Trabajo confía en convencer a Junts sobre la reducción de jornada con concesiones a los empresarios

La reducción de jornada a 37 horas y media semanales está al borde de un precipicio. Aún vive, pero puede despeñarse en menos de una semana si Junts no retira su enmienda a la totalidad al proyecto. Ese texto se ex...

La reducción de jornada a 37 horas y media semanales está al borde de un precipicio. Aún vive, pero puede despeñarse en menos de una semana si Junts no retira su enmienda a la totalidad al proyecto. Ese texto se expresa en unos términos difíciles de conciliar con un futuro respaldo. “La viabilidad de las pymes se puede ver gravemente perjudicada por esta imposición rígida de la reducción de la jornada”, dice. Pese a esta enmienda de los independentistas, que si nada cambia se votará el próximo miércoles (y triunfaría si la respaldan PP y Vox), Trabajo mantiene la esperanza de que Junts cambie de parecer. Para ello, el ministerio ha puesto sobre la mesa varios argumentos de índole laboral con los que confía, aunque cree que hay mucho trasfondo político, en convencer al grupo de Carles Puigdemont. Los que han trascendido son la recuperación de las millonarias ayudas para pymes y medidas contra el absentismo como las que reclamaba la patronal catalana Pimec. Por si no bastan, se suma una amenaza: la de endurecer el registro horario de forma unilateral, algo para lo que el Gobierno no necesita al Congreso.

Los incentivos para pequeñas y medianas empresas no son nuevos. El asunto se planteó en la negociación con los representantes de los trabajadores y los empresarios el año pasado. Aquel plan tenía dos pilares. El primero es el Plan pyme 375, consistente en bonificaciones en las cotizaciones de las nuevas contrataciones o conversiones de contratos a tiempo parcial en jornada completa para empresas con menos de diez trabajadores y una facturación inferior a dos millones anuales. El segundo, con el que elevó su oferta a los empresarios, eran una serie de ayudas directas de hasta 6.000 euros para compañías de menos de cinco trabajadores de los sectores del comercio, la hostelería, la peluquería, la limpieza o la agricultura, actividades especialmente afectadas por el eventual recorte de jornada. Podrían beneficiarse medio millón de compañías, según las estimaciones de Trabajo, y el Gobierno estaría dispuesto a destinar hasta 350 millones a estas partidas.

CEOE y Cepyme, la voz empresarial en aquella mesa de negociación, rechazaron la idea en su día. Además, criticaron la posibilidad de recuperarlas después en la negociación parlamentaria, como plantea Trabajo. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, dijo en febrero que era una “propuesta trampa”. “El Gobierno no va a pagar los 23.000 millones de euros que va a costar a las empresas reducir la jornada”, argumentó, citando cálculos propios.

El rechazo empresarial también se replica en las patronales catalanas, con distinta intensidad en la asociada a CEOE (Foment, una de las más beligerantes contra la contracción) y en la independiente de la gran patronal española, Pimec. Tras un reciente encuentro con el grupo parlamentario de ERC, esta asociación empresarial dijo que rechazaba la medida porque “supondría un aumento insostenible de los costes laborales para las empresas de menor dimensión”. Pero sugiere que si hay cambios sustanciales en la norma sí podría prosperar en el Parlamento. Trabajo dio alas a esta patronal en abril, cuando le abrió la puerta de la Comisión Nacional de Convenios, lo que se interpretó como un paso para facilitar el apoyo de Junts a la reducción de jornada. Pero esta patronal siempre subrayó que no era un trueque y su entrada en el órgano no implicaba un respaldo al recorte de jornada.

