El Gobierno retrasará las nuevas exigencias a las escuelas infantiles para no hundir al sector privado ni frenar la expansión pública

El Ministerio de Educación va a dar más tiempo a las escuelas infantiles que matriculan a niños de 0 a 3 años para adaptarse a las nuevas condiciones físicas y de número máximo de alumnos por aula incluidas en el nuevo decreto de centros educativos, cuyo primer borrador presentó en julio. El texto establecía por primera vez unos requisitos mínimos y unas ratios máximas por aula que todas las escuelas infantiles españolas, públicas y privadas, debían empezar a cumplir en el curso 2023-2024. Ahora, las aulas de 0-3 se rigen por normas autonómicas muy diversas. Y la nueva regulación, la primera d...

El Ministerio de Educación va a dar más tiempo a las escuelas infantiles que matriculan a niños de 0 a 3 años para adaptarse a las nuevas condiciones físicas y de número máximo de alumnos por aula incluidas en el nuevo decreto de centros educativos, cuyo primer borrador presentó en julio. El texto establecía por primera vez unos requisitos mínimos y unas ratios máximas por aula que todas las escuelas infantiles españolas, públicas y privadas, debían empezar a cumplir en el curso 2023-2024. Ahora, las aulas de 0-3 se rigen por normas autonómicas muy diversas. Y la nueva regulación, la primera de ámbito estatal para los primeros años de escolarización, se enmarca en la voluntad del Gobierno de dignificar, aumentar la tasa de escolarización y dar un enfoque educativo a una etapa considerada tradicionalmente sobre todo asistencial, pese a las evidencias sobre su potencial para compensar las desigualdades sociales a medio y largo plazo.

El aplazamiento, solicitado por las comunidades autónomas, se concretará probablemente en un cambio que limitará el cumplimiento inmediato de las nuevas condiciones a los centros de nueva creación, y dará un periodo de tiempo a las que ya existen para adaptarse. El objetivo, señalan fuentes del ministerio, es evitar dañar al sector de las escuelas infantiles privadas, muy castigado por la pandemia y por el descenso histórico de la natalidad, y no ralentizar el despliegue de plazas públicas de 0-3 que están llevando a cabo las comunidades autónomas con fondos del Gobierno y la Unión Europea.

El borrador de real decreto de condiciones mínimas de los centros educativos, presentado a las comunidades autónomas en julio y enmarcado en la reforma general del sistema educativo puesta en marcha tras la aprobación de la Lomloe, indicaba que en las clases de 0 años habría un máximo de 8 alumnos; en las de 1 año, 12, y en las de 3 años, 18. La ratio en las aulas de 0 años no planteaba conflicto, porque es la que ya rige en casi todos los territorios. La ratio en las aulas de 1 año representaba mayor dificultad, porque en la mayoría de las autonomías es ahora de 13. Y el verdadero problema residía en las de 2 años, porque a esa edad la tasa de matriculación ya es importante (el 64% de los niños están escolarizados) y 9 de las 17 comunidades autónomas, incluidas las seis más pobladas, tienen un límite de 20 niños por clase. El texto introducía, además, nuevas exigencias difíciles de cumplir principalmente por una parte de los centros privados, en otros aspectos, como el tamaño del patio (un mínimo de 75 metros cuadrados si tenía menos de seis unidades y de 150 metros a partir de ese límite), y la existencia de una sala polivalente de 36 metros cuadrados.

El borrador del real decreto se encontró en la reunión en que fue presentado por el ministerio con la oposición frontal de las comunidades gobernadas por el PP, y también con las reticencias de algunas autonomías gobernadas por los socialistas, que pidieron tiempo para analizar y debatir la norma. El único obstáculo fue la regulación del primer ciclo de infantil, porque en el resto de etapas las ratios de alumnos permanecían iguales. El ministerio decidió abrir una fase de negociación y, tras recibir las alegaciones de las comunidades autónomas, espera presentar un nuevo borrador de decreto en la segunda quincena de septiembre, aunque no es descartable que se retrase más. El motivo es que en el caso de la etapa 0-3 el decreto no modifica condiciones previamente reguladas, como en el resto de etapas, sino que las regula por primera vez, lo que puede hacer su tramitación más compleja de lo previsto.

Los requisitos incluidos en el borrador preocupan al presidente de la patronal de las escuelas infantiles, Ignacio Grima. “Desde una perspectiva teórica, cuantos menos niños haya por aula, mejor. Pero hay que ser realista sobre la aplicación práctica de una medida que puede hacer económicamente insostenible algunos grupos. Y, además, la ampliación de espacios, que en ciertos casos resultan imposibles físicamente de ejecutar, llevarían a bastantes centros a tener que cerrar”, afirma. La previsible moratoria chocará, al mismo tiempo, con las demandas de la comunidad educativa, que ya consideraba demasiado elevadas las ratios previstas en el borrador de decreto. UGT reclama, por ejemplo, que haya como máximo seis niños en las clases de 0 años, 10 en las de 1 año, y 12 en las de 2.

“Necesitan mucha atención y la necesitan ya”

También considera insuficientemente exigente el primer borrador el psicólogo Vicenç Arnaiz, experto en educación infantil e impulsor de la red de Escoletes de Menorca, que, recuerda, no baja la ratio en todas las comunidades, porque en una parte de ellas son más reducidas ahora. “En general las baja, pero porque muchas comunidades tienen números absurdos, como clases con 20 criaturas de dos años. Quien ha tenido hijos de esa edad, puede imaginarse a 20 como ellos. La maestra no puede dar abasto, porque necesitan mucha atención y la necesitan en ese momento. No se les puedes decir: ‘Espera cinco minutos, que ahora no puedo’. Y, además, siempre hay incidentes: uno que vomita, otro que se ha caído, dos que se pelean… Es aberrante pensar en un marco educativo con 20 criaturas o con 18″.

Arnaiz echa en falta también que el borrador, además de establecer un número máximo de alumnos en el aula, establezca unas dimensiones mínimas para las clases, porque ahora solo señala que deberán tener al menos dos metros cuadrados por alumno. Sin más concreciones, advierte el experto, podrá haber aulas de 0 años de 16 metros con ocho niños, o clases de 2 años con 12 niños en 24 metros cuadrados, unas proporciones que en su opinión carecen de sentido teniendo en cuenta que se trata de críos que no se quedan sentados, sino que tienden a moverse sin parar. El psicólogo lamenta igualmente que el borrador no prevea la presencia de especialistas en logopedia y educación especial en el primer ciclo de infantil para facilitar la inclusión educativa y permitir la detección temprana de problemas de desarrollos en los niños. “Parece apostar sin decirlo por un modelo de atención temprana extraescolar, que los padres tengan que acudir a otro centro para que diagnostiquen a sus hijos”, afirma.

La experiencia de Maite Lillo, que fue educadora (para lo que se requiere un título superior de Formación Profesional) y ahora es maestra de infantil, es que en las clases de niños de 2 años hay una diferencia importante entre tener 20 niños en el aula o tener 18. Y lo que supone un cambio enorme, prosigue, son las aulas de 2 años que se han ido abriendo en los colegios públicos de la Comunidad Valenciana, donde además de la educadora que normalmente se exige hay también una maestra, y ambas trabajan juntas en clase. “Son todavía muy dependientes, y si una está sola y tiene que cambiar pañales, enseñarles a beber solos, autonomía de higiene, lavarse las manos y el resto de hábitos que forman parte de los objetivos principales de la etapa, no puede estar atendiendo a la vez el aspecto pedagógico”.

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