Un vocal del CGPJ pide que se investigue al Supremo por el 'caso Campeón'

El vocal del Consejo General del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez ha dirigido un escrito al presidente del organismo, Carlos Dívar, en el que le insta a que ordene una inspección en el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, en la Sala de Causas Especiales del Tribunal Supremo y en la Jefatura del Gabinete de Información y Documentación del citado tribunal. En el escrito, Gómez Benítez pide que se concrete la eventual responsabilidad de algún juez o magistrado en la difusión de la exposición razonada remitida por la juez María Estela San José sobre los indicios contra el ministro José Blanco en el denominado caso Campeón.

El vocal destaca que la citada resolución de la juez San José fue filtrada a los medios de comunicación cuando ya había sido recibida por el Supremo y que la difusión de "actuaciones judiciales declaradas secretas deben tener consecuencias legales".

El hecho puede constituir una infracción disciplinaria muy grave o incluso un delito de revelación de actuaciones declaradas secretas por un juez, según se especifica en el escrito. Y añade que la inspección debería encomendarse a un magistrado del Supremo, puesto que la inspección debe afectar tanto al alto tribunal como al juzgado de Lugo.

Papeleta para Dívar

La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial remitió el pasado martes a la fiscalía para que investigue la denuncia de la juez María Estela San José que imputaba a la fiscalía de Lugo la filtración del informe del fiscal en las diligencias contra el empresario Jorge Dorribo. La Permanente ha recibido también copia del escrito de Gómez Benítez para que en representación del Pleno del Consejo, y por razones de urgencia, cursen la orden para iniciar la inspección.

El caso es una verdadera papeleta para Dívar, ya que nunca se ha inspeccionado al Supremo. Gómez Benítez declaró ayer: "El presidente del CGPJ y del Supremo no puede evitar u obstaculizar la investigación de esta filtración proceda de donde proceda, incluso si viene del Tribunal Supremo, sin incurrir en responsabilidad legal".

Y es que el conocimiento por parte de un funcionario o de una autoridad de la posible comisión de una infracción administrativa muy grave o de un delito conlleva la obligación legal de actuar.