El alcalde de Alhaurín, condenado por cohecho en el 'caso Troya'

El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga, 23.000 habitantes), Juan Martín Serón, del PP, recibió a última hora de la mañana de ayer en la Ciudad de la Justicia de Málaga la sentencia por el caso Troya. Los 25 folios de razonamientos jurídicos redactados por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga desembocan en una pena leve desde el punto de vista penal -200.000 euros de multa y un año de inhabilitación por un único delito de cohecho impropio-. La sentencia recoge solo una parte las tesis finales de la Fiscalía, que acusaba a Martín Serón de cobrar otros 13 sobornos a cambio de actos legales propios de su cargo.

Sin embargo, pese a su relativa benevolencia, el fallo tiene una dura lectura política para el regidor alhaurino: supone otorgarle el certificado oficioso de dirigente corrupto. Martín Serón, que durante todo el proceso y durante la fase de instrucción ha disfrutado del apoyo de su partido, anunció a través de su abogado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.

El alcalde se aprovechó de la confusión de las normas urbanísticas

La Audiencia ha condenado también a la misma pena al concejal de Urbanismo alhaurino, Gregorio Guerra, quien de común acuerdo con Martín Serón, reclamó bajo cuerda 122.000 euros a un promotor local a cambio de una licencia.

Para el tribunal, los únicos hechos probados en el juicio, que se desarrolló entre el 22 de septiembre y el 16 de diciembre de 2010, son los siguientes: El concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, "de común acuerdo" con Martín Serón, y siguiendo las "órdenes" de este, "exigió con insistencia" al promotor José Burgos Leiva el pago de 122.000 euros "como contrapartida" a una licencia para la construcción de 14 viviendas. Tanto Martín Serón como Guerra "actuaron con ánimo de enriquecerse" y se "sirvieron de la ventaja que les proporcionaba su cargo oficial".

La sala considera, a renglón seguido, que "no ha quedado acreditado" que en el municipio funcionara una trama para el enriquecimiento ilícito de los dos ediles y que consistía en exigir a promotores con intereses en Alhaurín la entrega de dinero a cambio de licencias de obra. Esta posición es coherente con la decisión del fiscal del caso, Juan Calvo-Rubio, de retirar la acusación que pesaba contra 18 de los 20 acusados con que se inició la vista oral, la mayor parte empresarios locales.

En el caso del cohecho solicitado al promotor Burgos Leiva, conocido en Alhaurín como El Perola, Martín Serón y Guerra "actuaban de común acuerdo en su designio criminal", según la sentencia. "Su plan de acción no era otro que aprovecharse de una confusión, en cierto modo promovida por ellos mismos, sobre la legislación urbanística aplicable al Ayuntamiento (...) para exigir al particular la dádiva ocultándole que sin ella el asunto debería legalmente resolverse de igual manera". Guerra, que fue quien trató directamente con el promotor, se negaba a negociar con él por teléfono. Sin embargo, El Perola, que ya había vendido la finca objeto de la licencia a otro promotor, alertó a los agentes del intento de extorsión de que estaba siendo objeto. Con una orden judicial, la policía colocó un micrófono en el principal testigo de la causa y las siguientes conversaciones con Guerra quedaron grabadas. En ella, el concejal volvía a reclamarle los 122.000 euros y le decía que Juan [el alcalde] estaba de acuerdo con estas gestiones delictivas.

Las grabaciones, realizadas entre diciembre de 2006 y el 18 de enero de 2007, fueron el detonante para la detención, al día siguiente, de Juan Martín Serón y Gregorio Guerra a la salida de un mitin de Mariano Rajoy en Marbella. En los registros practicados por la policía en el despacho de Guerra y en su ordenador la policía halló notas manuscritas y archivos informáticos en los que se calculaba el precio del soborno: 80 euros por cada metro cuadrado de incremento de edificabilidad en la licencia y 6.000 euros por cada vivienda en exceso.

En una de las casas del regidor, los agentes hallaron 64.780 euros en metálico. Martín Serón atribuyó desde un principio esta cantidad a provisiones de fondos de su esposa, economista de profesión, para el pago del IVA de las empresas que gestionaba. El tribunal devuelve este dinero al regidor al entender que "no tiene necesariamente que imputarse a un enriquecimiento que tenga su origen en la actividad delictiva investigada".

Durante los años 2005 y 2006, ambos ediles apenas tienen gastos de bolsillo, ni se retiran fondos de sus cuentas ni existen cargos a sus tarjetas de crédito. Sin poder atribuir este dinero a actos delictivos, la sala "tiene la sospecha fundada" de que Martín Serón y Guerra tenían en esa época "unas fuentes de ingresos desconocidas".