Archivada la querella contra la secretaria general y dos funcionarias de Traballo

La secretaria general de la Consellería de Traballo e Benestar, Cristina Ortiz, no tendrá que declarar mañana en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago. En un auto del pasado 20 de septiembre, el magistrado José Antonio Vázquez Taín decreta el sobreseimiento provisional de la causa por prevaricación, falsedad documental y usurpación de funciones por parte del alto cargo de Traballo y otras dos funcionarias de la consellería. El magistrado asegura que la perpetración del delito del que se acusaba a Ortiz "no está debidamente justificado". El documento también aclara que el querellante -la Fundación Nuestra Señora de Fátima- ha ocultado una serie de datos importantes que legitiman la posible "impugnación de la parte querellante para representar a la fundación" e incluso para interponer la querella.

Es la segunda vez que se archiva una querella contra Cristina Ortiz. La citación judicial fue revelada en el Parlamento por el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, el 7 de septiembre. La decisión acordada ahora por el mismo tribunal ya ha sido recurrida por parte de los representantes de la fundación, que han aportado nueva documentación.

Según ha sabido este diario, la causa podría seguir abierta, ya que el juzgado acaba de admitir la personación, como acusación particular, de Carles Moner, administrador judicial de la fundación, cargo del que fue apartado en mayo de 2010 por orden judicial. Los hechos se remontan a 2009, cuando esta institución fue intervenida por el juzgado número 19 de Barcelona al descubrirse supuestas irregularidades de su presidente, Gerardo Rodríguez Encinas, acusado de fraude a la Seguridad Social por importe de 1,6 millones de euros y por la apropiación indebida de otros 8,4 millones. Moner solicitó a Ortiz que le inscribiese como patrono de la fundación y la secretaria general emitió un certificado asegurando que no podía. Fuentes de Traballo explican que se trata de un problema "entre dos bandos" y que la consellería se ha visto implicada en el proceso ahora sobreseído porque es la encargada del registro de fundaciones.