reconocimiento a todos los miembros de la UMD, los expulsados o procesados y el centenar de personas que fueron perseguidas por formar parte de ella”.

La Unidad Militar Democrática fue la primera grieta en el ejército franquista. “La idea no era dar un golpe a la portuguesa, sino, como explicó Xosé Fortes [también miembro de la UMD], echar agua en la pólvora del franquismo. Sabíamos que Franco se iba a morir y que los militares podían impedir una transición que debía hacer la sociedad civil, los sindicatos y partidos clandestinos. Así que ayudamos a desenmascarar golpes en marcha. Algunos conocidos y otros no. En junio de 1977 nos disolvimos, precisamente para no servir como coartada para que quienes pensaban lo contrario montaran sus propias asociaciones, porque nosotros éramos 100, pero ellos podían ser 1.000. Y seguimos alertando. Avisamos de que había varias conspiraciones en marcha, pero no se esperaban el día que pasó: el 23-F”.

Por luchar contra la dictadura, 11 jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas fueron juzgados y condenados en 1976 y 9 de ellos, expulsados del Ejército. La amnistía de 1977 dejó fuera a la UMD. Reinlein, que también es periodista, se enteró en el Congreso. “Cada uno tiene su opinión sobre eso. Para mí fue un error, pero comprensible, y que tardó mucho en corregirse. El ministro de Relaciones con las Cortes, Arias Salgado, con el que yo había conspirado contra Franco, me dijo, colorado, que se había reunido con el teniente general Gutiérrez Mellado, al que tanto debe la democracia de este país, y que le había dicho que si la UMD entraba en la amnistía, el Ejército no lo permitiría. El problema fue que tardaron mucho en corregirlo, nos sumieron en un pozo de silencio”.

Ese silencio duró años. “A principios de 1987 hicieron una ampliación de la ley de amnistía, diciendo que afectaba a la reincorporación a las Fuerzas Armadas de los militares de la UMD, pero de manera descafeinada porque, cuando pretendimos volver al Ejército y pedir destino, un miembro del Gobierno me dijo: ‘No te van a dar ni la caja de reclutas de Soria’. Nos obligaron a pasar a la reserva transitoria. En 2010, Carme Chacón, a la que estamos muy agradecidos, condecoró a los que habíamos sido procesados con la medalla al mérito militar, con distintivo blanco. Y el año pasado me llamaron para entregarme la declaración de reconocimiento personal. Fue un acto muy emotivo. Vi a auténticas víctimas del franquismo, de las que duelen en el alma”.

Para Reinlein, la Ley de Memoria Democrática era necesaria. “Lo dice el sentido común, el de justicia y el democrático. Se han roto muchos tabúes, se han puesto en marcha las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros, se están recuperando restos y se está aboliendo la simbología de esa época”, celebra. Preguntado por el manifiesto que firmaron algunos exmilitares en apoyo a Franco, cree que “ya no representan a nadie”. Sí lamenta que, cuando, a menudo, acude a institutos a dar charlas, percibe que, en general, los alumnos conocen “muy poco” de su propia historia —una de las medidas de la ley establece la inclusión de contenidos específicos sobre la represión franquista en los currículos escolares, lo que el PP y Vox califican de “adoctrinamiento”—. “Yo suelo contarles cómo en 1971 iba con mi mujer por la calle, le di un pico y una señora me dio un paraguazo en la cabeza. Hoy la gente joven hace el amor en cualquier lado. ¿Eso qué significa?, les pregunto. Que la sociedad es libre”.

Desde la aprobación de la ley, el Gobierno ha concedido y entregado 242 declaraciones de reconocimiento y reparación como la que Reinlein tiene enmarcada en su salón.

