300.000 piezas incautadas en el mayor caso de expolio vuelven a sus dueños
La Audiencia de Sevilla ordena devolver a los 52 detenidos el material intervenido - La Junta y la fiscalía solicitaron que las obras se conservaran en museos
![Javier Martín-Arroyo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fbe822ad5-55c4-471f-a6de-f8ffe65744e8.png?auth=11b4c18a3c700fde6547c09f2549e6d80e1874bb354890d63a358496e8f9c883&width=100&height=100&smart=true)
Carpetazo a la mayor operación contra el expolio de obras de arte. La Audiencia de Sevilla ha ordenado que las 300.000 piezas arqueológicas intervenidas en la Operación Tertis, ejecutada por la Guardia Civil en 2007, sean ahora devueltas a sus 52 dueños. El tribunal considera que dado que los investigadores no aportaron pruebas que concreten el supuesto expolio de las piezas en 31 yacimientos, las obras deben ser devueltas a los acusados.
De este modo, el tribunal desbarata definitivamente una operación fraguada durante dos años con múltiples pinchazos telefónicos y que culminó con 52 detenidos en Sevilla, Huelva, Cádiz, Granada, Jaén, Córdoba, Madrid, Barcelona y Zamora. El grueso de las obras eran monedas, pero también había otros objetos de origen fenicio, ibérico, romano, visigodo y árabe.
La instrucción judicial desveló la escasa consistencia de las pruebas
La Audiencia ha desestimado los recursos de la Junta andaluza y la fiscalía para que las piezas se conserven en los diferentes museos arqueológicos y no fueran entregadas a sus propietarios. Alrededor del 10% de las 300.000 obras fueron devueltas, pero los recursos judiciales paralizaron la entrega a los 52 imputados en la instrucción. "No puede ignorarse la imposibilidad de acreditar tanto el origen de los objetos o restos arqueológicos incautados (...) como el concreto momento de su aprehensión material (...) así como el carácter lícito o ilícito de su adquisición", subraya el auto de la Audiencia, contra el que no cabe recurso.
Tras la operación, la instrucción del caso desveló la escasa consistencia de las pruebas para demostrar el saqueo. El Juzgado 2 de Marchena (Sevilla) exculpó a lo largo de 2009 en diferentes resoluciones a los 52 acusados porque no quedaron acreditados los yacimientos concretos y cuándo fueron sustraídas las piezas. La Ley de Patrimonio establece que son "bienes de dominio público" todos los objetos y restos materiales descubiertos en excavaciones, movimientos de tierra y obras. En Andalucía existen 13.000 yacimientos arqueológicos documentados.
El expolio estaba demostrado "más que indiciariamente" según el juez, pero no se concretó cuándo y de qué manera se obtuvieron las piezas.
A principios de 2007 la Guardia Civil informó de que los expoliadores vendían los objetos de mayor importancia a intermediarios (entre ellos, comerciantes de numismática) que, a su vez, se los proporcionaban a coleccionistas. La red utilizaba "sofisticados detectores de metales, planos cartográficos, manuales de excavación y otros útiles", según el instituto armado.
Miguel Gómez de la Rosa, abogado de la mitad de los acusados, censuró ayer la operación que ha quedado en nada: "El único ánimo era tener dos titulares de prensa a pesar de que las autoridades promocionaron la mayor operación del mundo contra el expolio".
Ahora los museos arqueológicos procederán a la devolución de las piezas a los acusados, entre ellos "empresarios y médicos" de Madrid y Barcelona, según resaltó en su día la Guardia Civil. "Hay que ser extremadamente cuidadosos con las grandes operaciones contra el expolio. La ley es muy pobre para proteger el patrimonio histórico y perseguir a los que esquilman. Para colmo, la reforma del Código Penal [en vigor a finales de año] no ha tocado esos artículos", critican fuentes del caso.
![Algunas de las piezas intervenidas por la Guardia Civil en 2007.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/LQ6F4CVF22XEBT7DONLDDD5XVU.jpg?auth=88fd152a633f854881dbca55034500bd789e3786306b0b363503cd2451554a8d&width=414)
Cronología de una operación contra el expolio
- La Guardia Civil realizó en febrero de 2007 la Operación Tertis dirigida contra una red de supuestos expoliadores de yacimientos arqueológicos. En la operación 200 agentes movilizados detuvieron a 52 personas e intervinieron 300.000 piezas en 70 registros en Sevilla, Badajoz, Málaga, Cádiz, Huelva, Jaén, Madrid, Barcelona y Zamora.
- El Juzgado 2 de Marchena (Sevilla) archivó el caso contra 11 de los 52 detenidos en octubre de 2007 y decretó que no había pruebas que los implicaran en la supuesta red.
- En febrero de 2009 dicho juzgado archivó el caso contra el resto de acusados porque "no ha resultado acreditado" que las piezas fueran descubiertas con posterioridad a la entrada en vigor de la ley que lo sancionaba [Ley de Patrimonio Histórico Español, de 1985], ni que procedían de un yacimiento concreto. Por eso, el juez ordenó en septiembre de 2009 la devolución de las piezas.
- La Junta y la fiscalía recurrieron a la Audiencia para lograr que los museos arqueológicos conservaran los objetos de origen fenicio, ibérico, romano, visigodo y árabe. La devolución de las piezas se había iniciado pero se paralizó.
- Ahora la Audiencia ordena la devolución de las 300.000 piezas arqueológicas a sus propietarios, ya que no se ha podido acreditar dónde ni cuándo se sustrajeron.
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