El sector remolachero cree que la reforma del azúcar obliga al abandono del cultivo
La Junta opone que hay cuatro años para diseñar un plan de viabilidad
La Mesa del Azúcar en Andalucía se reúne mañana para analizar el acuerdo alcanzado el pasado jueves por la UE para la reforma del mercado azucarero. El sector remolachero andaluz ya ha adelantado que el texto condena al abandono del cultivo en la comunidad, que concentra casi el 40% de la producción nacional con más de 7.000 agricultores. La Consejería de Agricultura, sin embargo, cree que el acuerdo es "razonablemente positivo".
El acuerdo alcanzado para el mercado azucarero contempla reducir la producción remolachera en Europea, con un recorte gradual del 36% en el precio del interven...
La Mesa del Azúcar en Andalucía se reúne mañana para analizar el acuerdo alcanzado el pasado jueves por la UE para la reforma del mercado azucarero. El sector remolachero andaluz ya ha adelantado que el texto condena al abandono del cultivo en la comunidad, que concentra casi el 40% de la producción nacional con más de 7.000 agricultores. La Consejería de Agricultura, sin embargo, cree que el acuerdo es "razonablemente positivo".
El acuerdo alcanzado para el mercado azucarero contempla reducir la producción remolachera en Europea, con un recorte gradual del 36% en el precio del intervención (el que paga la UE por los excedentes) y una compensación del 64,2% de las pérdidas que sufran los agricultores por la reforma, además de indemnizar a las industrias que cierren. La reforma entraría en vigor en julio de 2006 y se aplicará de forma progresiva durante cuatro años.
El acuerdo es de una enorme trascendencia para Andalucía que, con 43.400 hectáreas de remolacha concentra casi el 40% de la superficie nacional, distribuidas entre las provincias de Cádiz (47%), Sevilla (44%) y Córdoba (6%). Alrededor del cultivo se ha desarrollado un sector industrial compuesto por las cinco azucareras existentes en Andalucía, en los municipios de Guadalcacin y Guadalete (Cádiz), La Rinconada (Sevilla) y Linares (Jaén), que generan 2.328 empleos directos e indirectos. El sector genera en Andalucía un volumen económico de 320 millones de euros, y de él dependen más de 7.000 agricultores andaluces.
La Administración andaluza y las organizaciones agrarias discreparon la pasada semana sobre las consecuencias de la reforma. El consejero de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña, sostuvo que el acuerdo "contiene evidentes mejoras sobre la situación inicial". Pérez Saldaña valoró el trabajo realizado por la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, "que ha situado a España en el liderazgo de la minoría de bloqueo de 11 países miembros que se oponían a la reforma en los términos en los que estaba planteada".
El consejero consideró que se cuenta "con el tiempo suficiente para elaborar un plan conjunto, entre Administración y sector, para afrontar el futuro". Destacó también la reintroducción del precio de intervención, que, a su juicio, "ayudará a garantizar la estabilidad de los mercados en el período transitorio". El reconocimiento del derecho a una "indemnización adecuada" a los agricultores afectados y la garantía de "compensaciones" para los agricultores que tengan que reconvertir sus tierras son otros de los logros que resaltó el consejero.
Pesimismo
Según Pérez Saldaña, a la principal industria del sector, Ebro Puleva, "le parece positiva la reforma y ha garantizado el mantenimiento de su actividad si se aprueba finalmente el documento". En las organizaciones agrarias, sin embargo, cunde el pesimismo. El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, advirtió de que supondrá "una reestructuración durísima" para el sector de la remolacha, al que ve "abocado a la desaparición". Barato recordó que la maquinaria que se usa en el sector azucarero "no vale para otra cosa" y destacó, además, que todas las tierras en las que se deje de cultivar remolacha "irán a perjudicar a otros cultivos, principalmente de frutas y hortalizas".
Agustín Rodríguez, líder regional de UPA, dice que el documento enfrenta al sector a una "reconversión salvaje" en un plazo de cuatro años, "condenando a la extinción al menos al 50% del sector". UPA cree que el acuerdo final se aprobó en "términos menos lesivos" a los esperados, pero rechaza el texto definitivo.
El secretario provincial de COAG en Cádiz, Salvador Pineda, fue tajante a la hora de definir la reforma: "Nos han aprobado una reforma que antes era una catástrofe y ahora es un desastre". A su juicio, el acuerdo "provocará una reestructuración del sector y obligará a grandes compromisos con las diferentes Administraciones, ya que de lo contrario el sector desaparecerá".
Críticas de IU y PP
Las críticas políticas al Gobierno español por el acuerdo de reforma del mercado azucarero arreciaron la pasada semana. El diputado del PP por Jaén, Gabino Puche, apuntó que "la ministra de Agricultura ha vuelto a cosechar un nuevo fracaso en las negociaciones comunitarias del sector del azúcar, y las muchas familias andaluzas que dependen del la cosecha del azúcar van a sufrir un varapalo excepcional". Puche sostuvo que el acuerdo supone la "sentencia de muerte del sector a partir del año 2010".
En parecidos términos se ha pronunciado el diputado autonómico de Izquierda Unida José Cabrero, que también augura la desaparición del sector en Andalucía a partir de 2009 "ya que para entonces los agricultores no podrán seguir adelante con una actividad que dejará de ser rentable al no poder hacer frente a los elevados costes de producción".
Cabrero explica que los costes de producción en Andalucía son más elevados que en el resto de la península porque tienen que utilizar más riego, de modo que para que la cosecha sea rentable tienen que producirse unos ingresos por tonelada de remolacha de, al menos, 36 euros, "cifra imposible de mantener con las nuevas directrices de la OCM aprobada en Bruselas con el voto favorable de la ministra de Agricultura española", indicó.
Cabrero pidió la comparecencia del consejero de Agricultura para explicar "por qué el Gobierno central no ha sido capaz de defender los intereses del sector remolachero en Bruselas y ha aceptada una OCM que beneficia a otros países, como Francia y Alemania, y a los grupos industriales y de la distribución de estos países".