El automóvil entra en campaña

Los partidos políticos se encuentran en plena gestación, inmersos en la elaboración de unos programas electorales que harán públicos en las próximas semanas y en los que el automóvil desempeña un papel importante. Al mismo tiempo, las organizaciones empresariales del sector velan armas para salir a la palestra en cuanto sea nombrado el nuevo Gobierno. Alguna, como Ganvam, representante de los vendedores, ya se ha adelantado remitiendo a los partidos políticos su "programa de propuestas para sacar al sector del automóvil de la crisis de ventas, cuya caída superará este año el 50% respecto a los niveles previos a 2008". Anfac, representante de los fabricantes, hará también su campaña durante las próximas semanas con distintos comunicados sobre los aspectos más significativos: fiscalidad, costes laborales, logística, renovación del parque automovilístico... Los sindicatos, por su parte, algo más tranquilos tras ver asegurada la permanencia de las plantas industriales en España, al menos durante la presente década, siguen vigilando de cerca la transformación de un sector sometido a importantes cambios estructurales.

La nueva normativa de distribución se retrasará por su pluralidad

A las repercusiones de la crisis se une la incertidumbre de las nuevas tecnologías

Y es que a las repercusiones directas de la crisis económica que están encogiendo las ventas hasta niveles de los años noventa se une la incertidumbre respecto a la incorporación de las nuevas tecnologías menos contaminantes.

Y para completar el elenco se encuentra una Administración que ha de atender la solicitud de ayudas tanto al principio del proceso en las inversiones industriales como al final en la venta directa al comprador en una red donde Faconauto, la patronal de los concesionarios, calcula en 50.000 el número de empleos perdidos al final de la crisis, "casi los mismos que todas las fábricas instaladas en España juntas", señala su presidente, Antonio Romero-Haupold.

Esa dialéctica entre fabricantes y vendedores ha marcado la vida del sector durante los últimos tiempos. Con la resaca del Día de los Enamorados el pasado mes de febrero y aprovechando el trámite de la Ley de Economía Sostenible, se abre la caja de los truenos al aprobar el Parlamento una enmienda que respalda las demandas de los concesionarios.

Desde entonces, y casi sin solución de continuidad, se han sucedido los movimientos de fichas con mayor o menor acierto por parte de unos y otros. En estos momentos siguen en pie las negociaciones para tratar de que Faconauto respalde la puesta en marcha del Código de Buenas Prácticas Comerciales que debería regir las relaciones hasta la entrada en vigor de un nuevo texto legal, no antes del primer trimestre de 2012. De momento, el arbitraje y el sistema de mediación en caso de desacuerdo siguen siendo una barrera infranqueable entre unas partes (fabricantes y concesionarios) con acusaciones mutuas de inconstitucionalidad.

La Ley de Contratos de Distribución se encuentra entre los más de 20 proyectos que han decaído como consecuencia del adelanto electoral, pero va a ser, sin duda, uno de los primeros en renacer con las nuevas Cortes.

Josep Sánchez-Llibre, portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados y uno de los protagonistas de esta movida automovilística, está convencido de que "será una de las primeras medidas que ponga en marcha el Partido Popular". Es más, si no fuera así, su grupo está dispuesto a plantear inmediatamente una iniciativa "en la dirección propuesta por la Ley de Contratos de Distribución. Estamos muy comprometidos con este asunto y lo vamos a llevar en el programa electoral". Aunque está convencido de que no se abordará antes de principios del próximo año, reconoce, sin embargo, que será un trámite complejo si finalmente se trata de una ley horizontal que afecte también a otras actividades que se han subido al carro, como las franquicias, estaciones de servicio, quioscos de prensa..., que provocaron su "acongojamiento" cuando la vieron sobre la mesa.

Es un problema que hay que solucionar "en todos los sectores implicados", según el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Industria, Félix Larrosa. Si gana el PP las elecciones, "intuye" por sus conversaciones con sus colegas populares que presentarán un nuevo proyecto de ley, aunque en la misma dirección. Y si vuelve a gobernar el PSOE, se volverá a presentar el proyecto decaído. "Habíamos trabajado para que en septiembre saliera la ley del Senado", se lamenta.

Una ley que, según el portavoz del PNV en la citada comisión, Pedro Azpiazu, "en las circunstancias actuales hubiera dependido más de nosotros". Este grupo parlamentario no ha escondido sus preferencias en ningún momento: "Al plantearse en esos términos de unos frente a otros, hemos defendido la posición de los concesionarios, pero ambos tendrán que llegar a un acuerdo de manera que unos puedan fabricar y otros vender en condiciones razonables".

Por su parte, en Izquierda Unida reconocen no tener las ideas claras ante la dialéctica planteada; según el responsable económico de la coalición, José Antonio García, "en las circunstancias actuales, y dada la situación de crisis, seríamos más partidarios de mantener el empleo en el sector de la distribución". Eso sí, a cambio de "una mayor transparencia, aportar más valor añadido, procurar políticas de abaratamiento del precio de los automóviles, mejorar la atención y el servicio...".

A la espera de lo que preparen en el PP, el único que no ha querido responder a las preguntas de EL PAÍS, y donde mantienen el corazón partío entre la defensa de los intereses industriales del sector y los del mundo de la distribución, no cabe duda de que el próximo responsable administrativo tendrá que pronunciarse más pronto que tarde sobre la conveniencia de seguir apoyando a la oferta -las decisiones del Gobierno actual, con el apoyo de los sindicatos y las Administraciones autonómicas correspondientes, han asegurado la vida de las plantas españolas al menos durante la presente década- o inclinarse también por la demanda como solicitan algunas voces internas y demostraron con su voto favorable a la enmienda incorporada en la Ley de Economía Sostenible.

El importante peso del sector en la economía nacional (5% del PIB, 10% del empleo, 25% de las exportaciones...), cuyos responsables no se cansan de repetir, lo van a colocar en un lugar destacado en mítines y propuestas electorales. Y sería de esperar una mayor concreción de la que se suele hacer gala en estos periodos de promesas.

De momento, no es buena señal que tanto fabricantes como importadores, distribuidores, concesionarios y vendedores estén todos ellos convencidos de que van a recibir los favores de todos los partidos sea cual sea la composición del Parlamento a partir del próximo 21 de noviembre.