La firma Olympus admite haber ocultado pérdidas durante años
El escándalo de Olympus se agranda. La compañía fotográfica, envuelta en una polémica desde que hace semanas reveló que recurría a irregularidades para maquillar sus cuentas, admitió ayer que tres de sus altos ejecutivos ayudaron a desviar fondos y a ocultar los números rojos acumulados durante décadas. Los supuestos responsables inflaron a conciencia el valor de algunas empresas que fueron adquiridas por la compañía japonesa pese a que no tenían nada que ver con su negocio, centrado en la fabricación de cámaras de fotografía y equipo médico. La firma, que emplea a 45.000 personas, había negado reiteradamente las acusaciones.
Los tres ejecutivos sospechosos son el expresidente de Olympus, Tsuyoshi Kikukawa, el vicepresidente ejecutivo de Hisashi Mori, despedido ayer mismo, y el auditor Hideo Yamada, según ha comunicado el presidente de la compañía, Shuichi Takayama. Sobre ellos pesa la acusación de irregularidades contables en la compra de Gyrus Group y otras tres empresas entre 2006 y 2008 en las que se habrían desviado 1.500 millones de dólares (1.088 millones de euros) a paraísos fiscales.
Michael C. Woodford destapó el caso tras ser despedido como presidente ejecutivo de Olympus el 14 de octubre. En su denuncia asegura que la empresa abonó 687 millones de dólares a una consultora radicada en el paraíso fiscal de las islas Caimán (Axam Investments, ya desaparecida) por asesorar la compra de Gyrus Group, operación que se cerró en 2.000 millones de dólares. La adquisición se realizó a instancias de los ejecutivos identificados.
Pero hay más. La investigación de Olympus ha revelado que inflar los honorarios de los auditores y sobrevalorar las compras eran tácticas habituales en la empresa para ocultar las pérdidas acumuladas durante los noventa.
Tras la confirmación de las irregularidades, las acciones de Olympus se desplomaron más de un 29% en la Bolsa de Tokio. Desde que se destapó el escándalo, han perdido el 70% de su valor. El Gobierno ha anunciado que revisará la ley para asegurarse de que estas situaciones no se repitan.
