20 años de frágil democracia argentina

Argentina cumple el miércoles dos décadas de democracia desde aquel 10 de diciembre de 1983 en que Raúl Alfonsín recibía de manos del general Reinaldo Bignone la banda presidencial que le consagraba como presidente constitucional. Cuatro días antes se había dado a conocer el acta de disolución de la Junta Militar que formalizaba el fin del Proceso de Reorganización Nacional, eufemismo utilizado por la dictadura para referirse al régimen que ensangrentó Argentina durante siete años. El peronismo, que había dominado casi 40 años el escenario político, encajaba la primera derrota electoral frente...

Argentina cumple el miércoles dos décadas de democracia desde aquel 10 de diciembre de 1983 en que Raúl Alfonsín recibía de manos del general Reinaldo Bignone la banda presidencial que le consagraba como presidente constitucional. Cuatro días antes se había dado a conocer el acta de disolución de la Junta Militar que formalizaba el fin del Proceso de Reorganización Nacional, eufemismo utilizado por la dictadura para referirse al régimen que ensangrentó Argentina durante siete años. El peronismo, que había dominado casi 40 años el escenario político, encajaba la primera derrota electoral frente a la Unión Cívica Radical (UCR).

El Gobierno democrático afrontaba varias cuestiones pendientes. De todas ellas, la que despuntó como el mayor factor de perturbación fue la cuestión militar. Entre abril de 1987 y diciembre de 1988 se produjeron tres asonadas que pusieron en peligro la estabilidad institucional. Los levantamientos sucesivos de los carapintada permitieron comprobar que el Gobierno de Alfonsín no contaba con fuerzas leales capaces de reprimir la acción de grupos golpistas.

En estos 20 años, más de 2.000 funcionarios han estado implicados en casos de corrupción

El acoso de los uniformados tenía que ver, sin duda, con el juicio que se inició el 22 de abril de 1985 a los integrantes de las tres primeras juntas militares que gobernaron Argentina desde 1976. Más allá de las sentencias que dictaron los jueces, era la primera vez que un Gobierno democrático sentaba en el banquillo a una serie de jefes y oficiales acusados de graves violaciones de derechos humanos. La imagen de genocidas como el general Jorge Videla o el almirante Eduardo Massera escuchando impertérritos la condena a cadena perpetua quedará para la historia. Pero la verdad es que muchos argentinos se sintieron profundamente burlados y estafados cuando el mismo Gobierno que promovió el juicio a las juntas aprobó más tarde las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El castigo quedaba reducido al nivel de las cúpulas militares pero exoneraba a quienes aplicaron las órdenes. La guinda de la impunidad a los crímenes cometidos durante la dictadura la puso el Gobierno del peronista Carlos Menem, que en nombre de la reconciliación nacional dictó una amnistía para los militares y cabecillas guerrilleros que habían sido condenados.

Han transcurrido 20 años y se diría que una gran parte de los argentinos prefiere no recordar. Es común el comentario de que hay que pasar aquella maldita página de la historia y mirar hacia el futuro. Pero el pasado es todavía una losa sobre la sociedad, que no es capaz de ponerse de acuerdo ni sobre el número de las víctimas. Mientras la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) tiene cuantificados 9.000 desaparecidos con nombre y apellido, otras organizaciones elevan la cifra hasta 30.000. Contra los intentos de imponer la amnesia colectiva persiste la lucha de las abuelas, las madres y los hijos de las víctimas, que ha permitido recuperar la identidad de un buen número de jóvenes que nacieron en cautividad y fueron apropiados por los asesinos de sus padres.

Argentina recuperó la democracia, pero las consecuencias de la dictadura se hicieron sentir con fuerza. Alfonsín no fue capaz de controlar la inflación y finalmente, a mediados de 1989 -meses antes de concluir su mandato-, entregó la presidencia a Carlos Menem. La estabilización económica, con el plan de convertibilidad que fijó la paridad entre el peso y el dólar y la privatización de las empresas de servicios públicos, marcaron los primeros años del nuevo Gobierno. Los organismos financieros internacionales aplaudieron los resultados de la política económica de Menem, que fue presentado como un modelo a imitar en la región.

Creció la economía pero también la exclusión social. El país no era tan rico como había hecho creer el Gobierno y la paridad entre el peso y el dólar era insostenible. Una prolongada recesión a finales de los años noventa sumergió en la pobreza a amplios sectores de la población -54,7% en mayo pasado-. El corralito y la pérdida de los ahorros de decenas de miles de argentinos, el estallido social, la caída del Gobierno de Fernando de la Rúa, la suspensión de pagos de la deuda externa, los cinco presidentes en una semana y la devaluación del peso fueron los ingredientes de un torbellino que dejó al país patas arriba.

Nada ocurrió por casualidad. Argentina llegó adonde llegó porque, entre otras razones, en estos 20 años de democracia más de 2.000 funcionarios estuvieron implicados en casos de corrupción, y porque el país soportó escándalos monumentales que implicaron a todas las instituciones, incluido el Ejército, que participó en el contrabando de armas a naciones en guerra. El Estado quedó seriamente debilitado en el terreno económico y político y la impunidad se convirtió en moneda común. La justicia ha brillado por su ausencia y los argentinos siguen sin saber, por ejemplo, quién ordenó los atentados contra la Embajada de Israel y la asociación israelí AMIA.

No sorprende, pues, que los argentinos confíen poco en sus instituciones, salvo en la Presidencia de la República, cuyo amplio respaldo (71%) tiene que ver con la popularidad de Néstor Kirchner. La encuesta anual de Latinobarómetro 2003 sobre la democracia y la economía en Argentina es concluyente al respecto: sólo el 8% de los ciudadanos confía en los partidos políticos, el 14% en el Parlamento, el 16% en el Poder Judicial y el 22% en la policía. Curiosamente, las Fuerzas Armadas gozan de un grado de confianza muy superior al de los partidos políticos (27%). El alto índice de aprobación que conserva el presidente, seis meses después de su elección, "es un arma de doble filo", opinan los responsables de Latinobarómetro, porque es una muestra del mal funcionamiento del resto de las instituciones que percibe la población. "Un sistema no puede funcionar si no hay diversos actores que cumplen bien su función", añaden.

Cuesta entender el comportamiento de los argentinos que exhiben un alto grado de desconfianza hacia los partidos y las instituciones, y que hace apenas un año pedían a gritos que se fueran todos los políticos. En 20 de las 24 elecciones celebradas desde el pasado mayo en las distintas provincias del país ganó el oficialismo local. Muchos de los representantes de la vieja política estarán de vuelta en el nuevo Parlamento que se constituirá oficialmente el miércoles próximo.