El fiscal del 'caso Malaya' dice que la instrucción fue validada al 99%

Al fiscal Juan Carlos López Caballero no le gusta adornar su discurso con frases para la galería ni efectos especiales. De hecho, pese a que no le falta voz, las palabras no siempre acuden a él con facilidad, y el tono de sus intervenciones en la sala de vistas a veces resulta monocorde. El principal acusador del caso Malaya, la gran causa contra la corrupción en Marbella (Málaga), que se enfrenta a 77 de los mejores abogados de España, compensa su austera oratoria con un eficaz trabajo jurídico de despacho.

Ayer, en la novena sesión de las llamadas cuestiones previas, López Caballero defendió, con argumentos jurídicos y con mínimas alusiones personales, la limpieza de la instrucción del caso Malaya, minuciosamente vilipendiada por los defensores de los 96 imputados durante las ocho jornadas anteriores.

El fiscal afirmó que el manuscrito de Roca con las siglas J.A.G ya se investigó

Un policía tomaba notas para sus superiores al fondo de la sala de vistas

"El Estado de derecho ha estado presente durante todo el proceso", sostuvo López Caballero, que basó su alegato en que la Audiencia de Málaga, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía e incluso el Tribunal Supremo "ya han convalidado el 99%" de la instrucción. Para el fiscal, todas las cuestiones previas planteadas por los abogados "deben ser desestimadas y rechazadas".

López Caballero arrancó su alegato entrando de lleno en una de las grandes polémicas de las jornadas anteriores: las iniciales J. A. G., halladas en un manuscrito del supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. El abogado Antonio Urdiales, defensor del constructor Rafael Gómez, Sandokán, vinculó, sin más pruebas que su intuición, estas iniciales con el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, lo que le valió una querella de este. López Caballero recordó que sobre estas iniciales ya se abrió una investigación judicial separada, que se cerró por falta de pruebas.

"Quiero despejar las dudas sobre ámbitos de impunidad hacia algunas personas", dijo el fiscal Anticorrupción. Al fondo de la sala, un agente del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Málaga tomaba notas para un informe que elevará a sus superiores. En jornadas pasadas otros compañeros suyos han hecho lo mismo.

El fiscal dedicó un apartado de su intervención a defender la validez de las escuchas telefónicas, que fueron fundamentales para poner en pie la investigación sobre los supuestos negocios ilícitos de Roca, los concejales gilistas y los promotores en el Ayuntamiento marbellí. En este caso, no se limitó a exponer que los pinchazos habían sido avalados tanto por el juez instructor, Miguel Ángel López, como por las distintas secciones de la Audiencia tras los recursos de apelación de los abogados. López Caballero sacó a relucir una sentencia del Supremo contra el juez Francisco de Urquía, condenado por cobrar sobornos de Roca y cuyos manejos quedaron al descubierto en la investigación del caso Malaya.

En esta sentencia del máximo tribunal español se lee textualmente sobre las escuchas: "En pocas ocasiones nos encontramos con actuaciones tan meticulosas y detalladas como las que en este procedimiento [el caso Malaya] ha llevado a cabo el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella", dirigido por Torres.

El miércoles pasado, el abogado Hipólito Marín, en una presentación muy efectista, insinuó que la policía judicial había podido manipular una de las pruebas claves del caso: el archivo Excel con la contabilidad secreta de Roca, en la que se reflejan los pagos a concejales y los sobornos cobrados a los promotores. López Caballero, afirmó que se trata de "imputaciones muy graves" y recordó que "el sobre con el soporte informático vino precintado al juzgado y la secretaria judicial lo desprecintó". "No pudo haber manipulación", afirmó el fiscal. Los procesados, que la semana pasada habían aplaudido a Marín, ayer salían con caras muy serias.