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Cómo salir airosos de la guerra de comisiones de las cuentas bancarias

Las entidades suben los gastos asociados a estos productos y endurecen las condiciones para evitarlos

Una persona saca dinero de un cajero automático, en una imagen de archivo.
Una persona saca dinero de un cajero automático, en una imagen de archivo.

Tener una cuenta bancaria y no pagar comisiones por ella se está volviendo cada vez más complicado. Desde hace aproximadamente año y medio, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta sobre una subida generalizada de las comisiones en los bancos principales. “Una cuenta sin domiciliaciones de ingresos ni gastos, que no esté condicionada a una operativa exclusivamente online, con un perfil de uso definido por un saldo medio de 2.500 euros, tarjeta de débito y crédito asociadas, y sobre la que se realizan una docena de transferencias anuales de 500 euros cada una, tiene unos costes medios que en algunos casos pueden llegar a 240 euros al año”, señala su portavoz, Ileana Izverniceanu.

En paralelo, los bancos están también endureciendo las condiciones por las que el usuario deja de pagar comisiones por tener una cuenta con ellos. El último en anunciar cambios ha sido el BBVA. A partir del 15 de junio, para beneficiarse de una cuenta sin comisiones en la entidad que preside Carlos Torres Vila será preciso tener domiciliada una nómina o ingresos periódicos superiores a 800 euros, o bien una pensión de al menos 300 euros. Asimismo, en los últimos cuatro meses se deberá tener un mínimo de cinco cargos por recibos domiciliados o una tarjeta de débito activa con movimientos. Se requiere también tener algún producto adicional contratado: préstamos, hipotecas, seguros o productos de inversión con un importe mínimo de 5.000 euros, o bien una tarjeta de crédito activa y gastar al menos 200 euros cada cuatro meses.

“Los clientes con ingresos domiciliados que cumplan solo el primer requisito y que hasta ahora no pagaban nada, empezarán a abonar una comisión de mantenimiento de 15 euros a trimestre, es decir 60 euros al año. Y los clientes sin vinculación pasarán a pagar una comisión de mantenimiento de 40 euros al trimestre, es decir 120 euros al año, a lo que habrá que sumar 35 euros anuales por la tarjeta de débito”, añade Izverniceanu.

Opciones alternativas

Con este tipo de medidas, muy parecidas a las que han tomado prácticamente todos los bancos, se pretende desincentivar el depósito de grandes cantidades de dinero, para que los clientes lo trasladen a productos que generan mayor rentabilidad a la entidad como, por ejemplo, los fondos de inversión. “No es una idea necesariamente mala”, afirma al respecto Izverniceanu. No obstante, “el horizonte de este tipo de inversión es a largo plazo y en el contexto actual deberían priorizarse carteras bien diversificadas con un mayor peso de la renta fija”, sugiere la portavoz. Y agrega: “Una opción más segura es invertir el dinero en algún depósito o cuenta de alta rentabilidad, cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 100.000 euros por titular y entidad”.

Si el usuario rechazara estas alternativas, siempre quedaría la posibilidad de pasar a una entidad cuya operativa se desarrolla completamente en internet. Desde la OCU recuerdan que la banca online rara vez cobra comisiones por la cuenta corriente y los servicios asociados, como tarjetas y transferencias, aun cuando no se domicilien nóminas y recibos. Y han contado hasta 12 entidades con estas características. No obstante, subrayan también que hay muchas personas, especialmente los más mayores, con serias dificultades para manejarse con seguridad en un entorno digital, lo que les impide tener acceso a este tipo de entidades.

De hecho, con el objetivo de conjugar las ventajas de las cuentas online con el mantenimiento de la atención presencial al cliente, Nickel, propiedad del francés BNP Paribas, ofrece la posibilidad de abrir una cuenta con tarjeta de débito y transferencias gratuitas en la zona euro y retirar o ingresar efectivo en 422 establecimientos de lotería y estancos distribuidos por el territorio español. Eso sí, habrá que abonar 20 euros al año (es decir, una TAE del 2% por un saldo de 1.000 euros) y algunos servicios son de pago, como el ingreso o la retirada de efectivo a través de un establecimiento asociado (50 céntimos por operación), o el abono de dinero en la cuenta a través de una tarjeta (2% de la cantidad ingresada), entre otros.

Pasos para reclamar

En cualquier caso, a veces ocurre que el usuario considere indebido el cobro de comisiones por parte del banco. Para que ello sea efectivamente así, el usuario deberá averiguar si la entidad no le prestó el servicio por el que le cobró o no se trata de un gasto real y justificado, o si no solicitó ese servicio, no lo aceptó, o, en su caso, renunció al mismo, o si la entidad ha cobrado una cantidad que supera las tarifas que había pactado previamente, o si no ha sido debidamente informado. Desde la OCU aconsejan entonces seguir unos pasos concretos para reclamar.

Antes de todo, habrá que intentar llegar a un acuerdo con el banco para que devuelva lo que ha cobrado de más. “Muchas veces una conversación con el personal de la oficina suele ser la solución más eficaz para estos cobros indebidos”, subraya Izvereniceanu. Si este intento no surtiese efecto, el usuario debe presentar una reclamación ante el servicio de atención al cliente o el defensor del cliente de la entidad.

Si el banco no contesta en un plazo de 15 días para las reclamaciones sobre medios de pago o un mes para cualquier otra, o el usuario no está de acuerdo con la respuesta, el siguiente paso sería reclamar ante el Departamento de Conducta de mercado del Banco de España. Desde la OCU, sin embargo, advierten de que las resoluciones del regulador son meramente informativas y su cumplimiento por parte de las entidades es voluntario, no tienen consideración de acto administrativo recurrible y tampoco indican indemnizaciones en caso de que haya un perjuicio económico, remitiendo a los tribunales de justicia para cualquier reclamación que necesite una interpretación normativa.

La última opción, una vez agotados los pasos anteriores, es la vía judicial. “A este punto, por desgracia, llegan más usuarios de los que deberían, lo que aboca a los consumidores a procesos largos y costosos”, lamenta Izverniceanu.

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