El delicado combate al absentismo

Uno de esos aspectos en los que insiste Pimec, y coincide el resto del ecosistema empresarial, es la importancia de combatir el absentismo, dado el récord de bajas por incapacidad temporal que registra España. Por ello viene reclamando integrar el asunto en la conversación sobre la reducción de jornada. Es algo a lo que ha accedido el Ministerio de Trabajo. Lo dejó claro Yolanda Díaz en mayo, en el Foro CREO organizado por Cinco Días y Prisa Media: “Hay margen para actuar en nuestro país. Lo he aprendido de las empresas españolas”.

Díaz ni precisó entonces cuáles deberían ser esas medidas ni lo ha hecho después, pero lo que dejan claro fuentes conocedoras de la negociación es que este es uno de los aspectos sobre los que más han discutido Trabajo y Junts. Para el ministerio de Díaz es un asunto delicado, dado lo enconado del debate: el incremento de las bajas ha agitado un discurso muy crítico de algunas voces de la derecha económica, que apuntan a que buena parte de esas ausencias son fraudulentas. Esto genera un enfado en los sindicatos que se concretó en una campaña reciente de CC OO, con el lema Ejercer derechos no es absentismo. Desde su punto de vista, el aumento del absentismo se relaciona con el envejecimiento de la población y con el tiempo de espera de la sanidad pública, lo que prolonga las ausencias.

Para corregir ese último problema, CEOE, Cepyme, UGT, CC OO y el Ministerio de Seguridad Social acordaron el año pasado dar un mayor protagonismo a las mutuas en la recuperación de las dolencias musculoesqueléticas. Ese acuerdo (que se concreta mediante convenios con los servicios de salud de las comunidades autónomas) ya generó críticas a los dos sindicatos más representativos desde otras centrales de menor tamaño y también desde los grupos parlamentarios de izquierdas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. Es más, el Gobierno sacó adelante la reforma que incluía esa medida (aunque justo ese punto no necesitaba respaldo parlamentario) con el apoyo del PP y con el voto en contra de varios socios progresistas.

Con ese balance político del paso que dio la Seguridad Social para reducir el absentismo, y con la tormenta que despertó la idea de las bajas flexibles (rápidamente renombradas como altas progresivas), cabe anticipar que cualquier movimiento de Trabajo en este terreno puede ser material inflamable en su costado izquierdo. Este periódico ha insistido al ministerio para que concrete en qué consiste ese plan, pero ha rechazado especificarlo.

Contra las horas extra impagadas

La tercera baza de Trabajo en la negociación se parece más a un palo que a una zanahoria: la advertencia de que reformará el registro horario aunque el recorte de jornada fracase en el Parlamento. El cambio que ha acordado con los sindicatos multiplica las sanciones (dado que se darán por trabajador, en vez de por empresa incumplidora), obliga a las empresas a que las anotaciones sean digitales (prohíbe que se hagan en papel) y plantea un sistema interoperable, de manera que Inspección pueda acceder en cualquier momento. Es una propuesta de máximos, que el ministerio podría atenuar si la reducción de jornada no encalla.

Si fracasa, Trabajo insiste en que aprobará por decreto el paquete completo, con el que intenta enmendar un problema que afecta al menos a medio millón de trabajadores. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, 420.300 trabajadores no cobran ni una de sus horas extra y 71.400 solo reciben emolumentos por una parte de las horas de más que echan. Al tratarse de un desarrollo reglamentario, el ministerio precisa que no necesita respaldo parlamentario para modificar la normativa del registro.

En el más que probable escenario de que el recorte de jornada embarranque en la votación de enmiendas, se prevé que Díaz acelere la agenda social que tanto menciona en sus discursos. La vicepresidenta segunda anunció el martes en la Cadena SER que el Estatuto del Becario irá al Consejo de Ministros del 16 de septiembre (más de dos años después de la presentación del acuerdo con los sindicatos, dado el rechazo socialista), antes de un nuevo y endiablado trámite parlamentario (los socios, incluyendo los de izquierdas, expresan dudas sobre esta norma). Además, el martes se vota la convalidación de los nuevos permisos, un día antes del miércoles decisivo para la reducción de jornada.