Punto... y seguido
Jorge Videla conoce ya por un juez federal las razones de su arresto preventivo para afrontar cargos de terrorismo y genocidio formulados por el juez Baltasar Garzón, que pretende su extradición desde 1997. Con él, los altos y no tan altos cargos de la inmisericorde dictadura militar argentina -hasta 46, incluyendo un civil-, algunos de los cuales gozaban de libertad hasta hace unos días, protagonistas todos de aquel terrorismo de Estado que se llevó por delante 30.000 vidas.
Cae el telón para estos 46 de la fama que deberán afrontar un eventual viaje a España para ser juzgados por terr...
Jorge Videla conoce ya por un juez federal las razones de su arresto preventivo para afrontar cargos de terrorismo y genocidio formulados por el juez Baltasar Garzón, que pretende su extradición desde 1997. Con él, los altos y no tan altos cargos de la inmisericorde dictadura militar argentina -hasta 46, incluyendo un civil-, algunos de los cuales gozaban de libertad hasta hace unos días, protagonistas todos de aquel terrorismo de Estado que se llevó por delante 30.000 vidas.
Cae el telón para estos 46 de la fama que deberán afrontar un eventual viaje a España para ser juzgados por terrorismo y genocidio, después de que el presidente Néstor Kirchner derogara el decreto firmado por De la Rúa que impedía su extradición. Para todos debe de haber resonado como un aldabonazo la llegada a Madrid de su cofrade Ricardo Miguel Cavallo, extraditado por México para responder ante la Audiencia Nacional de sus actuaciones en la ignominiosa Escuela de Mecánica de la Armada.
La lucha por una jurisdicción universal sobre delitos de lesa humanidad, iniciada con el caso Pinochet, avanza lenta pero imparable. Los más conspicuos represores de la dictadura argentina (1976-1983) fueron condenados allí por sus atroces delitos, pero indultados finalmente por el presidente Menem. Su responsabilidad en el catálogo de los horrores que protagonizaron quedó extinguida -salvo en el caso de secuestros infantiles- por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, dictadas entre 1986 y 1987, que ahorraron el proceso a más de otro millar de militares.
Los tribunales argentinos verán caso por caso los de los 46 solicitados por Garzón, cuya extradición el Gobierno puede denegar aunque la concedan los jueces. El mejor escenario posible es que esa entrega fuera sustituida por un juico en su propia tierra. Para ello es necesario que Kirchner dé un nuevo paso hacia la anulación de aquellas leyes que consagraron la impunidad, algo que, según los sondeos, desean dos de cada tres ciudadanos. Si los argentinos pudieran saldar en su propio ámbito las cuentas pendientes de su más trágica historia reciente, ése sí sería el punto final.