“¿Por qué siguen los desahucios?”

Una frase lacónica alertaba en el inicio de una carta dirigida el 15 de julio a este diario. “Estoy en una situación que por desgracia es común en este país”. La firmaba B. A., una mujer de 53 años que contaba la historia de un desahucio. Cabe decir que entonces todavía no había ocurrido. De hecho, desde 2020, su madre y ella habían logrado paralizarlo en seis ocasiones. Pero en la misiva la autora daba a ent...

Una frase lacónica alertaba en el inicio de una carta dirigida el 15 de julio a este diario. “Estoy en una situación que por desgracia es común en este país”. La firmaba B. A., una mujer de 53 años que contaba la historia de un desahucio. Cabe decir que entonces todavía no había ocurrido. De hecho, desde 2020, su madre y ella habían logrado paralizarlo en seis ocasiones. Pero en la misiva la autora daba a entender que lo que venía era inevitable: “Tenemos que enfrentarnos a la realidad de que nos quedaremos en la calle en breve”, continuaba B., que siempre prefirió mantenerse así, con sus iniciales.

B. vivía en Barcelona. La capital de Cataluña se ha acostumbrado a encabezar estadísticas de desahucios a escala estatal durante los últimos años. En la primera conversación para la redacción de este reportaje, con timidez y dando rodeos, la mujer lanzó una pregunta que se ha convertido en normal desde la crisis económica del 2008: “¿Por qué siguen los desahucios?”.

Los desahucios, hoy

En julio, cuando B. envió su carta, se publicó un estudio a cargo de distintas entidades sociales que analizaba los efectos de la ley catalana antideshaucios, denominada de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética, conocida por muchos por “la 24/2015″ y aprobada hace poco más de un lustro. El análisis sostenía que las medidas que habían impulsado las organizaciones sociales, entre las que se encuentran la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), habían logrado paralizar anualmente en torno a mil desahucios, además de 200.000 cortes de suministro de energía desde 2015.

Este había sido el caso de B. hasta entonces. La norma, con el objetivo de atajar los desahucios de familias reconocidas como vulnerables, resultaba de aplicación en su caso: su madre había abandonado su negocio por un cáncer y, pese a retornar al mercado laboral una vez curada, fue despedida de su puesto como recepcionista en 2018. La única fuente de ingresos de la familia se cortaba. En cuanto a B., que tenía una formación técnica en ciencias y había cotizado hasta 2009, cuando perdió su empleo poco después del inicio de la crisis, desarrolló una discapacidad permanente —certificada por la Administración— que dificultaba su retorno al mercado laboral.(

Mientras que la media europea de parque público de vivienda es del 9%, en España es del 2%

A lo largo del periodo que cubre el estudio (2015-2021) se habían registrado en Cataluña unos 84.456 lanzamientos (la etapa final del procedimiento judicial de desahucio), según el registro del Consejo Superior del Poder Judicial. Esto suponía un 20% del total de toda España en la misma etapa (375.592), el mayor porcentaje de una comunidad autónoma. Con todo, desde la aprobación de la norma se había producido una disminución en la serie histórica: de 15.000 en 2015 se pasó a alrededor de 12.000 en 2019, antes de la pandemia, cuando los desahucios cayeron en toda España.

Interpretaciones jurídicas, peleas políticas

Durante ese tiempo los expedientes se acumularon en las mesas de los juzgados, a la espera de ser ejecutados. Así lo describe el magistrado José María Fernández Seijo. Entre 2011 y 2012, durante los años más duros de la gran crisis económica, se había hecho célebre por dictar unas sentencias en Barcelona que abrieron la puerta para que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea obligase a España a modificar su ley hipotecaria. Como había sugerido el juez, en 2021 los lanzamientos remontaron, con Cataluña superando los 9.000 casos.

Coincidiendo con el incremento exponencial de desalojos, el pasado mes de febrero se aprobó una nueva ley en el Parlament de Cataluña. La norma, tramitada con carácter de urgencia, tardó ocho meses en aprobarse. Entre los motivos del retraso se encontraban las enmiendas de Junts a la norma (pese a figurar entre los promotores de la misma junto a ERC, la CUP y los comunes), o la paralización de la actividad parlamentaria con motivo de la inhabilitación de un diputado independentista. Esto, sin embargo, era solo la punta del iceberg de los vaivenes a los que se han enfrentado las políticas de vivienda catalanas, dentro y fuera de la comunidad.

La nueva ley buscaba recuperar las medidas que había sacado adelante mediante un decreto el Ejecutivo catalán, entonces presidido por Quim Torra, y que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional en 2019 tras un recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular. Aquel decreto pretendía reforzar leyes de vivienda anteriores, así como ampliar la 24/2015.

Como otros juristas consultados entonces, Fernández Seijo había mostrado sus dudas sobre la aplicación satisfactoria de la nueva norma. La ley nacía “con buena voluntad”, pero consideraba que no se podría desarrollar ante la posibilidad de que los jueces la interpretaran como una “invasión de competencias” respecto a la norma estatal. Después de su aprobación, los desahucios han continuado en Cataluña, con casi 5.000 casos en lo que va de 2022. Según la resolución de lanzamiento que B. mostraría un tiempo después, el juzgado había optado por atenerse al reglamento estatal. Su caso hubiera sido cubierto por la norma catalana.

