La 'ley escoba' del grupo socialista
El PSOE aprovecha la tramitación de la ley del impuesto de Patrimonio para forzar la reforma de otras seis leyes en el último pleno del año
Una ley escoba es aquella que suele acompañar a la de los presupuestos para reformar otras normas económicas en vigor. Pues bien, el grupo socialista en el Parlamento andaluz ha convertido el proyecto de ley que regula diversas medidas fiscales para discapacitados y el impuesto de patrimonio en todo un escobón para hacer un lifting legislativo a media docena de textos. Ha presentado 14 enmiendas a ese proyecto, aunque la mayoría de ellas no tiene nada que ver con el objeto de la materia que se va a discutir. Izquierda Unida, que fue el primer grupo en advertir de lo que considera "una chapuza inadmisible", y el PP han criticado con dureza esta técnica parlamentaria porque la consideran un abuso.
Habrá deducciones por gastos de defensa jurídica en caso de despido
El PSOE propone el cambio de seis leyes autonómicas, incluso enmienda la propia ley de Presupuestos de la comunidad, que se debatirá en el mismo pleno, los próximos 21 y 22 de diciembre. "La ley de patrimonio es la única que tenía abierta el plazo legal de presentación de enmiendas y hemos aprovechado para introducir flecos en algunas cuestiones, perfectamente justificadas, que estaban reivindicando desde distintos sectores", explica el portavoz adjunto del grupo socialista, José Muñoz.
Las leyes que se van a modificar son las de reducción del déficit público y la sostenibilidad; la ley del Juego; la ley de Reordenación del Sector Público; las leyes del Proteja; la ley de Administración de la Junta; y la ley de Presupuestos para 2012.
Una de las enmiendas prevé una rebaja en tres puntos de los impuestos sobre el bingo. Muñoz admite que esta modificación puede ser "la más controvertida", pero afirma que se trata de una reclamación del sector para mantener el empleo.
Otro paquete de enmiendas va dirigido a ampliar las deducciones de las entidades de crédito que operan en Andalucía obligadas a un impuesto sobre los depósitos de clientes. Esta modificación obliga a cambiar dos leyes (Presupuestos y reducción del déficit).
La ley de la Administración de la Junta de Andalucía también va a ser reformada para que los puestos de las secretarías generales técnicas de las consejerías y los de las direcciones generales con competencia en materia de administración pública, Intervención General y Agencia Tributaria andaluza los ocupen funcionarios de carrera. Esta medida no se podrá aplicar con retroactividad. Esta ley va sufrir otro lifting para permitir que los adjudicatarios de explotaciones de fincas públicas puedan acceder a la propiedad de la tierra en los mismos términos previstos para los que cultivan la tierra en régimen de concesión.
A petición de los ayuntamientos, los socialistas proponen cambiar las leyes del Plan Proteja para ampliar los plazos de ejecución de las obras municipales financiadas con fondos autonómicos en 2009 y 2010 y evitar así que reintegren el dinero ya librado por la Junta de Andalucía.
Otra enmienda, aunque esta sí tiene que ver con texto que se debate, propone deducciones de hasta 200 euros como máximo para los contribuyentes que contraigan gastos de defensa jurídica en casos de despido, extinción de contrato y reclamación de cantidades.
Infracción de la legalidad, según el PP
Dos representantes del PP en la Mesa del Parlamento, Patricia del Pozo y José Luis Aguilar, han pedido la reunión urgente de este órgano para suspender de manera cautelar la admisión a trámite de las enmiendas socialistas al proyecto de ley del impuesto sobre el patrimonio. En un escrito, con fecha del pasado viernes, dirigido a la presidencia del Parlamento, Fuensanta Coves, los diputados del PP reclaman un informe de los servicios jurídicos sobre las modificaciones propuestas, por lo que hasta en tanto piden que no se acepten. Los populares aseguran que el letrado de la comisión de Hacienda, en las que se calificó de manera favorable las enmiendas, mostró su "reserva". "Se trata", afirman Del Pozo y Aguilar, "de una infracción de la legalidad parlamentaria" que, según ellos, "resulta contraria a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional". Y subrayan que hay "una absoluta desconexión" entre el proyecto de ley citado "con las enmiendas presentadas por el grupo socialista".
Además del escrito, hasta tres dirigentes del PP (Jaime Raynaud, Jorge Ramos y Rafael Carmona) ofrecieron ayer una rueda de prensa para denunciar lo que consideran "un atropello democrático", "desaguisado jurídico" y "adulteración del Reglamento" de la Cámara.
Con el debate final de presupuestos y la ley escoba del impuesto sobre el Patrimonio acaba la tarea legislativa del Parlamento antes de las elecciones autonómicas de marzo. No obstante, no será el último pleno. Habrá otro en enero sobre el balance de legislatura.
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