El Gobierno renuncia a castigar sin ingresos a los alcaldes que no fiscalizan sus cuentas

Por más que la medida figure en un artículo de la Ley de Economía Sostenible que el Congreso de los Diputados aprobó en marzo de este año. Por mucho que el Ministerio de Economía haya mandado cartas a los alcaldes que en el primer trimestre de año no hubieran liquidado las cuentas de 2010. El Gobierno no retendrá finalmente los ingresos de la recaudación de los impuestos a los municipios sin auditar. Las misivas, con membrete oficial que el departamento de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha mandado a los alcaldes díscolos invocando la ley son un aviso para que se pongan al día con sus obligaciones.

Al ser interpelado por el número de ayuntamientos gallegos que verán amenazados sus ingresos desde el mes de octubre, un portavoz oficial del ministerio aseguró a este periódico que "se trata de una advertencia para que más de 5.000 administraciones locales en toda España remitan los datos solicitados". Y añadió que la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales "no va a retener los ingresos" a ningún alcalde.

El Ejecutivo central renuncia a aplicar el artículo de una ley aprobada en marzo

Ames, primer municipio avisado, recupera 400.000 euros al mes

Este periódico publicó el pasado jueves el texto del ultimátum que Economía remitió al Ayuntamiento de Ames, en A Coruña, donde advertía que "el incumplimiento de las referidas obligaciones en el plazo indicado dará lugar a la aplicación en octubre de la retención prevista en la ley". En el caso de Ames, el castigo implicaría dejar a este municipio sin 400.000 euros mensuales hasta que no remita las cuentas del ejercicio de 2010. La medida abocaría al gobierno local a la bancarrota, según explicó su nuevo alcalde, Santiago Amor, del PP, quien ha remitido a Madrid el acuerdo plenario aprobado por unanimidad que pide una prórroga para entregar sus números con un compromiso y un calendario explícito para poner orden en su contabilidad.

El ministerio no aclara cuántos municipios están en esa misma situación. A tenor de la fiscalización que lleva el Consello de Contas, el número superaría la treintena. En el último ejercicio auditado, 2008, fueron 43 los que incumplieron con su deber de aprobar las liquidaciones en plazo, una cifra que ha aumentado desde que comenzó la crisis, puesto que en 2007 habían sido 38 los alcaldes díscolos.

La argumentación del Gobierno central tampoco explica si se trata de una rectificación o si el ministerio nunca tuvo intención de seguir a rajatabla el artículo de la ley de economía sostenible que exige retener esos ingresos derivados de la recaudación impositiva a los ayuntamientos sin auditar.

La Xunta también prepara una ley, cuyo texto está siendo examinado por el Consello Consultivo, para dejar fuera de las líneas de subvenciones a los municipios que no hagan transparente su contabilidad. La norma ha partido de la Dirección Xeral de Administración Local de la Consellería de Presidencia, que dirige Alfonso Rueda, quien ya exigía este requisito para acceder a sus ayudas. Cuando entre en vigor la ley autonómica -previsiblemente este otoño- las 43 instituciones municipales que no han cumplido con el Consello de Contas quedarán fuera de toda ayuda que conceda la Xunta.