El TSJ anula un plan entre La Vila y Finestrat con golf y 1.600 viviendas

La política urbanística de La Vila Joiosa que llevó a cabo el PP ha recibido un nuevo revés judicial. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha ratificado la sentencia del juzgado Contencioso-administrativo por la que retira la condición de agente urbanizador del sector L'Almisserà de La Vila Joiosa a la mercantil Los Almendros de Alicante, S A. Este proyecto pretendía construir un campo de golf y 1.600 viviendas en más de un millón de metros cuadrados de suelo en los términos municipales de La Vila Joiosa y Finestrat.

El plan fue tramitado fuera del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de La Vila, aunque la parte de Finestrat era urbanizable, y sin justificación de la existencia de recursos hídricos. Entre los propietarios de Los Almendros de Alicante, S A, figuró la mujer de Eduardo Zaplana, Rosa Barceló, y en su consejo de administración el entonces senador Miguel Barceló, suegro del expresidente Zaplana.

Lloret: "Todas las actuaciones de Los Almendros pueden ser invalidadas"

Pero no fue esta la única polémica que generó esta reclasificación de suelo. El entonces alcalde de La Vila, José Miguel Llorca, del PP, condenado por ejercer de médico sin tener la titulación, decidió vender el año 2000 una finca de 665.000 metros cuadrados propiedad de la Fundación Aragonés, que él mismo presidía, a Los Almendros a un precio de 4,2 euros el metro (luego incrementado a 5,4 euros por la consejería de Hacienda), muy inferior al que la mercantil pagó a otros propietarios de un suelo que llegó a pagarse 30 veces más caro. La fundación fue creada en 1997 tras el fallecimiento sin descendientes de Pedro y Antonia Aragonés Urrios al objeto de construir un asilo para desfavorecidos, pero el suelo que atesoraba acabó en una finalidad especulativa, a pesar de que atesora un yacimiento íbero y una mezquita del siglo XII.

A pesar de todo ello, el TSJ ha apartado a Los Almendros del proyecto por una razón aparentemente menor: la mercantil no tenía en su momento la calificación adecuada para obtener la condición de agente urbanizador, según exige la legislación estatal para la contratación pública.

El alto tribunal considera ahora que "la clasificación era una condición necesaria para ser agente urbanizador y consiguientemente también lo es para todos aquellos que los sucedan como cesionarios en tal condición jurídica" y, de esta manera, da la razón al recurrente e impone el pago de las costas del proceso judicial a la empresa.

El concejal vilero de Iniciativa Independiente Pedro Lloret fue quien llevó en su día este asunto al juzgado, va más allá en su interpretación: "La situación parece todavía más complicada ya que Los Almendros ha resultado ser ilegal para su cometido como agente urbanizador, lo que puede dar lugar a que todas sus actuaciones sean invalidadas".

Lloret también se ha sumado a las denuncias que en su día formuló Ecologistas en Acción y considera que debe protegerse "el valor ecológico, paisajístico, medioambiental y de biodiversidad de la zona a toda costa. Si lo que se pretende bajo la excusa de construir campos de golf es llenar el monte de ladrillos. Trataremos de impedirlo con los medios legales a nuestro alcance".