Existen miles de pisos vacíos, pero la lista de espera para acceder a una vivienda pública puede superar los tres años

“Cataluña siempre ha tenido buenas leyes en materia de vivienda desde la época de Carme Trilla”, sintetizó después Fernández Seijo, “pero por una razón u otra no se han cumplido”. Trilla había sido directora general y secretaria de vivienda de la Generalitat entre 2004 y 2011, durante los gobiernos de Pasqual Maragall y José Montilla, un periodo en el que impulsó la Ley 18/2007 de derecho a la vivienda y el Pacto Nacional por la Vivienda 2007-2016.

El Pacto Nacional, que contó con la participación de los distintos actores implicados (instituciones, entidades financieras, promotores y administradores de fincas, partidos políticos y movimientos sociales), fue el que hizo posible la aprobación de la ley, según describe Trilla durante una entrevista telefónica. Era una norma más “general”, que sentaba las bases para una política habitacional en un contexto inflacionista propio de la burbuja inmobiliaria que se vivía entonces. Esto la diferenciaba de las leyes más recientes, “enfocadas a problemas concretos que han surgido a partir de la crisis, como la vulnerabilidad residencial”.

El pacto, sin embargo, “se rompió” en 2011, con el inicio del siguiente gobierno, liderado por Artur Mas. “Tanto en Cataluña como en el resto del Estado se consideró que no era necesaria una política de vivienda y el presupuesto cayó en picado… Esto ha supuesto diez años de dejación, una falta de responsabilidad y de visión de futuro por parte de las administraciones”. Fueron estas circunstancias las que llevaron a Ada Colau, antigua portavoz de la PAH, a la alcaldía de Barcelona. La promesa de acabar con los desahucios, con unas partidas presupuestarias millonarias para el sector vivienda desde que gobierna en 2015, no han logrado atajar los problemas estructurales que afronta el parque público.

Un parque público de vivienda “exíguo”

En octubre, B. explicó que se le venía una semana complicada: “Este viernes nos desahucian”, avisaba. Faltaban menos de cinco días y todavía no sabía adónde iban a parar. La asistenta social, “extremadamente competente pero sobrepasada por el volúmen de trabajo”, les había dicho que no disponían en ese momento de ninguna pensión que proporcionarles: “La semana pasada nos confesaba con dolor que una familia con un niño se había quedado en la calle, y que no había podido hacer nada”, había dicho en la carta.

Ir a una pensión, normalmente un hostel de turistas, era una de las últimas soluciones para personas en su situación. Pese a que había sido aceptada en la denominada Mesa de Emergencia —una de las vías para acceder al parque público de vivienda— la lista de espera en su caso ya llevaba tres años de espera. No era la única. Los pisos, según describe, “se rifan como una lotería”.

La actual situación de incremento de precios amenaza con acentuar la crisis de los desahucios

Hasta finales de 2021, cerca de 10.000 personas vivían en pisos gestionados por entidades sociales en Cataluña, según un informe del pasado diciembre presentado por la Taula del Tercer Sector y Cohabitac. “El Estado no ha estado preparado para asumir el volúmen creciente de personas vulnerables con necesidad de una vivienda: el parque público en este país es exíguo, del 2% [unas 300.000 viviendas]”, crítica Trilla. La media europea es del 9%.

Una mirada diferente

Un día de octubre de 2021, en una calle estrecha del barrio de Nou Barris, aparecieron cinco furgonetas de los Mossos d´Esquadra y cerraron la calle por ambos extremos. Se iba a ejecutar un desahucio. Los Mossos fueron a pesar del pacto preelectoral entre ERC y la CUP de principios de 2021: en caso de desalojos con presencia de familias vulnerables, se vetaba a las unidades del orden público. Este mes el Departamento de Interior de la Generalitat ha ratificado este tipo de intervenciones en casos de riesgo.

En la casa había jóvenes y familias con hijos. Como en otros casos de esa misma semana, fueron desalojados. Lo fueron a pesar de que el Gobierno central había dictado por entonces una quinta prórroga de la moratoria de lanzamientos por la pandemia. Lo fueron pese a que esta impedía el desalojo de familias vulnerables con informes de servicios sociales, como era el caso, incluso si se trataba de una ocupación.

La Sareb: un caso particular

La casa desahuciada ese día era propiedad de la Sareb, la entidad con mayoría de capital público que se quedó con los activos tóxicos tras el rescate a la banca en 2012. La sociedad dispone de más de 12.000 viviendas en Cataluña, su mayor presencia a nivel estatal (en la Comunidad Valenciana tiene 8.086 viviendas, y en Madrid, por ejemplo, 2.700). El Govern ha pedido gestionar sus activos para destinarlos al parque público, algo en lo que coinciden las entidades sociales.

