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El PP pide ahora auditar las empresas públicas para decidir su futuro

El Parlamento convalida el decreto del sector público la próxima semana

El controvertido decreto de reordenación del sector público llegará la semana próxima al Parlamento, después de que el Gobierno decidiera tramitar la reforma como un proyecto de ley. El PSOE y el Ejecutivo andaluz dicen estar expectantes antes las propuestas concretas del PP, partido que se ha opuesto enérgicamente a las medidas y ha apoyado con entusiasmo las tenaces movilizaciones de los funcionarios. Por ahora, lo que ha hecho el grupo popular es presentar una proposición no de ley, cuyo punto más novedoso es pedir que una empresa independiente audite la gestión y funcionamiento de las empresas públicas para decidir qué hacer con ellas.

"Que se haga un análisis aséptico que nos diga cómo va el funcionamiento de algo que está desmadrado y que está absolutamente engordado de manera ficticia e interesada", explicó ayer la portavoz del PP en la Cámara, Esperanza Oña. Y abundó: "Queremos saber qué tipo de gestión se hace y con qué objetivos; cuál es el coste real de estas empresas, cuáles son los beneficios sociales; y, a partir de ahí, decidir cuáles son necesarias y cuáles no".

Los populares quieren abrir las negociaciones a expertos en derecho

Jiménez: "Lo que pretende el PP es echar a miles de trabajadores"

Los populares quieren que en esa decisión participen, además de los sindicatos de la función pública, expertos de "reconocido prestigio" en Derecho Laboral y Administrativo.

Oña se remitió a esta propuesta y a las que completan la iniciativa parlamentaria -diálogo con los sindicatos, tramitar el decreto como una ley en plazos ordinarios y un plan de austeridad con reducción de dietas, altos cargos, alquileres, etcétera-, y no precisó si su formación es partidaria de reducir empleos o privatizar servicios.

Precisamente a esta imprecisión se agarró el portavoz socialista, Mario Jiménez, para denunciar la, en su opinión, actitud irresponsable del PP. "No nos quieren decir lo que harían en un futuro con las empresas públicas porque no sería otra cosa que echar a miles de trabajadores a la calle", dijo el socialista, quien se mostró convencido de que los populares están incursos en una mera estrategia de "circo y ruido".

Según él, que el PP proponga ahora como medida estrella de su modelo de sector público realizar una auditoría independiente "no es serio", ya que las empresas se auditan y controlan periódicamente a través de la Cámara de Cuentas. "El PP está con el pie cambiado, no sabe qué hacer, ha sido muy demagogo y ha llegado el momento de hacer enmiendas, de definirse, decir si su modelo es el de David Cameron [primer ministro de Reino Unido], es decir, volar por los aires el sector público, o el de Esperanza Aguirre [presidenta de Madrid] o María Dolores de Cospedal [candidata del PP en Castilla-La Mancha]", señaló.

Cuando el Parlamento, merced a la mayoría absoluta del PSOE, convalide el próximo jueves, día 9, el decreto-ley, el CSIF hará una cadena humana en el Palacio de San Telmo y en otros edificios significativos. A partir de ahí, la reforma se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Los partidos pedirán las comparecencias en comisión de las organizaciones sindicales. El PSOE anunció que quiere contar con la participación de todos los sindicatos (CC OO, UGT, Ustea, CSIF y Safja), pero no con las "plataformas fantasma apoyadas por el PP", advirtió Jiménez.

La tercera Cámara

El portavoz del PSOE acusó ayer al PP de hacer un "uso indecente" del Tribunal Constitucional (TC) por acudir a esta instancia cada vez que no le gusta algo, como si fuera una "tercera Cámara". Mario Jiménez se refería de esta forma al recurso que ha interpuesto el principal partido de la oposición contra el decreto de reforma del sector público, y al anuncio -por parte del secretario general, Antonio Sanz- de que está en estudio presentar otro más. "Es algo que llevan haciendo desde 1996, en lugar de acatar las leyes, cuando no les gustan por cuestiones meramente ideológicas, que no de legalidad, terminan acudiendo al Constitucional", señaló Jiménez, quien agregó que el hecho de que los partidos se conviertan en "fiscales" es un "engaño" y muestra el carácter "irresponsable y antidemocrático" del presidente del PP andaluz, Javier Arenas.

La consejera de Presidencia, Mar Moreno, dijo el día anterior que, una vez que el Gobierno ha reconducido el proceso de la reforma del sector público y ha llevado el decreto al Parlamento para que se debate como un proyecto de ley, "es el momento de los diputados, no de los abogados". Esperanza Oña, la portavoz popular, replicó que esta afirmación es una mera frase de la consejera "vacía y que no conduce a nada". "El Tribunal Constitucional existe, y al PSOE le debería gustar que hayamos presentado un recurso porque si dicen que está bien, mejor para ellos, ya no habrá ningún problema", señaló la dirigente popular.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 2 de diciembre de 2010

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