Pilar Llop: “No hay mayoría suficiente para reformar la inviolabilidad del Rey”

La ministra de Justicia, Pilar Llop (Madrid, 48 años), aún busca cuadros para su despacho en la palaciega sede del ministerio. En una pared cuelga uno de una menina, que confiesa que cogió prestado a un funcionario. Ha mandado a restaurar el que presidía la estancia, el del político y jurista Manuel Alonso Martínez. Esta madrileña políglota, magistrada de carrera, fue antes presidenta del Senado (diciembre 2019-julio...

La ministra de Justicia, Pilar Llop (Madrid, 48 años), aún busca cuadros para su despacho en la palaciega sede del ministerio. En una pared cuelga uno de una menina, que confiesa que cogió prestado a un funcionario. Ha mandado a restaurar el que presidía la estancia, el del político y jurista Manuel Alonso Martínez. Esta madrileña políglota, magistrada de carrera, fue antes presidenta del Senado (diciembre 2019-julio 2021), delegada del Gobierno contra la Violencia de Género (2018-2019) y diputada en la Asamblea de Madrid (2015-2019). Recibe el viernes a EL PAÍS en su despacho.

Cuando están a punto de cumplirse tres años desde que caducó el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Llop lamenta que el bloqueo del órgano, del que culpa al PP, “compromete” la imagen internacional de España. Y descarta que se vaya a reformar la Constitución para limitar la inviolabilidad del Rey porque, asegura, no hay en las Cortes la mayoría de dos tercios necesaria para hacerlo.

Pregunta. ¿Está cerca el acuerdo con el PP para renovar el CGPJ?

Respuesta. Llevamos ya casi tres años sin renovación y no puedo pensar que no se pueda renovar ya. Es una cuestión grave. La ciudadanía tiene que saber que la renovación tiene un impacto evidente porque el Consejo nombra a los magistrados del Supremo, que hacen la jurisprudencia de temas tan importantes como desahucio, familia, temas laborales... Y, si no se pueden cubrir las vacantes, el propio tribunal ha dicho que va a haber un retraso de hasta mil casos al año. Acabo de tener una reunión online con el comisario de Justicia, [Didier] Reynders, en la que de nuevo me ha dicho que hay que renovar ya el Consejo. Es verdad que también ha dicho que es necesario revisar el modelo que tenemos. Pero nuestra imagen internacional se ve comprometida por la no renovación a causa de un bloqueo del PP, que está constantemente poniendo excusas. Ahora quiere reformar este sistema, pero llevan 35 años con él y han propuesto siempre vocales. Yo nunca he dudado de la independencia de esos vocales ni de la de los magistrados del Supremo a quienes han nombrado esos vocales.

El bloqueo del PP al Consejo compromete nuestra imagen internacional

P. ¿Asume el Gobierno que se va a tener que abrir el debate sobre el sistema de elección del Consejo?

R. Ese debate no es al Gobierno a quien corresponde abrirlo. El Consejo es un órgano que representa a un poder del Estado y quien nombra a los vocales del Consejo y tiene que decidir sobre su reforma es el Parlamento. El Gobierno no debe inmiscuirse en otros poderes del Estado. Dicho esto, el Gobierno entiende que el modelo que tenemos es el adecuado porque a los 12 vocales jueces ya los proponen los jueces.

P. Pero admite que el comisario le ha dicho que conviene revisar ese modelo. ¿No conoce el comisario el sistema de elección o lo conoce pero no le convence?

R. Yo le he explicado el modelo y ha anunciado que va a hacer una visita en marzo relacionada con el informe del Estado de derecho. Le he pedido que además de reunirse con las asociaciones [judiciales] también debe verse con otros operadores jurídicos, porque el Poder Judicial es un poder de los ciudadanos donde están representadas otras profesiones.

P. Usted es jueza de carrera, ¿considera que su carrera es mayoritariamente conservadora y si los jueces eligieran a los vocales el Consejo también lo sería?

R. En la carrera judicial hay distintas sensibilidades y es verdad que las asociaciones judiciales mayoritarias son las conservadoras. Pero no me preocupa que haya más jueces de una ideología u otra sino que los jueces tengan la mayor formación posible para afrontar todos los asuntos. Por ejemplo, esto es muy importante en los delitos relacionados con el género. Es muy importante tener esa formación adicional para aplicar la ley de la mejor manera posible. No todo es técnico al aplicar el derecho.

No me preocupa que haya más jueces de una ideología u otra, sino que los jueces tengan la mayor formación posible para afrontar todos los asuntos

P. Estos días se han producido manifestaciones contra la derogación de la ley mordaza. ¿Se está malinterpretando, o tergiversando, la reforma de esa ley?

