El salvoconducto del punto final

El capitán de corbeta argentino Miguel Ángel Cavallo, detenido en Cancún, sabe que en ningún país puede sentirse más seguro que en Argentina, donde le amparan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aprobadas tras las fuertes presiones militares contra el Gobierno de Raúl Alfonsín. Esta legislación fue un salvoconducto para todos los uniformados comprometidos en violaciones de derechos humanos durante la dictadura de 1976 a 1983.A última hora de ayer, el Gobierno argentino guardaba silencio sobre el caso del antiguo oficial de la Escuela Mecánica de la Armada Argentina (ESMA) detenido en...

El capitán de corbeta argentino Miguel Ángel Cavallo, detenido en Cancún, sabe que en ningún país puede sentirse más seguro que en Argentina, donde le amparan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aprobadas tras las fuertes presiones militares contra el Gobierno de Raúl Alfonsín. Esta legislación fue un salvoconducto para todos los uniformados comprometidos en violaciones de derechos humanos durante la dictadura de 1976 a 1983.A última hora de ayer, el Gobierno argentino guardaba silencio sobre el caso del antiguo oficial de la Escuela Mecánica de la Armada Argentina (ESMA) detenido en México a la espera de que "estén claros los motivos de su detención y su verdadera identidad", según indicaron fuentes del Ministerio de Exteriores.Hasta la fecha, las autoridades argentinas se han negado a colaborar con la justicia española en todos sus intentos de actuar contra oficiales de la dictadura. Con estilos distintos, tanto el Gobierno del peronista Carlos Menem como el del radical Fernando de la Rúa han dado la negativa por respuesta a las reclamaciones del juez Baltasar Garzón.

En el interregno entre las últimas elecciones y la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Alianza, llegó a Buenos Aires la orden internacional de Garzón de busca y captura contra 98 militares argentinos de la dictadura -entre ellos, los jefes de las juntas militares de ésta, Videla, Massera y Galtieri- por delitos de genocidio, terrorismo y tortura.

La primera reacción de los dirigentes de la Alianza fue advirtir que el nuevo Gobierno no interferiría en la acción judicial. Pocos meses después, el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, puntualizaba que en Argentina rige la ley del país e interpretó que España quería aplicar su normativa en Argentina. Mientras tanto, el juez Gustavo Literas aducía defectos de forma en la petición de extradición de Garzón y los juristas de la Cancillería apoyaron dicha postura.

En junio, Garzón reiteró la petición de detención de los militares y planteó a la justicia argentina si iba a colaborar o a seguir los pasos de Menem. El ministro Gil Lavedra había reconocido que la Cancillería argentina retuvo documentación enviada por Garzón.

Los ex dictadores argentinos no pueden salir del país, pero, con algunas excepciones, se mueven a sus anchas. En una entrevista con EL PAIS, el constitucionalista Rafael Bielsa resumió la situación en estos términos: "Cuanto más libres sean los individuos que reclama Garzón, menos libre será el Estado de Derecho argentino".