“Esto no solucionaría lo de las listas de espera, pero a día de hoy sería una ayuda rápida. Llegar a los porcentajes de vivienda pública que necesitamos puede tardar años”, dice Santi Mas de Xaxàs, portavoz de la PAH, que también estaba esa mañana en Nou Barris.

En este contexto, hace unos días, la PAH protestó frente a la sede del PSC en Barcelona. El motivo era una enmienda de los socialistas a nivel estatal a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé el desalojo de personas que ocupen una vivienda en un máximo de 48 horas. El PSOE la promovió sin el apoyo de Unidas Podemos, su socio de Gobierno, y tras votar en contra de propuestas parecidas en el pasado, como una del PP en febrero de 2021.

“El mensaje que nos transmite el Partido Socialista es que no saca adelante una ley de vivienda estatal [el proyecto está bloqueado en el Congreso pese a la promesa del Gobierno hecha a Bruselas de aprobarla antes de septiembre], y sin embargo encuentra muy fácil tramitar otra para desahuciar en 48 horas a las personas que se han visto obligadas a ocupar, sobre todo porque no hay un parque de vivienda público”, dice Mas de Xaxàs, que luego continúa: “Si dicen que basta con presentar un informe de vulnerabilidad en menos de 48 horas es que no entienden cómo funciona su propia administración. Podríamos llegar a un acuerdo para acabar con los criminales que se esconden en una vivienda vacía, que no son la mayoría, pero van y criminalizan la pobreza, en lugar de proponer leyes que realmente ataquen la raíz del problema. Estamos hablando de un bien de primera necesidad.”

Una habitación propia

La noche antes del desahucio, la asistenta social encontró una habitación para B. y su madre en Badalona. Era la única opción. Sentada en un banco junto a una estación de metro, el domingo 13 de noviembre, cuenta el motivo de su discapacidad, mientras arruga entre los dedos una bolsa de tela. Un día, cruzando la calle con el semáforo en verde, un coche se saltó la luz y la atropelló. Luego siguieron unos años caminando con andador. De ello le quedaron secuelas, hasta hoy, como una fibromialgia que no la abandona. Uno de los aspectos en los que se centraba aquel informe que analizaba los efectos de la 24/2015 era la salud precaria que acusaban las personas en situación de inseguridad residencial, especialmente mujeres y niños.

No sabe hasta cuándo estarán en esa pensión. Al principio se preguntaba, como en la carta, qué clase de Estado de derecho se ha construido, “en el que las leyes no nos protegen y los derechos son papel mojado”. Pese a ello, pasados unos minutos, recupera la sonrisa, bromea. La persona que escribió aquella carta, y que ese día en Badalona dijo que prefería mantenerse en el anonimato —”no soy la única persona que ha pasado por esto, porque le afecta a miles”— lo hizo con una intención. Si todo acababa mal, dijo, esperaba que esa carta sirviera para decir que los desahucios continúan: “Tal vez así algún día las cosas cambien”.

El imaginario de la ocupación

Al trasladarle aquella pregunta que dejó caer B. durante la primera llamada, Fernández Seijo comenzó por establecer una distinción. “Cuando la opinión pública habla de desahucios, nosotros distinguimos tres tipologías distintas”, matizó el magistrado, antes de agregar que se ha tendido a englobar todo bajo la categoría despectiva de “okupa”. Por un lado, están aquellos desalojos que afectan a personas con una vivienda comprada con un préstamo hipotecario y que no han podido continuar pagándolo. “Ahí es donde se ha producido un repunte. Se están reproduciendo los mismos problemas que arrastramos desde 2008, cláusulas abusivas, pisos valorados por encima del valor real…”.

El segundo motivo reside en los alquileres y su impago. “Como no se han podido topar de manera efectiva los precios del alquiler, los propietarios actualizan la renta a nivel de mercado y sencillamente hay gente que no llega”. (Desde 2005 hasta 2020 el precio del alquiler en Cataluña ha crecido un 16% más que la renta per cápita, siendo los jóvenes y las personas vulnerables quienes más lo han sufrido, según un informe de este año de la cátedra de empresa “Vivienda y futuro” de la Universidad Pompeu Fabra y la Asociación de Promotores de Cataluña). Este era el caso de B. y su madre, que siguieron pagando el alquiler durante un tiempo con los ahorros que les quedaban, además del subsidio que recibían de la administración dada su situación de vulnerabilidad.

“Todo esto se vincula además con la gentrificación que viven algunos barrios de Barcelona”, continuó el jurista, que hace referencia a barrios como Sant Andreu o Sants, que históricamente han tenido precios de alquiler más “moderados”: “Ahora están en manos de gente con mucho poder adquisitivo”.

El caso de los okupas, “quienes no tienen un título ni derecho que reconozca su vulnerabilidad”, crítica Fernández Seijo, “no es generalizado”: “Creo que hay una campaña interesada y sesgada. No existe ese problema generalizado de que haya un movimiento okupa que esté dando patadas a puertas en pisos vacíos. Detrás de eso, entre otras cosas, también hay campañas de empresas de seguridad. Es un debate donde se mezclan distintos aspectos, y siempre en perjuicio de los más débiles”.