R. Quiero mostrar todo mi respeto a las Fuerzas de Seguridad del Estado. No conozco a fondo el texto en el que está trabajando Interior, pero es verdad que el que tenemos ahora no responde a las necesidades de una sociedad donde se debe promover el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y manifestación. La actual ley no dota de total seguridad jurídica a las fuerzas de seguridad para actuar y es importante que se dote de esa seguridad, no solo a la ciudadanía sino también a los profesionales. Además, al elaborar la ley se tiene que escuchar a todos, también a las personas que están trabajando, porque tienen conocimientos que enriquecen los textos. Y en esta ley me preocupa también que se reforme un aspecto: la norma sanciona a las mujeres que ejercen la prostitución cerca de colegios. Eso habría que reformarlo porque a estas mujeres hay que apoyarlas, nunca sancionarlas.

A las mujeres que ejercen la prostitución hay que apoyarlas, nunca sancionarlas

P. ¿Cree que, con la polémica sobre esta reforma, existe el riesgo de politización de la policía?

R. La política y la ideología están en todas partes. Porque cada paso que damos en la vida es política: a qué colegio llevas a tus hijos o dónde compras la ropa. No creo que esté politizada la policía ni la justicia, sino que hay asociaciones con carácter ideológico para defender las reivindicaciones corporativas de estos cuerpos. La diversidad hay que respetarla.

P. ¿Por qué está infrarrepresentada la mujer en los puestos altos de la judicatura?

R. Las mujeres en la judicatura ya han llegado a tener la antigüedad y los méritos suficientes para acceder a esos puestos de responsabilidad en igualdad que los hombres. Hay una comisión de igualdad del CGPJ que informa en los nombramientos discrecionales y siempre recomienda que, a igualdad de méritos, se elija al sexo que está menos representado. Pero luego, a la hora de elegir, no siempre se opta por ese criterio. Y no porque tengan menos mérito o capacidad. Es cierto que más del 90% de las licencias por cuidado de hijo las asumen las juezas, igual que pasa en la población general. Esto provoca que en esos años no hacen cursos, no recargan esos méritos que los hombres sí. Y al final esto hace que las mujeres tengamos menos cursos o méritos cuando a lo mejor tenemos el mismo o más talento.

P. ¿Cómo puede corregirse?

R. Los cuidados tienen que ser considerados como un mérito y no como un demérito. Tenemos que ponerlos en valor. En el concurso de letrados al CGPJ se estableció que haber tenido una licencia para el cuidado de hijo puntuaba. Porque los cuidados son un valor que viene muy bien para la vida profesional.

Los cuidados deben ser considerados como un mérito y no como un demérito. Son un valor que viene muy bien para la vida profesional

P. El magistrado del Constitucional Enrique Arnaldo, que se pronunció públicamente contra la ley del aborto, será el ponente de la sentencia que decidirá sobre esta norma. ¿Qué reflexión le merece?

R. Es una cuestión que corresponde al Tribunal Constitucional. Ha habido casos en que cuando algunos profesionales se han pronunciado claramente sobre un tema luego eso ha sido motivo de recusación. Pero no hablo de este caso concreto. Tampoco sabemos cómo se va a resolver esa sentencia ni qué mayorías se van a dar. Lo que sí espero es que el Constitucional esté a la altura del actual contexto social, de que la ley de plazos nos situaba a un nivel homogéneo con otros países de Europa y que es algo muy importante para la independencia de las mujeres y para la igualdad.

Espero que el Constitucional esté a la altura del actual contexto social en su sentencia sobre la ley del aborto

P. ¿Le incomoda que los partidos que forman el Gobierno hayan aceptado los nombres de Arnaldo y Concepción Espejel para formar parte del Constitucional?

R. No son cuestiones de gustos ni de comodidad o incomodidad. Sé que son personas con una larga trayectoria en el mundo del derecho que cumplen los requisitos para ser nombrados. Y que las fuerzas políticas han decidido esos nombres. Es importante recordar que el Constitucional es un órgano con una naturaleza política, no es de la jurisdicción ordinaria. Y lo es hasta tal punto que están los tres poderes del Estado representados en su elección. La pregunta de si me incomoda la podría responder respecto a los dos miembros que nombra el Gobierno, pero no respecto a los que nombran otros poderes.

P. ¿Teme que se pueda ver afectada la imagen del Constitucional? Usted lamentó la sentencia contra el primer estado de alarma, a la que ha seguido una segunda y la polémica de los nombramientos.

R. Yo dije que el Gobierno acataba, pero discrepaba del contenido. Lo hice para dar explicaciones a la ciudadanía porque, en el contexto de la peor crisis sanitaria social y económica de las últimas décadas, la ciudadanía merecía una explicación por parte del Gobierno de por qué se había actuado así a pesar de que el Constitucional entendió que lo correcto era el estado de excepción y no el de alarma. Una sentencia muy controvertida, que se adoptó por cinco votos a seis. Lo que puede generar una erosión de las instituciones no es que se cuestionen decisiones sino que se bloqueen esas instituciones.