Marcela Castelo, un moño entre los huesos

En la exhumación de una fosa en el paraje conocido como Cruz del Cerro (Ávila), los expertos encontraron el año pasado el esqueleto de una mujer con alpargatas de caucho. Entre los huesos se apreciaba aún su moño. Tenía las manos atadas a la espalda. “La asesinaron y enterraron estando maniatada”, según explica la antropóloga e historiadora Lourdes Herrasti. La víctima se llamaba Marcela Castelo. Tenía 36 años y seis hijos (el mayor de 13, el más pequeño, de tres) cuando la mataron. No tuvo juicio ni sentencia. Su delito fue subir comida a los milicianos combatientes y su familia fue prácticamente exterminada por los rebeldes franquistas. Mataron a su hermano Patricio; a su padre, Víctor, de una paliza en el calabozo del Ayuntamiento; a su madre, Antonina Blázquez, fusilada en Navarredonda, y a su tío, Bernardo, ejecutado tras ser condenado a muerte. Su hermano Gregorio murió en el frente. El pasado marzo, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cuevas del Valle, se celebró un solemne acto de entrega de restos, ante el alcalde y el secretario de Estado de Memoria Democrática. La familia de Marcela recibió sus horquillas. Elena San Martín, sobrina nieta, y su tía Blanca Extramiana Castelo lloraban de emoción. “Para nosotros supuso empezar a cerrar una herida que duraba más de 80 años, que se reconociera por fin que fue víctima de una injusticia, saber que podíamos darle un entierro digno y recuperar su memoria después de tantos años de dolor y de miedo. Por fin se sabía la verdad, la que se había escondido”.

La ley de memoria democrática corrigió el principal déficit de la legislación anterior, en la que el Estado no asumía la localización de víctimas en fosas y cunetas y se limitaba a subvencionar a las asociaciones que impulsaban la recuperación de restos. Además, introdujo la perspectiva de género en la reparación de la represión franquista. Esposas, hijas y hermanas de republicanos sufrieron castigos específicos en la Guerra Civil y la dictadura: fueron violadas, rapadas al cero y asesinadas, pero ese dolor quedó oculto durante décadas. El Gobierno ha financiado exposiciones, investigaciones, congresos y cursos para destacar el papel y el sacrificio de esas mujeres en la defensa de los valores democráticos.

Jesús García, el último brigadista vivo

En mayo, en Collioure, se celebró, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, el primer día oficial de homenaje a las víctimas del exilio. Unas 200 personas recorrieron, ocho décadas después, el trayecto de la huida de los perdedores de la Guerra Civil por la carretera de Le Perthus, hacia Francia. Representantes del Gobierno español y el francés homenajearon entonces a 17 hombres y mujeres, entre ellos, Jesús García, de 104 años, el último brigadista internacional vivo. Nacido en Baza (Granada) emigró con su familia a Francia siendo todavía un bebé. A los 18 años, volvió a España. “Me uní a las Brigadas Internacionales para defender a la República española y para combatir el fascismo”, explicó en una entrevista a EL PAÍS. Fue enviado al frente tras ocho días de formación y fue gravemente herido en la Batalla del Ebro, donde murieron 21.500 personas, incluido, y delante de él, su mejor amigo. El día del homenaje, el salón de actos del centro cultural de Collioure lo ovacionó puesto en pie.

Juan Manuel de Hoz. Un DNI español

La Ley de Memoria Histórica de 2007 estableció la posibilidad de que descendientes del exilio pudieran acceder a la nacionalidad española. Miles de solicitudes quedaron sin atender en los consulados por no cumplir los criterios. Entre ellas, la de Juan Manuel de Hoz, argentino, de 37 años y nieto de españoles, que ha logrado su DNI español gracias a la modificación introducida en la Ley de Memoria Democrática de octubre del año pasado. Con ella se incluyó a “los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978; y a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen”, en virtud del derecho de la nueva ley o la de 2007. “Mis padres”, explica De Hoz, “se beneficiaron de la ley anterior y obtuvieron la nacionalidad española. Yo entonces me quedé fuera, pero desde el 18 de noviembre del año pasado soy español gracias a la nueva norma. Para mí esto es una cuestión de identidad y reconocimiento. Ese documento es una forma de homenajear a nuestros padres y abuelos, un gran gesto hacia ellos y a lo que padecieron”.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática y hasta el 31 de agosto se han aprobado en las oficinas consulares 69.000 solicitudes de adquisición de la nacionalidad española al amparo de la norma. En el de La Habana fueron 15.000; en el de México, más de 8.500. En Argentina, se han presentado más de 115.000 peticiones y se han resuelto afirmativamente, de momento, 5.000.