El PP mantiene su silencio sobre los implicados en el 'caso Emarsa'

"El caso Emarsa es un asunto que deberá resolver el juez y la fiscalía no es el juez". El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, no pudo ser más lacónico ni mostrarse más distante cuando ayer, en Oliva, se le preguntó si el PP pensaba adoptar medidas contra dos militantes de su partido: Enrique Crespo, alcalde de Manises y vicepresidente segundo de la Diputación de Valencia, y Esteban Cuesta, exalcalde pedáneo con Rita Barberá y que preside el PP de Benimàmet.

La fiscal del caso pidió el pasado viernes que se imputara a Crespo, presidente de Emarsa, empresa que gestionaba la depuradora de Valencia, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, estafa continuada y delitos societarios.

Dos dirigentes del PSPV reclaman la expulsión de Cuesta y Crespo del partido

Cuesta, exgerente de la empresa, acusó ante el juez a Enrique Crespo de ser el instigador para contratar con empresas ahora investigadas, de ordenarle el pago a proveedores investigados cuando se producían retrasos, y de elegir personalmente de los catálogos los artículos de lujo, relojes, joyas, aparatos eléctricos y accesorios de automóvil que se cargaban a las cuentas de la empresa. La justicia investiga el saqueo de Emarsa, presuntamente por parte de los directivos de la depuradora, lo que condujo a la empresa pública a la quiebra con un agujero de 17 millones.

Pese a la gravedad de las acusaciones, el PP ha optado por mirar a otro lado. Por el contrario, los socialistas no están dispuestos a retirar el foco de unos hechos graves que afectan a las arcas públicas. Ayer tanto el concejal por el PSPV del Ayuntamiento de Valencia Pedro Sánchez, como el secretario de Organización de la provincia, Rafael García, urgieron a la alcaldesa, Rita Barberá, y al presidente de la Diputación, Alfonso Rus, a que expulsaran del PP a Crespo y a Cuesta.

García se preguntó cómo "dos dirigentes del PP que han tenido y tienen todavía importantes responsabilidades orgánicas están protagonizando un espectáculo sin precedentes, acusándose sin rubor de ser los responsables del saqueo a una simple depuradora que el PP ha convertido en cloaca".

El concejal Sánchez acusó a la alcaldesa de Valencia de "escurrir el bulto "en el caso Emarsa, a pesar de que la investigación ha puesto en el disparadero nombres de dirigentes del PP de la ciudad y de su Gobierno". Sánchez citó a otros políticos del PP que no están siendo investigados, pero que tuvieron responsabilidades en la depuradora, como los concejales Silvestre Senent y Juan Vicente Jurado y los presidentes de las agrupaciones de Trànsits y de Patraix, Ignacio Martínez y Santos Peral, respectivamente.

Los dos cargos socialistas señalaron que el agujero de la empresa puede alcanzar los 40 millones y recordaron que los delitos de estafa y malversación a los que se enfrentan los implicados acarrean penas de cárcel.

Rafael García interpeló directamente a Alfonso Rus, presidente provincial del PP, reclamándole "una acción contundente". "Podría abrir expediente temporal a los dos militantes hasta que la justicia lo resuelva, no decantándose por ninguno de ellos", sugirió. El secretario de Organización del PSPV de Valencia emplazó a Rus a que ponga orden en su partido y expulse "a Esteban Cuesta o a Enrique Crespo".