Los rectores catalanes denuncian las políticas de Ayuso: “Es una falta de escrúpulos y de respeto por lo público”

Los rectores de las universidades públicas catalanas se muestran “consternados” y “profundamente preocupados” por la situación de los campus de Madrid y la falta de financiación por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Achacan esta política a un “liberalismo descarnado y desatado” y a una “falta de escrúpulos y de respeto por lo público”, además de alertar de los riesgos por el crecimiento descontrolado de ...

Los rectores de las universidades públicas catalanas se muestran “consternados” y “profundamente preocupados” por la situación de los campus de Madrid y la falta de financiación por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Achacan esta política a un “liberalismo descarnado y desatado” y a una “falta de escrúpulos y de respeto por lo público”, además de alertar de los riesgos por el crecimiento descontrolado de centros privados sin un mínimo de calidad de docencia. Asimismo, en declaraciones a EL PAÍS, los rectores de las grandes universidades del área de Barcelona critican que se permita que centros privados operen con el epígrafe de “universidad” y piden al Gobierno que regulen qué puede llamarse universidad y qué no.

Las universidades madrileñas han vivido estas últimas semanas una situación muy convulsa a raíz de la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de no apostar por la universidad pública con una inyección de financiación que ayude a revertir los recortes, mientras paralelamente se autoriza la apertura de numerosos campus privados. Los rectores reclamaban una subida de 200 millones en los Presupuestos regionales de 2025 (18%) para poder enjugar el déficit que les ahoga. Ayuso, tras recibir una carta abierta muy dura de sus rectores, se avino solo a un incremento de 47 millones (4,2% más), una cifra que las universidades consideran “insuficiente”.

La asfixia económica ―primero por la crisis y los recortes, y posteriormente por la inflación― ha sido un denominador común en todo el sistema universitario, pero en algunos casos, la situación ha empezado a remontar. El de Cataluña ―que agrupa parte de las universidades más potentes, pero que durante la crisis vivieron duros episodios de ahogo económico como los que denuncia Madrid ahora― es uno de ellos. Los siete campus públicos reciben actualmente de la Generalitat unos mil millones para costear las facturas y el mantenimiento de los edificios. Este también ha sido uno de los quebraderos de cabeza para las universidades, especialmente para las más antiguas, con construcciones que acumulan varios siglos de historia. El Govern ha empezado a recuperar la partida destinada a infraestructuras, que ahora es de 50 millones (había quedado en 16 durante los recortes, pero 76 antes de la crisis). Y el president Salvador Illa se ha comprometido a incrementar en 400 millones la financiación de las universidades progresivamente, para llegar a los 1.400 millones en 2030 (el 1% del PIB catalán).

Desde una posición más tranquila, los rectores catalanes recuerdan lo vivido hace una década y empatizan con la angustia de sus homólogos madrileños. “Estamos consternados porque es muy doloroso ver lo que te explican y lo que están viviendo”, asegura Joan Guàrdia, rector de la Universidad de Barcelona. En nombre de otros dirigentes universitarios, Guàrdia expresa también una “profunda preocupación” por la proliferación de los campus privados: “No solo está pasando en Madrid, pero el caso de Madrid es tan impúdico que ofende”. El rector de la principal universidad catalana lo achaca a unas políticas que buscan apostar por el sector privado. “Hay una sensibilidad política que parte del liberalismo descarnado y desatado, que no piensa que la universidad pública es un mecanismo de equidad social, y cuando se deja de creer en ello es muy fácil poner en cuestión todo el sistema público. En Madrid pasa con la sanidad y la educación. Hay una falta de escrúpulos en el respeto por lo público”.

Cataluña ha logrado blindar su sistema a la entrada de universidades privadas, y solo hay tres de esta titularidad, pero que son fundaciones sin ánimo de lucro, además de otras dos público-privadas. Los rectores aseguran que ello ha sido gracias al compromiso de los diferentes gobiernos autonómicos, y se muestran preocupados por el crecimiento desmesurado de campus privados, que ya son casi medio centenar en toda España, casi igualando la cifra de públicos.

“Es muy importante decidir qué es una universidad y qué es otra cosa. Todo el mundo quiere atribuirse la etiqueta de universidad, porque la imagen pública de la universidad es mejor que el de cualquier otro centro de formación, así que si se le pone la etiqueta de ‘universidad’, ello revaloriza la oferta formativa de ese centro. Por un lado, ello habla bastante bien del prestigio de las universidades, pero debemos estar alerta de no degradar el concepto”, defiende Daniel Crespo, rector de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).

El responsable de la Autónoma de Barcelona, Javier Lafuente, alerta de que si se permite la existencia de campus privados con baja calidad de docencia, ello puede salpicar a todo el sistema. “Cuando una empresa contrata un ingeniero de la UPC o un economista de la Pompeu Fabra está tranquila, porque sabe que será un profesional de calidad. Con un sistema basado en el aspecto monetario, el riesgo es que formamos a gente con un nivel inferior y cuando salgan a trabajar tendrán un título, que será el mismo que la pública y al final lo que hará es desprestigiar todo el sistema universitario español”.

Universidades e investigación

Asimismo, alertan de las consecuencias en la investigación, un ámbito actualmente muy ligado a las instituciones públicas. “Las universidades públicas tenemos el 65% de alumnos, pero hacemos el 90% de la investigación. Si se renuncia a la investigación, el riesgo puede ser muy grande. Los resultados actuales de la investigación son fruto de políticas de hace 20 años, así que de aquí a 20 años veremos las consecuencias de las decisiones de hoy”, alerta Crespo.

Otro de los riesgos que ven los rectores es el de un aumento de las desigualdades. “Si España optara por un sistema privado de universidades, desaparecería el ascensor social. Yo personalmente lo lamentaría profundamente porque yo cogí ese ascensor hace 50 años y sin él no estaría aquí ahora mismo”, confiesa el rector de la UPC.

Para frenar esta proliferación de las privadas, los rectores barceloneses creen que las públicas deberían ser más ágiles y con más capacidad de reacción. “La clave es que seamos hábiles y flexibles para espabilar y poder responder a las necesidades que hay en este momento. Tenemos que poder reaccionar a la velocidad que nos pide la sociedad”, apuesta Laia de Nadal, rectora de la Universidad Pompeu Fabra. Y es que una universidad pública puede tardar hasta cuatro años en dar luz verde a una nueva titulación, cuando las privadas barajan tempos más rápidos. Asimismo, los rectores piden una mayor regulación sobre el sector para impedir que cualquier centro privado pueda publicitarse como universidad. “¿Queremos tener un centenar universidades privadas? ¿Queremos tener una universidad en un centro comercial? Esto no se puede hacer. Alguien en algún momento debe decir qué es una universidad y qué no lo es, porque si no, todo vale”, remata Crespo.