Otro informe de Hacienda ratifica el fraude de 4,4 millones en Terra Mítica

Un nuevo informe elaborado de manera independiente por un inspector de la Agencia Tributaria, a petición del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, ratifica en líneas generales el primer escrito de Hacienda, en el que se denunciaba que una veintena de empresas, entre ellas el parque temático Terra Mítica de Benidorm, defraudó entre 2000 y 2001 un total de 4,4 millones de euros con facturas falsas.

El magistrado decidió solicitar este nuevo informe después de que algunas partes integradas en el procedimiento criticaran que el elaborado por la Agencia Tributaria podía ser parcial, puesto que esta también forma parte de la causa.

El magistrado consideró conveniente solicitar un informe objetivo a un inspector técnico de la Agencia Tributaria, para contrastar el primer escrito. En este nuevo texto, el inspector ha ratificado el contenido de las actuaciones originarias por las que la Agencia Tributaria tramitó un expediente que dio lugar a la denuncia interpuesta por la fiscalía contra una veintena de empresas, entre ellas Terra Mítica, por el presunto fraude fiscal.

El juzgado ha citado para esta semana a 11 empresarios imputados -aparte de los 24 que ya figuraban en la causa por estafa, malversación, blanqueo de capitales y delito fiscal- por su vinculación con la trama.

En concreto, estos empresarios prestarán declaración los próximos días 10 y 11 de febrero, tras ser imputados por el juez el pasado mes de noviembre de 2010, en una de las últimas diligencias que ha practicado, según han recordado las mismas fuentes. Los llamados a declarar son los responsables de las mercantiles Denia 2010 C-N-L, Waldrom, Gamaparc, Construcciones y Servicios Javier Ribes, Eurogrup Ailyng, Desarrollo Gran Vía, Ximo Duald y Trabajos Auxiliares del Siglo XXI.

Esta imputación se produjo después de que en septiembre el magistrado invalidase el acuerdo de nulidad de parte del procedimiento -únicamente en lo referente al delito tributario- en cumplimiento de dos resoluciones judiciales que sostenían que faltaba el trámite de audiencia previa de los interesados con la Agencia Estatal Tributaria. El juez acordó la nulidad de esta parte, tal y como solicitaron las defensas, que afectaba al delito tributario.