El Poder Judicial admite el "enorme déficit" de los jueces en las lenguas cooficiales
El Consejo General del Poder Judicial admite que en la Administración de Justicia se produce un "enorme déficit" del conocimiento de las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas. En un informe de la Comisión de Seguimiento del Libro Blanco de la Justicia, que deberá ser aprobado por el pleno, este órgano añade que, para abordar este problema, la solución "más acorde" con la Constitución es "la realización de planes de normalización lingüística y del progresivo establecimiento de su preceptivo conocimiento". En el documento se recuerda que el Tribunal Constitucional ha establecido que una lengua es oficial cuando los poderes públicos "la utilizan o la colocan en una situación de ser instrumento, medio normal de comunicación en y entre los poderes públicos, y entre éstos y los particulares, con plena validez". Y también que esto "obliga a todos los poderes públicos, también el Judicial". El informe agrega que el derecho a elegir la lengua que se quiere utilizar ante el poder público, si bien su ejercicio debe ser progresivo, "no se puede llevar hasta el infinito".
Por ello sostiene que para el progresivo establecimiento de las lenguas cooficiales como de uso común en los tribunales conviene reformar los artículos 231, 341 y 373 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estas reformas impondrían, entre otras cosas, que el conocimiento de las lenguas cooficiales se tomase en cuenta para acceder a determinados cargos, como las presidencias de los tribunales.
La aprobación de este informe ha dividido a los siete vocales de la comisión, aunque salió adelante con cuatro votos, tres de los vocales nombrados a propuesta de PNV y CiU, y uno del PSOE.
