La herencia maldita del uranio en Andújar

El caso de Electroquímica Andaluza es muy similar al de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA). Las dos utilizaban materiales contaminantes en sus instalaciones y en los dos casos los ex empleados achacan sus deteriorados estados de salud a su actividad profesional. En Andújar los controles externos han sido más severos por tratarse de un centro nuclear y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) llevó a cabo un severo plan de vigilancia medioambiental para clausurar las instalaciones de la Fábrica de Uranio de Andújar, cerrada desde 1981. En Jódar, la fábrica de Electroquímica se ma...

El caso de Electroquímica Andaluza es muy similar al de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA). Las dos utilizaban materiales contaminantes en sus instalaciones y en los dos casos los ex empleados achacan sus deteriorados estados de salud a su actividad profesional. En Andújar los controles externos han sido más severos por tratarse de un centro nuclear y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) llevó a cabo un severo plan de vigilancia medioambiental para clausurar las instalaciones de la Fábrica de Uranio de Andújar, cerrada desde 1981. En Jódar, la fábrica de Electroquímica se mantienen abandonada.En la actualidad, sobreviven 76 ex trabajadores de la Fábrica de Uranio, que tuvo una plantilla de unas 140 personas; 22 murieron a temprana edad a causa del cáncer. Los ex empleados de Andújar constituyeron una asociacion de afectados e iniciaron el mismo camino que ahora recorren sus colegas de Jódar; sin embargo, sus logros han sido hasta ahora mucho menores. No han conseguido indemnización alguna, sólo se les reconoce enfermedad común, no profesional, y sus intentos para que especialistas en medicina nuclear relacionen sus males con los efectos de la exposición al uranio no han dado sus frutos.

La juez que instruye el caso ya ha avisado de que si no hay nuevos informes médicos será difícil imputar delito alguno. Los ex trabajadores quieren que Enresa cargue con las culpas, pero ésta no se considera responsable de su situación. La empresa pública no se constituyó hasta 1984, tres años después del cierre de la fábrica y en los trabajos de clausura de la instalación nunca intervino directamente personal perteneciente a la antigua plantilla. Los abogados de los ex trabajadores replican que Enresa heredó las instalaciones de la antigua Junta de Energía Nuclear, ya extinta.

La juez accedió a abrir diligencias tras la presentación de un informe médico, firmado por el facultativo Diego Martínez Concha, del hospital Reina Sofía de Córdoba; en él se especifica que existe "un alto grado de sospecha" sobre la influencia de las emisiones radiactivas en la producción de tumores y afecciones detectadas en el colectivo. Este dictamen se basaba en exploraciones previas y el programa de seguimiento, según los trabajadores, se ha paralizado sin explicaciones. Hace unos días, ellos también consiguieron, tras una sucesión de críticas públicas, el compromiso de la Consejería de Salud para analizar su situación.

Los ex trabajadores, que reclaman al Ministerio de Trabajo una pensión extraordinaria para las viudas de los afectados, han aportado como pruebas algunas fichas con datos sorprendentes: según un análisis de orina de 1964, un empleado tenía 116,40 microgramos de uranio por litro. El límite de seguridad estaba en 0,8 microgramos por litro.