El sindicato del gasto y la sanidad pública. JOAQUÍN ESTEFANÍA

El presidente del Gobierno, José María Aznar, no se cansa de declarar que su prioridad económica es conseguir el equilibrio presupuestario. Lo dijo en la asamblea anual de la patronal y lo repite ante cuantos interlocutores quieren escucharle. En el segundo renglón de su agenda figuran, con escaso grado de concreción por ahora, la liberalización y las privatizaciones; la reforma laboral, que se sustancia en reducciones de la temporalidad y aumentos de la flexibilidad de la movilidad geográfica y funcional (y dos piezas añadidas: una menor siniestralidad laboral y el tratamiento de los extranje...

El presidente del Gobierno, José María Aznar, no se cansa de declarar que su prioridad económica es conseguir el equilibrio presupuestario. Lo dijo en la asamblea anual de la patronal y lo repite ante cuantos interlocutores quieren escucharle. En el segundo renglón de su agenda figuran, con escaso grado de concreción por ahora, la liberalización y las privatizaciones; la reforma laboral, que se sustancia en reducciones de la temporalidad y aumentos de la flexibilidad de la movilidad geográfica y funcional (y dos piezas añadidas: una menor siniestralidad laboral y el tratamiento de los extranjeros como solución al necesario aumento de la tasa de actividad), y una nueva reducción adicional de los impuestos directos.Pero una cosa es la agenda de la política y otra los problemas que surgen a borbotones en cada momento. Esta disonancia ha estallado con la reaparición de distintos asuntos relacionados en el bienestar de los ciudadanos: las listas de espera en la sanidad pública, con el resultado de algunos ciudadanos muertos en el ínterin de su operación, o un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la educación en el que se afirma que el gasto público español en universidad no llega a la media de los países desarrollados. Cuando la macroeconomía va bien (fuerte crecimiento, reducción del paro) es cuando surgen con mayor fuerza los sindicatos del gasto. Éstos emergen no sólo entre los ciudadanos, que quieren ser recompensados por la pasada austeridad y que exigen sus derechos sociales (sanidad, pensiones, educación, desempleo), ni en los partidos de la oposición, sino en el seno de los propios Gobiernos. Es en los años de bonanza cuando los ministros de Hacienda se sienten más solos frente al resto del Gabinete, que presiona para gastar y ejercer mejor su función política.

El mensaje unidireccional de Aznar sobre la prioridad del equilibrio presupuestario es, sobre todo, una manifestación pública de apoyo a Rodrigo Rato ante hipotéticas veleidades procíclicas de los ministros del gasto, o ante las demandas de los distintos sectores sociales (entre ellos, la patronal). La contradicción política surge de la necesidad de hacer compatible el equilibrio presupuestario, la rebaja de impuestos y las demandas de crecimiento del gasto público, difícil de mantener aunque se trate de hacer en coyunturas holgadas como la actual: esta semana se conoció que las cuentas del Estado obtuvieron un superávit de más de un billón de pesetas en el primer cuatrimestre del año. ¿Cómo explicar a los ciudadanos los agujeros en el funcionamiento de la Seguridad Social y a los profesionales de la sanidad que denuncian recortes presupuestarios en la misma y que no se cubren las vacantes ni las bajas de personal que se producen si al mismo tiempo se ingresa más dinero que el que se gasta?

La Comisión Europea ha advertido de esta situación, que no solamente se da en España, sino en la mayor parte de los países europeos. Además, en algunos de estos últimos hay una sensación de nueva riqueza producida por los beneficios imprevistos de la subasta de la tercera generación de teléfonos móviles, que está suponiendo ingresos billonarios. ¿Se ha acabado la crisis fiscal del Estado que puso en dificultades ideológicas al Estado del bienestar? La Comisión opina que no se pueden introducir programas que generen gastos permanentes basándose en unos beneficios por ingresos excepcionales de un solo año. El comisario de Asuntos Económicos y Financieros, el español Pedro Solbes, intenta convencer a los Gobiernos europeos para que no anuncien recortes de impuestos insostenibles sin que reduzcan el gasto público al mismo tiempo. Pero ¿cómo pueden hacer esto último en tiempos de bonanza sin contravenir la opinión de los ciudadanos que les votan? Contradicción política, no económica.