El Gobierno paraguayo acusa al ex golpista Oviedo de las protestas
Dos personas mueren y al menos 50 resultan heridas durante las manifestaciones
El Gobierno paraguayo acusó ayer al general retirado Lino Oviedo de dirigir las protestas que convulsionaron el lunes a Paraguay y que se saldaron con dos muertos, decenas de heridos y la declaración del estado de excepción por parte del Gobierno. Miles de manifestantes volvieron a organizar ayer protestas sincronizadas en las principales rutas del país y en la capital frente al Congreso, para pedir la renuncia del presidente, Luis Ángel González Macchi.
El estado de excepción de cinco días decretado por el Gobierno deberá ser confirmado por el Congreso, que hoy verá si da el visto buen...
El Gobierno paraguayo acusó ayer al general retirado Lino Oviedo de dirigir las protestas que convulsionaron el lunes a Paraguay y que se saldaron con dos muertos, decenas de heridos y la declaración del estado de excepción por parte del Gobierno. Miles de manifestantes volvieron a organizar ayer protestas sincronizadas en las principales rutas del país y en la capital frente al Congreso, para pedir la renuncia del presidente, Luis Ángel González Macchi.
El estado de excepción de cinco días decretado por el Gobierno deberá ser confirmado por el Congreso, que hoy verá si da el visto bueno para que continúen las medidas de emergencia, entre ellas la detención de personas sin una orden judicial. El Gobierno sostiene que las últimas expresiones de descontento fueron organizadas por la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), agrupación política que responde al general Lino Oviedo, exiliado en el Brasil.
'Se va a insistir y se van a aportar pruebas de la participación o dirección personal que ha ejercido en estos hechos', afirmó el secretario general de la Presidencia de Paraguay, Jaime Bestard, quien aseguró que el Gobierno paraguayo aportará al brasileño pruebas que incriminan al ex general golpista, quien debe cumplir una sentencia de diez años de cárcel en Paraguay.
Las protestas de ayer volvieron a ser duramente reprimidas por la policía, que disparó pelotas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes. En Alto Paraná, bastión del oviedismo, el lunes dos personas murieron y varios policías resultaron heridos. Los manifestantes tomaron la ciudad, rompieron vidrieras y saquearon tiendas. En Encarnación, al sur del país, unas 500 personas ocuparon el puente que comunica Paraguay con Argentina. En total hubo más de 200 detenidos y al menos 50 heridos de gravedad.
Las manifestaciones recibieron el apoyo del vicepresidente liberal, Julio César Franco, quien hace dos años llegó al cargo con el voto oviedista y primero en la línea de sucesión presidencial. Según el presidente del Senado, Juan Carlos Galaverna, del sector oficialista del Partido Colorado, la estrategia de Oviedo sería colocar a Franco en el sillón presidencial para lograr una eventual amnistía y presentarse como candidato en las elecciones generales de abril o mayo del año próximo.
Hasta el momento ningún sector ha reconocido su responsabilidad en la organización de las protestas, aunque el sector de Oviedo venía anunciando grandes movilizaciones populares desde hacía semanas y muchos de sus dirigentes figuran en la lista de detenidos. Muchos paraguayos opinan que el presidente carece de legitimidad al no haber sido elegido por voto popular hace tres años, sino por decisión de la Corte Suprema de Justicia tras la renuncia del ex presidente Carlos Cubas, socio político del general Lino Oviedo en 1989.
El país se encuentra al borde del colapso. Los ingresos fiscales no alcanzan para pagar los salarios. El desempleo supera el 16%, según cifras oficiales, y el 70% son pobres. Los hospitales están desabastecidos y muchos de los maestros trabajan sin cobrar y dan clases al aire libre. La corrupción en esferas del Gobierno también ha contribuido a su debilitamiento. En los últimos meses, una auditoría realizada en el Ministerio de Hacienda descubrió una red interna para el robo de las recaudaciones. En cinco años habrían desaparecido al menos 30 millones de dólares. El propio Macchi es acusado por la justicia del desvío de 16 millones de dólares de bancos intervenidos por el Estado y de utilizar un coche robado para uso oficial. La reciente crisis financiera reveló que varias personas vinculadas al Gobierno, incluida la primera dama, tenían millonarios depósitos en dólares en las Islas Caimán.