La juez deja libre al exalcalde de Ronda bajo fianza de 150.000 euros

"Estoy que me salgo". Sonriente, vestido con un polo negro y con una sombra de barba de dos días, el exalcalde de Ronda Antonio Marín Lara, del PSOE, salió ayer a primera hora de la tarde por la puerta principal de los juzgados de la localidad malagueña. El principal imputado en la Operación Acinipo de corrupción urbanística quedó en libertad por orden de la juez de instrucción Judith Isabel Sáiz. No obstante, el exregidor deberá abonar en los próximos 15 días una fianza de 150.000 euros para eludir la prisión.

Toti, como se le conoce en Ronda, abandonó la sede judicial acompañado de su abogado y socio de despacho, Agustín Pérez. "Demostraré mi inocencia. Es mi 63ª batalla judicial por las denuncias de IU y de los ecologistas. Tengo toda la confianza habida y por haber", afirmó el exregidor rondeño, al que se imputan delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo. En los aledaños del juzgado le esperaban para saludarle un pequeño grupo de vecinos. Sobre su futuro político, el exregidor no dijo nada.

Los siete detenidos el martes en la Operación Acinipo quedan en libertad

Marín Lara fue el último de los siete detenidos el martes en prestar declaración -durante cerca de tres horas- en el juzgado y en presencia del fiscal anticorrupción Valentín Bueno. Ayer también pasaron a disposición de la juez Sáiz el secretario general del PSOE rondeño, Francisco Cañestro, y un abogado vinculado al grupo Ruiz Jurado, que firmó con el Ayuntamiento el convenio inicial para hacerse con la parcela del campo de fútbol, de propiedad municipal a cambio de 9,9 millones de euros para levantar un centro comercial Eroski. Después de haber pasado dos noches en los calabozos de la comisaría provincial de Málaga, estos dos imputados quedaron el libertad con cargos sin necesidad de prestar fianza.

El caso se cobró anoche la primera víctima política. Cañestro anunció su renuncia al acta de concejal y al escaño de diputado provincial "por coherencia política".

Otros dos exediles suspendidos de militancia, Rafael Lara y María José Martín de Haro, a quienes se imputan los mismos delitos que pesan sobre el alcalde, prestaron declaración el pasado miércoles en el juzgado rondeño. Esta mañana han pasado por el juez, quien les ha pedido una fianza de 50.000 y 80.000 euros.

Dos empresarios que trabajan como asesores externos del grupo Eroski en temas inmobiliarios declararon por exhorto en juzgados de Valencia y Madrid tras su arresto. Estos empresarios quedaron en libertad con cargos de cohecho, malversación, tráfico de influencias y blanqueo y deberán acudir al Juzgado de Instrucción número 2 de Ronda, que investiga el caso, cuando sean citados, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Estos empresarios están vinculados a la sociedad Ronda Gestión de Proyectos Comerciales, propiedad hasta hace pocos meses del grupo Eroski y que se hizo en 2009 con los derechos de propiedad del antiguo campo de fútbol de Ronda, en manos de Ruiz Jurado, para levantar el centro comercial.