"No había indicios para el calvario que pasé", afirma el alcalde de Mugardos

Año y medio ha tenido que esperar el alcalde de Mugardos, el nacionalista Xosé Fernández Barcia, para sacudirse las sombras que lo relacionaban con el caso Virgin, que investigaba una supuesta trama urbanística enraizada en el municipio. Barcia esgrimió ayer la resolución judicial que anula las escuchas telefónicas en las que se basó toda la investigación para acusar a la oposición local de someterlo a un "escarnio público" y así alejarlo de la alcaldía con un "juicio paralelo esperpéntico".

Durante la investigación, IU, PP, PSOE e Independientes por Mugardos se aliaron para castigar al regidor del BNG con la retirada íntegra de su sueldo en un pleno extraordinario celebrado en enero del 2008, pese a que el fiscal ya lo había desvinculado de la trama. Barcia no descarta emprender acciones legales contra las personas que cuestionaron su honorabilidad y admite que pensó en dimitir, pese a tener "la conciencia muy tranquila".

Barcia acusa a la oposición de someterlo a un "juicio paralelo"

La Fiscalía de Delitos Urbanísticos de Galicia advirtió en mayo de 2007 de un posible trato de favor desde el departamento de Urbanismo al estudio de arquitectura Xcale, en Fene. Las escuchas telefónicas se fueron ampliando progresivamente hasta incluir al regidor, que fue llamado a declarar por una conversación con un vecino que revelaba presuntas irregularidades en la tramitación de una licencia urbanística. La nulidad del proceso es "el principio del fin de una pesadilla" para otro de los imputados, Pedro Cortizas, socio de Xcale, que ayer confesó sentirse "juzgado y condenado" antes de tiempo. Detenido en diciembre junto a su hermana Julia y a otras dos personas, pasó dos días en el calabozo. Una medida que su abogado calificó como "desproporcionada e innecesaria". Cortizas basó su defensa en la falta de indicios incriminatorios y en el derecho a privacidad, estimado por el juez. No obstante, los imputados reconocen que "el proceso no ha terminado", ya que contra la sentencia cabe recurso.

La propia fiscalía, que sustenta la acusación, anunció que "con toda probabilidad" recurrirá este auto ante la Audiencia Provincial de A Coruña, en los próximos días y precisa que detrás de esta investigación "hay mucho trabajo".

Esta primera decisión del magistrado ferrolano sobre el caso Virgin se limita a anular la orden judicial que autorizó las escuchas. También las detenciones y los registros que se derivaron de las escuchas, al considerar que no estaban lo suficientemente fundamentadas como para recortar el derecho a la intimidad de los imputados. Sin embargo, no cuestiona la necesidad de investigar los hechos denunciados por el Ministerio Fiscal.

La querella, que el juez critica por confusa e imprecisa, relacionaba al departamento de Urbanismo de Mugardos con Xcale, una inmobiliaria, varios constructores e incluso el director de una oficina bancaria en una supuesta trama de intereses urbanísticos. Entre los posibles delitos, el fiscal apuntaba tráfico de influencias, cohecho, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.