El Gobierno da marcha atrás y no pedirá a los ciudadanos el depósito previo de claves

El Gobierno español abandona definitivamente la idea del depósito obligatorio en un organismo público de las claves criptográficas de ciudadanos y empresas, según ha confirmado a este suplemento el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Mediante una enmienda, se eliminará el artículo 36 del proyecto de ley de telecomunicaciones, que obligaba a los usuarios de comunicaciones cifradas a entregar sus claves a la Administración sin autorización judicial de por medio. Grupos de internautas y la comunidad criptológica criticaban el texto por "ambiguo, retrógado e imposible".

El artículo 36 venía a sustituir al artículo 52 de la Ley General de Telecomunicaciones, que fue aprobada en 1998 y ahora se reforma. Éste obligaba a notificar los algoritmos usados, pero no las claves, dato que se había añadido en la actual revisión. Aunque la mayoría de los algoritmos ya son públicos, algunos vieron en el artículo 52 un camino hacia el depósito gubernamental de claves o key escrow y la fundación Fronteras Electrónicas organizó una exitosa campaña de protesta entre los años 1998 y 1999.

Por aquel entonces, Francia y el Reino Unido presionaban en Europa a favor del key escrow. Pero, aunque ambos países tenían leyes en marcha en este sentido, acabaron abandonando la idea. Francia, en 1999, y el Reino Unido, en su Ley de Comunicaciones Electrónicas de 2000. Un año después, aunque se había debatido en diversos borradores, no aparecía ninguna mención del key escrow en la Convención de Cibercrimen de la Unión Europea. En España, el artículo 52 nunca llegó a aplicarse.