P. Tras lo ocurrido en la pandemia de la covid-19, ¿hay que reformar las leyes sanitarias por si se repite una situación similar?

R. El Grupo Popular habla de ley de pandemias, pero no concreta. Nosotros ya tenemos un marco legal, que es la ley del estado de excepción, alarma o sitio, las leyes sanitarias y la jurisprudencia del Constitucional. Pero sobre todo es que somos un estado compuesto donde las comunidades autónomas son las que conocen mejor la situación concreta en cada momento. La clave del éxito de lo bien que lo estamos haciendo, que nos lo reconocen en Europa, es la cogobernanza, sobre todo en los consejos interterritoriales de salud. Y también la responsabilidad de la ciudadanía, que ha entendido que vacunarse es la mejor salida para esta crisis. Tenemos instrumentos legales, jurisprudenciales y la conciencia ciudadana solidaria.

P. Estos días asistimos de nuevo a discrepancias entre los tribunales autonómicos por el certificado covid. El Gobierno dio la última palabra al Supremo, pero el propio tribunal ha dicho que la regulación es deficiente y los presidentes autonómicos se quejan de inseguridad jurídica.

R. Creo que el hecho de que decida el Supremo es lo correcto. Una ley [de pandemias] tampoco garantiza que no haya recursos. Que el Supremo sea el máximo intérprete es lo que dota de seguridad jurídica.

P. Tras el reciente aval del Constitucional a la prisión permanente revisable, usted anunció que el Gobierno renuncia, de momento, a derogarla. ¿Por qué?

R. Es verdad que nosotros criticamos en su momento que la implantación de la prisión permanente revisable se había hecho con poca reflexión, se había debido más quizá impulsos sociales. Y, sobre todo, era una reforma que se había adoptado por una fuerza política, que era el Grupo Popular, que tenía una mayoría suficiente para imponerla al resto. Es decir, que ese debate no fue tan plural como hubiera sido deseable en una medida de estas características. Pero también es verdad que ya ha hablado el Constitucional y ha entendido que la prisión permanente revisable cumple con los parámetros de constitucionalidad. El Gobierno respeta lo que ha dicho el Constitucional y también entiende que ahora la sociedad no merece que se reabra este debate porque genera sufrimiento.

Se trabaja para reformar el delito de sedición, pero no tenemos mayoría

P. ¿Se va a reformar el delito de sedición?

R. El presidente del Gobierno ya lo ha dicho, que ahora mismo no tenemos las mayorías suficientes para modificaciones orgánicas del Código Penal de esta envergadura. Las modificaciones que estamos trabajando y que hemos elevado al Consejo de Ministros han sido reformas, como la de los delitos de fraude y de falsificación a través de medios de pago distintos de efectivo, que vienen por directiva europea y había que hacer la transposición. En el delito de sedición estamos trabajando internamente, para reformar los delitos de opinión y de sedición, no hemos parado de trabajar en el Ministerio de Justicia porque el delito de sedición que tenemos vigente no responde a la modernidad a los estándares europeos, está ya desfasado. También hay que trabajar en él, pero no hay un consenso político sobre esto.

P. ¿Se va a eliminar, o retocar, la inviolabilidad del Rey?

R. Es una cuestión también de modernidad y de ir avanzando a instituciones más transparentes y que se adecuen más con la realidad. Todas las personas que estamos en distintas instituciones estamos cumpliendo con unas exigencias de transparencia y responsabilidad que nos está exigiendo la ciudadanía. En este sentido, es verdad que Felipe VI ha estado dando importantes pasos en materia de transparencia y yo alabo que se den pasos en ese sentido.

P. ¿Pero no se va a hacer vía reforma de la inviolabilidad? ¿Descartan reformarlo en la Constitución?

R. Ahora mismo no se dan las mayorías suficientes para hacer una reforma constitucional. No la tenemos para nombrar los vocales del Consejo, imagínese para tocar una reforma constitucional que exige una mayoría mucho más reforzada, pero el debate está ahí, es un debate público. Abrir ese debate en Cortes generales a través de una iniciativa legislativa que toque la Constitución ahora mismo es inviable por la fragmentación política que tenemos.

P. ¿La Ley de Memoria permitirá investigar, y en su caso juzgar, a los autores de crímenes franquistas que sigan vivos?

R. No voy a decir nada distinto de lo que ya ha dicho el ministro de la Presidencia: que la ley de la memoria histórica no va a afectar a la ley de amnistía. Las generaciones que estamos hoy aquí les debemos mucho a la Transición, pero creo que es importante que no perdamos la memoria, y que tengamos sensibilidad y este compromiso de verdad y de garantías de no repetición. Solo conociendo nuestra historia vamos a ser capaces de no caer en los mismos errores.