Un grupo de vecinos abuchea al alcalde de Castellón en el pleno que aprueba una polémica urbanización

En medio del abucheo de unos 200 vecinos, el alcalde y el concejal de Urbanismo de Castellón, José Luis Gimeno y Alberto Fabra, respectivamente, votaron ayer junto con los otros 14 concejales del equipo de gobierno popular del Ayuntamiento de Castellón a favor de la adjudicación a Vistamar, del grupo GyC, de la urbanización de 60.000 metros cuadrados ubicados en la zona suroeste de la ciudad. En un área colindante tienen intereses tanto el concejal de Urbanismo como el alcalde de la ciudad, además de tener conexiones con la empresa urbanizadora donde trabaja un hijo de Gimeno. Pese a ello, los dos miembros de la Corporación participaron en la votación. En su entrecortada intervención, durante la que el alcalde 'amenazó' con desalojar el salón de plenos, Fabra justificó su decisión en los informes técnicos que señalan la propuesta de Vistamar como la mejor.

La votación se efectuó durante el pleno más polémico de la legislatura, al que asistieron cerca de dos centenares de vecinos que interrumpieron, con gritos, pitos y abucheos, las intervenciones del concejal de Urbanismo, Alberto Fabra. Tanto el grupo socialista como el portavoz del Bloc solicitaron al PP que cejara en su 'tenacidad' para aprobar la adjudicación y reclamaron un nuevo proceso. Sin embargo, el PP llevó adelante una adjudicación que, según asegura la oposición, 'acabará en los tribunales'. La oferta aprobada se presentó fuera del plazo establecido y, pese a ello, se admitió por un informe externo que defendía su legalidad. Antoni Porcar (Bloc) expresó su discrepancia con el modelo de urbanismo del PP y se mostró a favor de conservar las características edificaciones y jardines que se encuentran en la zona afectada y que, en algunos casos, desaparecerán. A este argumento añadió que, además, 'existe la duda de la legalidad' y señaló que 'da la impresión de que el pastel del urbanismo se lo comen entre dos empresas, y el Ayuntamiento debería participar más en el modelo de ciudad', dijo Porcar. Por su parte, Miguel Alcalde (PSPV) expuso la duda de los vecinos sobre la posible existencia de información privilegiada otorgada a la empresa, ya que adecuó sus propuestas a modelos urbanísticos que no habían sido aprobados definitivamente o ni siquiera publicados.